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A punto de cumplirse un año del inicio de las protestas populares que durante meses conmocionaron a Chile, la Fiscalía contabiliza hoy ocho mil 575 víctimas de violaciones de derechos humanos a manos de fuerzas policiales.
Así lo informó la directora de la Unidad de Derechos Humanos de ese órgano, Ymay Ortiz, al intervenir la víspera ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y detalló que solo hay 919 imputados conocidos y 63 efectivos policiales formalizados, en 29 causas, en todos los casos con medidas cautelares impuestas.
Tal diferencia no pasó inadvertida a los legisladores, a lo cual Ortiz explicó que han debido determinar primero si realmente hay violaciones de derechos humanos en las causas, y que posiblemente en las próximas semanas aumente la cantidad de acusados.
En tanto, el general Gonzalo del Alcázar, director de Contraloría de Carabineros, informó a la comisión que realizaron hasta la fecha mil 270 investigaciones internas, que resultaron con cargos contra 170 unifornados, de los cuales 16 fueron dados de baja y 135 recibieron medidas como arrestos, regaños o amonestaciones.
El lento avance en las investigaciones de las denuncias contra las fuerzas policiales por reprimir a manifestaciones, ha sido reiteradamente criticado en el país, y recientemente, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), informó haber presentado dos mil 449 causas judiciales por abusos de agentes del Estado en las manifestaciones.
De esas denuncias, 169 corresponden a casos de traumas oculares graves, pero solo se han formalizado las de Gustavo Gatica, Fabiola Campillai y Brandon González, casos que se convirtieron en icónicos de la represión policial contra los manifestantes.
Sergio Micco, director de ese organismo, calificó de lamentable la lentitud en el avance de las investigaciones judiciales, más cuando estas resultan claves para alcanzar la verdad y la justicia, y también son una forma de reparación hacia las víctimas.
El tema de los derechos humanos provocó también recientes roces entre la Contraloría General y Carabineros, porque el ente fiscalizador dispuso un sumario contra siete generales de esa institución, tras recibir 457 denuncias anónimas y de organismos de derechos humanos.
A esos oficiales se les responsabiliza administrativamente por la extrema violencia contra los manifestantes, pero desde el alto mando de Carbineros y el Ministerio del Interior calificaron la actuación de la Contraloría como fuera de sus atribuciones.
Sin embargo, la Contraloría dijo basarse en lo establecido en la Constitución, pero además señaló que el general Mario Rozas, director de Carabineros, sabía desde marzo de esta causa y tenía ‘el deber legal de actuar’, cosa que no hizo oportunamente.
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