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La extensión del funcionamiento de la Comisión Nacional por la Verdad, la Justicia, la Atención de las Víctimas y la Paz, que investigará los crímenes cometidos en medio de la espiral de violencia promovida desde abril por sectores opositores, es reflejo de las políticas adelantadas por el Estado venezolano a lo largo de 18 años frente a crímenes cometidos por sectores que pretender imponer la violencia frente al debate de ideas.
Los planes de abordaje para la aplicación de justicia en ese ámbito incluyen la promulgación de la Ley para sancionar los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de Derechos Humanos por razones políticas en el periodo 1958-1998, que entró en vigencia el 25 de noviembre de 2011 y que dio paso a la conformación de la Comisión por la Justicia y la Verdad.
Con esta instancia, que entregó su informe final a fines de marzo, se contabilizaron 10.071 casos ocurridos a lo largo de 40 años de gobiernos puntofijistas, de los cuales 1.412 corresponden a asesinatos, 8.200 a detenciones arbitrarias y 459 a desapariciones forzadas, producto de las actuaciones represivas de organismos de seguridad en contra de militantes y dirigentes de izquierda.
Aunque la llegada de la Revolución Bolivariana, en 1999, eliminó esas prácticas persecutorias, factores ligados a sectores conservadores insistieron en emplear la violencia como herramienta para doblegar a quienes apoyaban el proyecto político emprendido por Hugo Chávez, mediante la consumación del golpe de abril de 2002, que dejó al menos 56 víctimas; el sabotaje petrolero de ese año, que arrojó pérdidas por; y el plan insurreccional «La Salida», perpetrado en 2014, que dejó 43 personas asesinadas y más de 800 heridos.
Frente a esos actos, cometidos por sectores que pretendían derrocar al Gobierno, el Ejecutivo creó en 2016 la Comisión Nacional por la Verdad, la Justicia, la Atención de las Víctimas y la Paz, cuyas facultades y funciones fueron extendidas este miércoles por decreto presidencial, para que esta instancia brinde atención a las familiares de los muertos y a los lesionados producto de la espiral de violencia emprendida en medio de una sedición armada contra el país, que ha dejado en 53 días al menos 55 fallecidos.
La extensión del funcionamiento de esta comisión, que contará con una subcomisión integrada por expertos judiciales, se centrará en la no impunidad de los crímenes cometidos en casi dos meses, que han dejado también más de 1.000 heridos, para así garantizar la no repetición de actos que atenten contra la estabilidad de la nación.
La Comisión elevará al presidente de la República, Nicolás Maduro, un informe donde recogerán todos estos casos alentados por la dirigencia opositora, y que siguen el mismo patrón del plan La Salida.
Dicha comisión también difundirá en instancias internacionales lo ocurrido para que en futuros escenarios se garantice el respeto a los derechos fundamentales, se sancione a los responsables de violar los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, se rescate la memoria histórica y la reivindicación moral, honor y dignidad de las víctimas.
AVN