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La Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública presentó este jueves ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) un balance sobre los beneficios procesales otorgados el pasado viernes y sábado a 80 personas, involucradas en hechos de violencia política entre 2014 y 2017.
Durante la actividad realizada en el Palacio Federal Legislativo, la Presidenta del órgano, Delcy Rodríguez manifestó que 80 personas han sido beneficiarias de medidas cautelares, con el fin de consolidar la paz, preservar, cuidar y garantizar que hechos como estos no vuelvan a ocurrir en el país.
Indicó que 95% de las 80 personas que recibieron beneficios procesales no habían sido condenadas, sino que estaban siendo procesadas. Además el 20% de los beneficios se otorgó a mujeres y el 80% a hombres.
“La Comisión para la Verdad ha entrevistado a más de 600 víctimas que han sido abusadas por la violencia política que busca la intervención de Venezuela”, dijo.
Rodríguez señaló que la comisión tiene grabados testimonios de cómo fueron utilizados jóvenes para la violencia con fines políticos para cometer los delitos comunes con el propósito de desestabilizar la República y atentar contra el orden constitucional.
“La mayoría de las personas procesadas por delitos de violencia eran personas en situación de vulnerabilidad que fueron utilizadas para generar dicha violencia. Se hizo la promesa que estas personas no volverían a usar la violencia, que volverían al orden constitucional para hacer política”, puntualizó.
Para dar cumplimiento a la primera línea estratégica del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, de pacificación y diálogo nacional, la Comisión por la Verdad, Justicia, Paz y la Tranquilidad Pública, acordó el viernes 01 de junio el otorgamiento de beneficios procesales a los ciudadanos vinculados a la violencia política entre 2014 y 2017.
El Jefe de Estado el pasado 24 de mayo en su comparecencia ante la Asamblea Nacional Constituyente, solicitó a la Comisión de la Verdad que estudiaran cada uno de los casos judicializados de personas que incurrieron en hechos de violencia y presentaran un listado para la consideración de los órganos de justicia.
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