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Los mercenarios contratados por Juan Guaidó para invadir y ocupar Venezuela, establecieron en su “contrato” escrito, firmado por los apátridas venezolanos, que tendrían total impunidad para cometer magnicidio, asesinar a objetivos civiles y militares que ellos declararan “hostiles” y saquearían todo tipo de riqueza, inclusive portando pasamontañas y armamento letal sin que ninguna autoridad pudiera detenerlos.
“Cuando se lee y relee este contrato, uno se va encontrando con cosas que la verdad deja a esta oposición y sus grupos dentro del delito. Ya no son oposición, son delincuentes que están agrediendo a la Patria, trataron de llenar de sangre y muerte a Venezuela y no solo ejecutaron el hecho, sino que dejaron por escrito que usarían fuerza letal, mortal, a disparar y destruir contra cualquier amenaza”, explicó este jueves la Primera Combatiente, Cilia Flores.
Durante una mesa de discusión donde se analizó el impacto que tenía la operación paramilitar terrorista procedente de Colombia, derrotada en las costas venezolanas por el pueblo revolucionario en unión cívico-militar-policial, la también abogada destacó que el documento jurídico con el que se pretendía legalizar la invasión magnicida es el cuerpo del delito, con todos los detalles de los involucrados.
“¡Viendo con asombro este contrato criminal. Establecen la comisión del delito y lo firman así, tan tranquilamente!”, manifestó a la vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez, al vicepresidente de Comunicación Jorge Rodríguez, el escritor y abogado Luis Britto García y el ministro de la Defensa G/J Vladimir Padrino López.
Denunció que en una de sus cláusulas, los “asesores y proveedores de servicio”, como se hacían llamar los mercenarios, afirmaban que asistirían totalmente al gobierno de Guaidó en la planificación de operaciones para “capturar,detener y eliminar” al presidente Maduro, al equipo de trabajo y a cualquier ciudadano que manifestara la defensa del gobierno derrocado.
“Es increíble ver que firmen cómo van a planificar y cometer una invasión y lo dejen plasmado en un contrato con cláusulas para exigir después ante un tribunal su cumplimiento. ¿Ante cuál tribunal pueden ellos exigir el cumplimiento de esto?”, se preguntó Flores.
El “contrato” establece de forma muy grave que Guaidó daría permiso para que los “proveedores del servicio” (mercenarios) usaran pasamontañas, portaran armas de guerra y la usaran en su misión, sin que pudieran ser identificados ni detenidos. Podían entrar o salir del país sin ningún tipo de credenciales o, en última instancia, con el credencial de SilverCorp; podían usar vehículos, naves, aviones o cualquier medio para viajar libremente; estaban autorizados a monitorear el espacio aéreo, marítimo y terrestre de Venezuela sin ninguna restricción. “Nos invadían y quedaba Venezuela disuelta”, resumió Flores.
Además, por el “peligroso trabajo” que ejecutarían, Guaidó debía, en nombre de Venezuela, asegurar a los mercenarios que resultaran heridos o muertos, pagando millones de dólares a sus familiares.
Además, dijo que los mercenarios, “iban a cobrar por las riquezas de Venezuela como parte de su recompensa. Y cualquier objeto recuperado será usado por el proveedor para su uso”.
“Ellos venían por un botín, no solo entraban libremente y hacían lo que les diera la gana, sino que en una cláusula establecían que todos los artículos recuperados por el grupo de tarea (mercenarios), podrán incluir oro, efectivo, objetos de arte o de valor, activos, vehículos, bienes raíces, dinero en cuentas bancarias, serían inventariados por el proveedor y la Administración (Guaidó) pagaría una tarifa de 14% al proveedor por lo recuperado”, leyó.
“Es increíble que la oposición haya firmado este contrato”, lamentó la Primer Combatiente.
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