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Foto: Referencial
Con el objetivo de desarticular el tejido social del país para derrocar la Revolución Bolivariana, la ultraderecha se ha vinculado con grupos paramilitares –a quienes les han encomendado ejercer la violencia para obtener el poder– tras sus fracasos por la vía electoral.
En 2012 el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, reveló que en algún momento generales y políticos solicitaron al comandante político del paramilitarismo colombiano, Carlos Castaño, la conformación de un bloque paramilitar en Venezuela.
Los parapolíticos de la derecha tienen como aliados a los expresidentes colombianos Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, señalados por la justicia de ese país como promotores de los ejércitos paramilitares.
Estos se han vinculado con dirigentes de la oposición como Leopoldo López, Henrique Capriles, María Corina Machado, Fredy Guevara, Loren Saleh, Richard Blanco, Carlos Trejo, José Pérez Venta, entre otros.
Caso Daktari
Los efectivos paramilitares han sido utilizados con fines políticos en varias oportunidades. La madrugada del 9 de mayo de 2004 fue frustrada la Operación Daktari, la cual tenía como principal objetivo asesinar al Comandante Hugo Chávez.
En el plan un contingente de 153 paramilitares –algunos pertenecientes a la reserva militar colombiana y otros a grupos de Autodefensa– actuarían en el magnicidio que se venía orquestando desde 2003, reseñó AVN.
El campamento tuvo lugar en la finca Daktari, propiedad de Robert Alonso, dirigente anticastrista y fascista cubano-venezolano que se fugó del país con destino a Miami.
La primera fase del plan, que se ejecutaría el 25 de abril de 2005 y que pretendía bombardear una zona de Maracaibo donde Chávez tenía pautado transmitir su programa Aló Presidente, fue frustrado por la inteligencia venezolana.
La segunda fase pautada para el 12 de mayo contemplaba que un grupo élite asesinaría al Comandante durante una cena en La Casona, otros irregulares asaltarían el Palacio de Miraflores y un conjunto irrumpiría en los depósitos de armas del Comando Regional Nº 5 de la Guardia Nacional y la base aérea de La Carlota. Además se estipulaba que un oficial de la Aviación secuestraría una aeronave para bombardear la sede de Gobierno.
En este plan criminal se involucró Pedro Carmona Estanga, golpista que usurpó el poder en Miraflores durante el breve golpe de Estado contra Chávez, perpetrado en abril de 2002. Asimimismo el expresidente de Colombia, Uribe Vélez estaba al tanto de esa operación irregular, así lo confirmó el exdirector de informática del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia, Rafael García.
Entre los acusados de financiar a esos grupos estaba el exsecretario general de Acción Democrática (AD), Rafael Marín, quien presidía la Asociación Civil Ciudadano Común. El empresario Gustavo Zingg Machado fue señalado por brindarles recursos a los paramilitares y haber participado en las reuniones donde se planificaba el atentado.
Asesinatos a políticos
La derecha también ha sido capaz de aplicar el sicariato de menor a mayor escala en los últimos tiempos, casos como el golpe de Estado de 2002 con 19 muertos, el llamado a “La Arrechera” en 2013 con 11 muertes, así como las guarimbas de 2014 que provocó 43 muertes.
Además han ocurrido asesinatos a dirigentes, políticos y partidarios del Gobierno Nacional, que de acuerdo con las investigaciones del Estado venezolano las pesquisas han arrojado vínculos con el paramilitarismo.
El ministro para la Defensa Vladimir Padrino López aseguró el pasado 4 de mayo que el paramilitarismo “siempre es con propósitos políticos” y denunció que “ya no solo está en la frontera, sino que han venido organizándose en bandas estructuradas, armadas y alimentadas por el narcotráfico y el tráfico de armas”.
Ciudad CCS