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9.Dic.2017 / 01:52 pm / Haga un comentario

Foto: Ciudad CCS

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A partir de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), en agosto, la Revolución Bolivariana pisó el acelerador en el combate contra el flagelo de la corrupción, uno de los principales compromisos del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

A esta lucha emprendida por el Ejecutivo, conjuntamente con la ANC, se han sumado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y especialmente el Ministerio Público (MP), luego de que Tarek William Saab fuera designado por la Constituyente, en sustitución de Luisa Ortega Díaz, como nuevo fiscal general de la República.

El compromiso del Fiscal 

Luego de ser investido para tan alto cargo, el nuevo fiscal denunció que esa institución se había convertido en uno de los principales aliados de la corrupción gracias a las actuaciones y omisiones de su predecesora, Luisa Ortega Díaz, por lo que se propuso hacer de inmediato una limpieza en ese ente.

Las acciones de Saab hicieron honor al refrán que dice “la Ley entra por casa”, pues ordenó una investigación en el propio MP para determinar, en primer término, el grado de burocratismo, además de confirmar las denuncias que señalaban la presencia de una red de extorsión interna, que actuaba con la anuencia de Ortega Díaz, dedicada a transar en dólares la liberación de imputados, así como también la decisión de casos o el sobreseimiento de causas.

Citó por ejemplo que su antecesora guardaba relación con el bufete de abogados Parra Saluzzo & Asociados, que fue “contratado para los casos más escandalosos de los últimos tiempos vinculados a delitos de corrupción”; entre ellos la Faja Petrolífera del Orinoco y el caso de Odebrecht.

Manifestó que el dueño del mencionado bufete se encuentra privado de libertad y está en la obligación legal de colaborar con el sistema de justicia, para revelar el entramado de extorsión que estaba instalado dentro del MP.

Casos Cadivi y Cencoex

Una de las investigaciones preliminares del Ministerio Público fue la correspondiente al otorgamiento de divisas de manera ilegal a través de Cadivi y Cencoex.

Estas investigaciones habían comenzado en 2014, no obstante, el propio Fiscal denunció que las mismas fueron paralizadas por la anterior gestión y retomadas en agosto de este año.

Estos procedimientos corresponden a las investigaciones inconclusas relacionadas con el denominado “Fraude Cadivi-Cencoex”, que comenzaron en julio de 2014 a solicitud del Ejecutivo, con la convocatoria pública hecha a más de mil empresas para verificar el uso correcto de las divisas otorgadas por el Estado, de las cuales 230 no acudieron.

“En tres años el antiguo Ministerio Público no hizo absolutamente nada. Encubrió a estos empresarios delincuentes y los ilícitos terribles que aquí ocurrieron”, comento el Fiscal sobre el tema.

Hasta ahora, el MP investiga a 32 empresas por presuntas irregularidades en la asignación de divisas a través de las instituciones Cadivi y Cencoex, de las cuales 26 son compañías fantasmas.
Por estos casos se han realizado nueve allanamientos, hay nueve privados de libertad y 22 órdenes de aprehensión por ejecutar.

Saab refirió acerca de este caso que se constató que la empresa Corporacion Bates Hill, C.A., que importaba químicos para la elaboración de placas funerarias y para disolver material ferroso, hizo sobrefacturaciones de entre 14 mil y 130 mil por cienti, lo que se corresponde con un desfalco de 15,56 millones de dólares entre el 2011 y 2014.

Por el caso, se allanaron cuatro establecimientos y se detuvo a Juan Miguel Lozano Espinosa y Andrés Daniel Lozano Espinosa, quienes fueron apresados cuando intentaban huir hacia Aruba en un vuelo privado.

Las investigaciones sobre uso irregular de divisas también arrojaron como resultado la orden de captura solicitada por las autoridades venezolanas a Interpol a Walter Eduardo Jaramillo Rivas, quien hizo sobrefacturaciones por casi 9 millones de dólares entre 2008 y 2011, a través de la empresa de maletín Magma Mineral Group.

Igualmente fue solicitada al cuerpo policial la detención de Ely Saúl Tejada, José Rosales, Laura Muñoz, Paolo Ganeza e Isabel Oporta, quienes robaron a la nación 28 millones de dólares entre 2005 y 2013 a través de la empresa Cooperativa Forteza da brazo RL.

El alto funcionario explicó que, en la primera fase de la investigación que realiza el Ministerio Publico, se detectaron al menos 41 mil contratos por parte del exdirector de la Faja Petrolífera del Orinoco, Pedro León, por la cantidad de 35 mil millones de dólares.

“Nosotros auditando apenas diez contratos –de los 41 mil– captamos que había un sobreprecio de un 200% en esas contrataciones, con un daño patrimonial al Estado por un monto de 200 millones de dólares”, explicó.

Limpieza den Pdvsa

El presidente de la República, Nicolás Maduro, ha reiterado la orden de “hacer una limpieza” en Petróleos de Venezuela, en la que pidió la colaboración directa de sus trabajadores para mejorar el funcionamiento de la mayor empresa del país.

A raíz de esta petición del jefe de Estado, comenzó un proceso de profundas investigaciones que dieron como resultado más relevante, en primer término, la aprehensión del presidente de la filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos, Citgo, José Ángel Pereira Ruimwyk, junto a otros cinco altos ejecutivos, por los presuntos delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario público con contratista, legitimación de capitales y asociación.

La historia no paró ahí, pues el jueves 30 de noviembre, en horas de la madrugada, fueron detenidos Eulogio Del Pino y Nelson Martínez, expresidentes de Pdvsa.

Del Pino está presuntamente implicado en el caso de corrupción de la empresa mixta Petrozamora, que dejó un daño patrimonial de más de 500 millones de dólares, así como en la alteración intencional de cifras fiscalizadas de producción de crudo entre el año 2014 al 2017.
Entre tanto, Martínez enfrenta acusaciones por avalar la firma del contrato de refinanciamiento de deuda con la empresa Citgo Petroleum Corporation, sin haberlo notificado y recibir el correspondiente aval del Ejecutivo Nacional.

El Fiscal explicó al respecto que en la firma de refinanciamiento de Citgo “se ofrecía como garantía a la propia filial, comprometiendo de una manera severa el patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela”.

Igualmente, la actuación del MP ha permitido la detención de más de 30 gerentes y altos funcionarios de filiales como CVP, PetroZamora, Pdvsa-Occidente y PetroPiar.

Investigación del caso Andorra

El viernes 1° de diciembre en horas de la noche fue aprehendido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) Diego Salazar Carreño por su presunta vinculación con la trama de corrupción de la Banca Privada de Andorra, específicamente blanqueo de capitales entre 2011 y 2012, por la suma de 1mil 347 millones 339 mil 972 euros.

En el marco de esta investigación, el Gobierno venezolano ha solicitado a España la extradición del exministro de Energía Eléctrica, Nervis Villalobos, por su presunta vinculación con este hecho.

Actuación del TSJ también fue determinante

En el marco de la lucha anticorrupción la actuación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha cobrado vital importancia, en especial la decisión de suspender de su cargo el pasado mes de agosto a la entonces fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. La Sala Plena del máximo juzgado del país, presidida por el magistrado Maikel Moreno, declaró con lugar la solicitud de antejuicio de mérito interpuesta por Pedro Carreño, actuando en su condición de diputado a la Asamblea Nacional, por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 279 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La sentencia, con ponencia de la magistrada Marjorie Calderón Guerrero, decretó la suspensión de la mencionada ciudadana como titular del cargo y su inhabilitación para el ejercicio de cualquier función pública, de conformidad con el artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP). La decisión que en ese momento tomó el TSJ también estableció a prohibición de salida del país de Luisa Ortega Díaz, así como la prohibición de enajenar y gravar todos sus bienes, y el congelamiento de sus cuentas bancarias.

 Ciudad CCS

 

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