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La presidenta del Consejo Legislativo del estado Zulia (Clez), Magdely Valbuena resaltó este lunes que la inhabilitación del ex gobernador del estado Zulia, Pablo Pérez, se realizó basada en las averiguaciones sobre el manejo indebido del erario público durante su gestión (2008-2012).
Acompañada por los legisladores de las fracciones parlamentarias del Partido socialista Unido de Venezuela (Psuv), del Movimiento Electoral del Pueblo (Mep), del Partido Comunista (PC) y de la representación indígena, consideró ajustada la respuesta por parte de la Contraloría General de la República a las denuncias presentadas en mayo de 2013 por su Despacho y por el ex secretario de Gobierno, Blagdimir Labrador, que implican al ex mandatario regional de malversación de fondos.
La inhabilitación que recayó sobre Pérez fue establecida por la Contraloría General de la República y no le permite ejercer funciones públicas durante 10 años.
«Nos parece positivo que luego de las denuncias presentadas contra el ex gobernador Pablo Pérez, hoy se estén tomando las primeras acciones, creemos que el procedimiento debe continuar, pues las denuncias consignadas merecen tomar responsabilidades políticas, penales y administrativas por los graves hechos cometidos con los recursos del pueblo zuliano en su periodo de gobierno», resaltó Valbuena.
Tras conocerse la inhabilitación de Pérez, la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) salió al paso exponiendo que la medida era una retaliación política, a lo cual Valbuena recordó la serie de irregularidades cometidas en la gestión de Pérez, militante de Un Nuevo Tiempo.
Entre las irregularidades destaca el pago, desde el 31 de enero hasta el 12 de diciembre de 2012, de 50.049.750 bolívares dirigidos a 63.567 personas que no pertenecían a la nómina del gobierno zuliano y el otorgamiento de las becas estudiantiles Jesús Enrique Lossada, sin cumplir con los requisitos y de las cuales fueron entregadas 17.076 en 2012, comprometiendo recursos no asignados para este programa.
También se denunciaron pagos recurrentes para la realización de obras de rehabilitación del Parque La Marina, construcción del distribuidor Patrulleros, ubicado en la Circunvalación 3 y obras educativas, sin existir evidencias físicas de intervención de los mismos.
Según comunicación escrita de la Contraloría General de la República, mediante resolución Número 01-00-000181, de fecha 3 de junio de este año, la decisión fue tomada el 20 de enero de 2015.
Señala el documento que la inhabilitación se debe a la violación del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control Fiscal.
AVN