La Comisión por la Justicia y la Verdad (CJV) emitió este martes un comunicado para repudiar la postura permisiva y cómplice asumida por la fiscal general Luisa Ortega Díaz, frente a las acciones violentas que se han registrado desde el pasado mes de abril.

Esta comisión fue creada el 27 de febrero de 2013, con el fin de investigar las violaciones de los derechos humanos perpetrados por dirigentes de los gobiernos de Venezuela entre 1958-1988. De acuerdo a las investigaciones hecha por esta instancia, se contabilizaron 10.071 víctimas de las acciones violentas que enmarcaron la política puntofijista.

En el texto, los integrantes de la Comisión mostraron su respaldo a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), instancia que convoca al poder originario a fin de hacer frente a las acciones y agresiones injerencista de la cual es objeto Venezuela.

A continuación el comunicado íntegro:

La Comisión por la Justicia y la Verdad fija posición ante la traición de la Fiscal de la República, Dra. Luisa Ortega Díaz a los principios de la justicia y la verdad.

Quienes suscribimos la presente declaración, en nuestra condición de haber sido miembros principales, suplentes y asesores de la Comisión por la Justicia y la Verdad (CJV), encargada de investigar y determinar los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos por los gobiernos adeco-copeyanos del Pacto de Punto Fijo, exponemos ante el Soberano Pueblo de Venezuela, nuestro rechazo a las recientes posiciones políticas asumidas por la actual Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien fuera presidenta de esta Comisión de Estado, creada mediante decreto Presidencial, el 27 de febrero de 2013, con base en la Ley para sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de Derechos Humanos por razones políticas durante el período 1958-1998. Ante sus inconsecuentes y contradictorias posturas, responsablemente manifestamos:

Lamentamos que quien presidiera esta Comisión por la Justicia y la Verdad, actualmente asuma una postura permisiva y cómplice ante las acciones violentas y terroristas que hoy sufre el pueblo y la República, y que han sido orquestadas por partidos políticos de oposición de reciente y vieja data [como Acción Democrática (AD) y el Comité de Organización Político Electoral Independiente (COPEI)], en contubernio con potencias extranjeras. Y decimos lamentablemente, debido a que parece obviar la histórica postura terrorista, entreguista y antipatria de AD y COPEI, partidos que desde su posición de gobierno durante el período 1958-1998, aplicaron una Política de Terrorismo de Estado, que significó olas represivas, asesinatos, desapariciones, torturas, tratos crueles, y demás violaciones a los derechos humanos que califican como Crímenes de Lesa Humanidad. Sólo en los 16.630 expedientes, de un universo muchísimo mayor, que esta CJV pudo materialmente revisar, se contabilizaron 10.071 víctimas directas, lo cual supone un número de por lo menos 30 mil víctimas indirectas del terrorismo sufrido durante aquellos 40 años en que las clases populares fueron sometidas a la miseria, el hambre, la exclusión y la entrega oprobiosa de los recursos del país a potencias extranjeras, y principalmente al imperio de los Estados Unidos. ¡Es lamentable, pero hoy su memoria se llenó de un oportunista olvido! Y parece olvidar también, que los partidos fascistas y ultraderechistas, Voluntad Popular y Primero Justicia, entre otros, en febrero de 2014, intentaron quemar la sede principal del Ministerio Público, con ella y otros 700 seres humanos allí dentro, tal como han atentado contra cientos de personas, instituciones, bienes públicos, y ecosistemas naturales de la patria.

La Fiscal General de la República no abre las investigaciones correspondientes ante los hechos vandálicos que aterrorizan y angustian al pueblo, y que son impunemente consumados por una oposición que busca sembrar el caos y empujar a la sociedad a una guerra civil. Con tal negligencia se incumple con las funciones legales, éticas y morales, inherentes a su alto cargo público. Es inapelable que toda funcionaria o funcionario público debe garantizar la integridad, soberanía y seguridad de la nación, además de la justicia, la verdad, la felicidad y la paz del pueblo. Todas y todos los ciudadanos somos corresponsables, pero sobre todo, quienes ocupan cualquier cargo público. En defensa de estos principios, nació esta Comisión de la Justicia y la Verdad, por ello denunciamos esta histórica incoherencia.

Cuando la Fiscal Luisa Ortega Díaz afirma que se “rompió el hilo constitucional”, hecho comprobadamente incierto, reniega del Informe Final de esta CJV, pues se coloca al lado de la ofensiva imperialista que se instrumenta mediante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y su títere almagro, a quien facilita la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, y de una pretendida intervención militar a la patria de Bolívar. Esto se llama traición.
La Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, también miente sobre el asesinato del joven de 20 años, Juan Pablo Pernalete Llovera. Público y notorio es el audiovisual donde se verifica con toda claridad la actuación de sus asesinos. También es complaciente con quienes apuñalaron, quemaron vivo y asesinaron al joven de 21 años, Orlando Figuera, caso que la fiscalía descartó como “crimen de odio” a pesar de las denuncias públicas de sus padres Inés Esparragoza y Orlando Figuera, y delos audiovisuales que captan el horrible crimen, cuya difusión ha intentado impedir la fiscalía. Todo esto convierte a la fiscal en aliada de la oligarquía en sus planes desestabilizadores para derrocar al legítimo y constitucional Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y acabar con el proyecto Socialista Bolivariano del Siglo XXI.

Rechazamos, además, que la fiscal pretenda apropiarse del Informe Final que produjo esta CJV, el cual fue posible por el proceso de trabajo de cuantos participamos y encaramos esa histórica misión, producto de años de luchas de organizaciones del Poder Popular que dieron como resultado la promulgación de la Ley para sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de Derechos Humanos por razones políticas durante el periodo 1958-1998, y la consecuente creación de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Entre esas organizaciones están: el “Frente de Familiares y Amigos Desaparecidos, Torturados y asesinados por motivos políticos durante el periodo 1958-1998; las organizaciones sociales Cantaura Vive, Masacre de Liceo Sanz; Fundación Américo Silva; Colectivo Yumare; Fundación Víctor Soto Rojas, Movimiento Punto Cero, Asociación Trino Barrios, Colectivo Bottini Marín, Fundación Capitán de Navío Manuel Ponte Rodríguez, Asociación Bolivariana Contra el Silencio y el Olvido, Movimiento Patriótico Revolucionario Nicolás Hurtado Barrios, Frente Revolucionario Argimiro Gabaldón, Fundación amigos de los años sesenta, Célula Andrés y Ramón Pasquier, entre muchas otras. Tal intento de apropiación delata una actitud oportunista propia del vedetismo arribista pequeñoburgués; y por contrarrevolucionario, nocivo, falso, individualista e injusto lo rechazamos.

Expresamos nuestro pleno respaldo a la Asamblea Nacional Constituyente por la Paz, convocada por el Presidente Nicolás Maduro Moros, para que en tanto Poder Popular, nuestro pueblo, como depositario del poder soberano y constituyente originario, profundice el camino revolucionario de la Patria, en esta difícil hora de agresiones internas y externas. Este debate creador constituyentista está llamado a realizar los cambios necesarios para perfeccionar nuestra Constitución y ajustarla a los nuevos tiempos, para así garantizar la paz, el desarrollo integral y la defensa integral de la patria. Nuestra soberanía está en el camino ético de lucha, justicia, verdad, paz y lealtad, legado por los millones que perecieron durante 300 años de resistencia indígena y afroamericana, por nuestros libertadores liderados por el genio de Simón Bolívar, por los campesinos al mando del General Zamora, por las y los luchadores de los años 60, 70, 80 y 90, víctimas del terrorismo de Estado del puntofijismo y quienes sembraron en la patria las banderas del Socialismo; y por nuestro siempre Presidente Comandante Hugo Chávez Frías, refundador de la patria bajo la insignia del Socialismo Bolivariano del Siglo XXI.

¡VIVA LA PATRIA!

¡VIVA EL HEROICO, LEAL Y SOBERANO PUEBLO DE VENEZUELA!

¡LUCHAR HASTA VENCER!

¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!

¡VIVIREMOS Y VENCEREMOS!

Marelis Pérez Marcano, Elia Oliveros Espinoza, Pura Soto Rojas, Tatiana Gabaldón, Humberto Vargas Medina, Braulio Álvarez, Padre Numa Molina, Raquel Castro, Lídice Navas, Omar Narváez Ache, Claudio Farías, Carlos Alexis Castillos, Edgar Lucena, Brenda Esquivel, Alberto Lovera Álvarez, Cesar Ismael Millán, Ángel Suzzarini, Aldemaro Barrios, Orange López Rodríguez, Fernando Soto Rojas, Ytalo Américo Silva, Ignacio Ramírez y José Vicente Rangel.

Equipos de apoyo regionales Caracas, Luis Machado, Jośe Luis Martínez, Héctor Rangel. Estado Bolívar Asdrúbal Roca, Franklin Gómez, Horacio Wills. Estado Carabobo Héctor Pérez, Yuraima González. Estado Guárico Omán Álvarez, Miguel Zárate, Fernando Saldivia. Estado Portuguesa Froilán Torrealba, Jesús Padilla, Iván Ponte. Estado Monagas Rosa Millán, Asdrúbal Guzmán, Fernado Castillo, Víctor Chacín. Frente de Familiares y Amigos de Desaparecidos, Torturados, y asesinados por motivos políticos durante el periodo 1958-1998 Carla Burguillo, Juana Carrillo, Juan Gómez, Sila Salazar, Judith Gómez, Beatriz Montes Beltrán, Ana Petit, Vilma Soto Rojas, Elvira Arma, José Marrero, Mirna Soto, Fernando Soto, María Teresa Tejero.

Caracas 13 de junio de 2017

AVN