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“No tienen asidero jurídico ninguno de los recursos interpuestos por la Fiscal General de la República contra los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia; en el primer recurso la Sala Electoral le declaro inadmisible por inepta acumulación, que no es más que una contradicción en los recursos, es decir sus mismos argumentos eran contradictorios”, afirmó, Francisco Artigas, abogado constitucionalista.
En una entrevista realizada en el programa Encendidos, trasmitido por Venezolana de Televisión, Artigas indicó que las actuaciones de la Fiscal General ante el recurso interpuesto para realizar el antejuicio de mérito contra los magistrados es una “actuación de mala fe porque ella misma fue la que llevó los listados, en la cual el Poder Moral hizo la precalificación de los magistrados”.
Agregó que las acciones de Luisa Ortega Díaz, no tiene asidero jurídico porque a su juicio, forma parte de un proyecto político personal que desde hace tiempo venia tejiéndose.
“Las actitudes de la fiscal no tienen nada en lo jurídico lo que está haciendo es un proyecto político en lo personal, en la cual pretende desplazar a los líderes políticos de la oposición para convertirse en una nueva oposición y aprovecharse de ese capital político que ha dejado la oposición para llevarlo a su proyecto”, puntualizó el abogado constitucionalista.
Explicó, además que la Fiscal platea dos situaciones contra los magistrados, la primera tiene que ver con el nombramiento, en la cual, interpuso un recurso para solicitar un antejuicio de mérito y la otra sobre la recusación de los magistrados.
“La situación es más grave, porque ella misma fue la que llevó los listados en la cual el Poder Moral hizo la pre-calificación de los magistrados que fueron nombrados por la Asamblea Nacional, es decir que hizo un falso positivo, no firmó el acta y sin embargo está utilizando una omisión que ella misma realizó para impugnar un acto que es válido porque proviene un órgano colegiado”, reveló.
Indicó, que el órgano colegiado está representado por la Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República y el Defensoría del pueblo, el cual votó a favor con dos de sus miembros para la pre-calificación de los magistrados, lo cual, hace que ese acto sea “perfectamente válido y tomado de acuerdo a la Ley del Poder Ciudadano que se ejerce a través del Consejo Moral Republicano”.
Por lo que señaló que Ortega Díaz pretende erogarse en esos recursos interpuestos la representación del Poder Ciudadano, “porque ella invoca para establecer la cualidad el artículo 274 de la Constitución, como si ella fuera representante del Poder Ciudadano, y no es así porque este poder actúa como órgano colegiado y el único representante ante cualquier órgano es el presidente del Consejo Moral Republicano y ella no lo es”.
Para finalizar el abogado constitucionalista añadió que toda la actividad desplegada por la Fiscal General representa una “actitud anti-ética, porque al no firmar esas actas actuó exprofeso porque el hecho que no haya firmado esas actas, no implicaba que eso anulaba el proceso, ella pudo firmar el acta y dejar constancia que estaba en desacuerdo y no lo hizo”.
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