Noticias
Foto: AVN
El 27 de febrero de 2004, la derecha venezolana en su afán por derrocar al presidente Hugo Chávez atizó la violencia y el terrorismo en el país mediante el empleo de una nueva forma de desestabilización: las guarimbas.
Ese mecanismo consiste en atentar, de manera violenta y sistemática, contra la paz pública; al mismo tiempo, se busca tildar de represiva la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado ante esas acciones vandálicas, para perjudicar al Gobierno Bolivariano y propiciar una intervención extranjera.
Para generar ese escenario, sectores de derecha llamaron a marchar aquel 27 de febrero hasta el Teatro Teresa Carreño, donde se celebraba la cumbre presidencial del Grupo de los Quince, para desconocer la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de llevar a reparo las firmas dudosas que acompañaron la petición de Referendo Revocatorio.
En las cercanías del teatro, los organismos de seguridad tuvieron que dispersar a los grupos que se presentaron en el lugar por su actitud hostil, reflejada en delitos como el ataque a la sede del Movimiento V República (MVR), ubicada en Maripérez.
Horas más tarde, el foco de violencia se trasladó al este de la capital, donde se registró el cierre de calles con escombros, cauchos quemados y otros obstáculos, para atentar contra el libre tránsito de los ciudadanos y generar zozobra en la población. Dichas acciones se reprodujeron en algunos municipios del país hasta el 2 de marzo.
Estos actos violentos, que dejaron un saldo de nueve venezolanos fallecidos, fueron promovidos por el Robert Alonso, proveniente de sectores de la derecha radicada en Miami, con el apoyo de dirigentes como el entonces alcalde de Chacao, Leopoldo López.
10 años después, López hizo un nuevo llamado a la violencia y las guarimbas con «La Salida», plan que apeló a una marcha al Ministerio Público, en el centro de Caracas, para desatar una espiral de violencia que dejó el saldo de 43 personas asesinadas, más de 800 heridos y daños materiales a espacios públicos y privados.
AVN