Foto: Ciudad Caracas

Un conjunto de países europeos y americanos activaron esta semana una ofensiva política dirigida a asediar al Gobierno de Venezuela en el plano internacional. Estados Unidos, España y Reino Unido emitieron sendos comunicados “advirtiendo” a sus ciudadanos de no viajar a Venezuela bajo el alegato de una situación de “inseguridad” que no especifican. Estos tres países (que casualmente son los mismos tres que conformaron la alianza bélica que decidió invadir Irak en 2003 burlando las normativas y resoluciones de la ONU) constituyen una especie de vanguardia transnacional para enfilar un ataque coordinado a las instituciones venezolanas. Estados Unidos presiona a los países del continente americano a pronunciarse y ejercer presiones diplomáticas contra Venezuela, y España y Reino Unido hacen lo propio en el ámbito Europeo.

En primer lugar, declararon su condena a la realización de elecciones para la constitución de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, hecho que consideran que “socava la democracia”. Paradójicamente, la instalación de un ente conformado por delegados electos de todos los municipios y sectores sociales del país y cuyas decisiones no podrán ser objetadas por el presidente de la República, es descrita en el discurso como una deriva dictatorial por parte del propio Presidente Nicolás Maduro.

La estrategia en este sentido consiste en minar la legitimidad de la elección con argumentos relacionados a una posible “manipulación” de los resultados de la elección del domingo 30 de julio, donde participaron más de ocho millones de venezolanos. El presidente de la empresa contratista de máquinas electorales Smartmatic, Antonio Mugica, declaró a los medios de comunicación que la cantidad de votos emitidos en el evento comicial fue inferior a la anunciada por el Consejo Nacional Electoral. Esta declaración sería la base para el despliegue de toda una campaña de descrédito que con la intención de justificar todas las acusaciones y medidas coercitivas tomadas por agentes internacionales contra el proceso venezolano.

Llama la atención esta declaración del CEO de la firma de equipos de votación electrónica, que ha sido la misma utilizada en todas las elecciones venezolanas al menos desde el año 2004, pues esa misma compañía se ha hecho publicidad al declarar que su sistema es el mejor y más seguro del mundo, ya que no existe forma de manipular los datos electorales. También es destacable que la firma no haya hecho ninguna advertencia previa al evento electoral, sino que haya sido tres días después del mismo que se hable de una supuesta “vulnerabilidad” del proceso.

Es posible suponer que se trata de una declaración con fines políticos planificada de forma posterior a los resultados de la votación, ya que se esperaba que el plan de boicot que ejecutaría la oposición venezolana el día de las elecciones, bloqueando calles y usando grupos paramilitares para atacar centros electorales y amedrentar a la población,  provocara una escasa participación. A fin de cuentas, esta declaración no ha sido acompañada con la presentación de ningún tipo de datos, es decir, solo se cuenta con la palabra de Antonio Mugica, quien no ofreció a la prensa ningún material donde se pueda verificar lo que dice.

Hasta ahora sigue siendo la palabra de un individuo particular contra la palabra del Consejo Nacional Electoral, institución reconocida internacionalmente como garante de procesos electorales impolutos.

En segundo lugar, los ataques diplomáticos arreciaron el martes 1 de agosto ante la revocatoria del beneficio de casa por cárcel a los políticos Antonio Ledezma y Leopoldo López, medida tomada por el Tribunal Supremo de Justicia debido a que ambos infringieron las condiciones legales de su arresto domiciliario, que les prohibían emitir declaraciones políticas y hacer llamados a la insurrección contra la República. Esta situación provocó declaraciones mediáticas de varios gobiernos europeos y americanos, que se suman a las condenas relacionadas con la Constituyente.

Además, el Departamento del Tesoro norteamericano incluyó al presidente Nicolás Maduro en una lista de personalidades sujetas a sanciones económicas personales, donde ya había sido incluida una serie de funcionarios venezolanos acusados de promover las elecciones en su país. Estas medidas, que implican congelación de eventuales cuentas bancarias de estas personas en dichos países, serían replicadas por los gobiernos de Colombia y Panamá. Cabe destacar en este punto que hasta ahora no se ha demostrado que ninguno de los funcionarios sancionados posea bienes en ninguno de los países que emitieron tales medidas, por lo que se trataría de condenas más bien políticas que de otro orden.

Voceros del Gobierno de Donald Trump, así como el grupo de senadores republicanos dedicados a intervenir en los asuntos de Venezuela, liderados por Marco Rubio, han amenazado con unas eventuales sanciones de Washington dirigidas a la empresa petrolera venezolana Pdvsa. Estas medidas incluirían en cese de las compras de petróleo de Estados Unidos a Venezuela, que le suministra el 14% de sus compras internacionales. Asimismo, se habla de un posible bloqueo al país suramericano que impediría que empresas norteamericanas mantengan negocios con el Gobierno venezolano. Sin embargo, esta información se ha mantenido en el plano extraoficial.

A lo interno del país, luego de la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente,  realizada el domingo 30 de julio con una masiva participación, la oposición política aglutinada en la Mesa de la Unidad Democrática muestra un serio debilitamiento en su capacidad de convocatoria pública y muy poca claridad en la estrategia política a seguir. Todo parece indicar que los opositores apostaban al fracaso de la convocatoria electoral para continuar su estrategia discursiva de deslegitimación del Gobierno Bolivariano y aumentar la presión social sobre el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, los resultados de la elección constituyente no hicieron sino fortalecer al Gobierno al demostrar una amplia movilización del pueblo en la calle el día de la votación.

La oposición convocó a una marcha “hacia el centro de Caracas” para el día miércoles 2 de agosto, pero un día antes cambiaron la seña de la convocatoria para anunciar que tal movilización se realizaría el día jueves 3. Así mismo, medios de comunicación filtraron reportes de las discusiones internas que han mantenido los dirigentes de los distintos partidos de la MUD en torno a cuál sería el camino a seguir a partir de ahora. Henry Ramos Allup, de Acción Democrática trata de imponer entre los opositores la necesidad de inscribirse y participar en las elecciones de gobernadores pautadas para el 10 de diciembre próximo. Mientras, Freddy Guevara, de Voluntad Popular, insiste en mantener una agenda de calle que cada vez cuenta con menos receptividad entre la población opositora.

Todo parece indicar que la avanzada política que busca derrocar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro se concentrará en la conformación de un cerco internacional contra Venezuela, con la acumulación de medidas diplomáticas y de orden económico que generen conflicto y desestabilización interna. La fase de violencia callejera y sabotaje institucional protagonizada por la oposición se muestra completamente desgastada, luego de cuatro meses de caos que no lograron quebrar la sólida unidad de la Fuerza Armada y las instituciones estatales en torno al Gobierno Bolivariano.

Ciudad Caracas