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Foto: Cortesía de Telesur
Son siete las preguntas que deberán responder este domingo 4 de febrero los ecuatorianos en la Consulta Popular convocada por el presidente Lenín Moreno, un referéndum que propone cambios en la Constitución e impediría al ex mandatario Rafael Correa, promotor de la Revolución Ciudadana, postularse para volver a la presidencia en el 2021.
Correa, quien interrumpió su estadía en Bélgica y se desplegó por todo el territorio para promover una campaña a favor del No, ha tachado la propuesta de Moreno como inconstitucional y apegada al programa de gobierno de la derecha ecuatoriana.
El propio Correa y otros sectores de la sociedad han alertado que la consulta ha estado viciada de irregularidades dado que Moreno no esperó el aval de la Corte Constitucional y convocó el referéndum directamente.
Si bien la consulta contempla siete preguntas, son tres de ellas las que golpean el legado de la Revolución Ciudadana y los logros alcanzados en la última década, advierten analistas.
Por ejemplo, la segunda pregunta propone enmendar la Carta Magna para eliminar la reelección indefinida a fin de que los funcionarios puedan ser elegidos una sola vez.
Esta interrogante contiene un anexo 2 que indica en su disposición general segunda que: «las autoridades de elección popular que ya hubiesen sido reelegidas desde la entrada en vigor de la Constitución de Montecristi no podrán postularse para el mismo cargo», cita el diario ecuatoriano Los Andes.
De esta forma Correa quedaría fuera de un posible regreso al poder.
Correa califica la intención de derogar la reelección indefinida como una «regresión de derechos» y señala que «la Constitución establece que si ese es el caso, el camino es la Asamblea Constituyente», dijo el pasado 29 de enero en su Twitter.
Los otros dos puntos neurálgicos tienen que ver con la derogación de la Ley de Plusvalía, que le costó a Correa una serie de protestas en 2016; y la reestruturación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que busca dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y nombrar uno transitorio.
«La pregunta 6 respecto a la Ley de Plusvalía es claro que busca eliminarse en beneficio de los grandes especuladores y de los nuevos amigos de Moreno», indicó Correa en Twitter el pasado 30 de enero.
Sobre la tercera pregunta, el líder de la Revolución Ciudadana asegura que el gobierno de Moreno se apoderaría de todo el Estado cooptando durante un año el Consejo Participación Ciudadana que está encargado de designar todas las autoridades del Estado no elegidas en las urnas (fiscal, contralor, procurador, entre otros).
Moreno por su parte, se escuda en asegurar que el Consejo de Participación Ciudadana no se integrará «con amigos del presidente», sino que contará con personas «probas» que dirijan el organismo por un año, hasta que sus integrantes sean elegidos por voto popular.
Las otras cuatro preguntas tienen que ver con sancionar a los condenados por corrupción con inhabilitación política y la pérdida de sus bienes; el no permitir la prescripción de los delitos sexuales contra niños y adolescentes; la prohibición de la minería metálica en áreas protegidas; y la reducción del área de explotación petrolera del Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectárea.
Son 13.026.596 de ecuatorianos los que deberán decidir con su voto este domingo 4 de febrero si dicen sí o no a las preguntas de la Consulta Popular.
AVN