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Este jueves el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, envió a sus abogados a declarar ante la Contraloría General de la República, en un acto oral y público, por la investigación que este órgano del Estado realiza sobre denuncias de irregularidades en el manejo del presupuesto en esa entidad, informó el abogado representante del gobernador, Rafael Chavero.
La audiencia oral y pública no guarda relación con el caso de la constructora brasileña Odebrecht, tal como se ha pretendido mostrar a través de medios de comunicación informó el Contralor General, Manuel Galindo.
«Es bueno señalar que este procedimiento administrativo no guarda ninguna relación con el asunto que tiene que ver con la empresa Odebrecht. Eso es total y absolutamente falso. Eso quizás se haya indicado con el fin de tratar de distorsionar o de empañar la gestión de los funcionarios delegados y autorizados para seguir este procedimiento», dijo.
Indicó que aunque el gobernador no se presentó a la audiencia estuvo representado por los abogados Fernando Chavero y Bernardo Pulido, por lo que tuvo pleno derecho a la defensa.
Galindo explicó que este procedimiento se realizó tomando en consideración los informes definitivos de fecha 28 de diciembre de 2012 y 3 de julio de 2015.
Dijo que este procedimiento se efectuó «en virtud de una serie de actuaciones de carácter administrativo o auditorías que se realizaron en la contraloría del estado Bolivariano de Miranda».
Durante la audiencia, efectuada en la sede de la Contraloría General de la República, en Caracas, estuvieron presentes los abogados del gobernador, algunos funcionarios de la Gobernación de Miranda y el contralor general.
La Contraloría General, órgano del Estado que se encarga de fiscalizar los ingresos, gastos y bienes públicos y nacionales, inició una investigación sobre algunas irregularidades en el manejo del presupuesto público por parte de Capriles y su equipo de gobierno.
La Contraloría determinará si existe o no responsabilidad por parte del gobernador Capriles y su equipo de gobierno.
AVN