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Prensa RNV.- El presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, diputado Julio Moreno, manifestó que este ente Legislativo aprobó sanciones de responsabilidad administrativa contra el alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales.
El informe realizado por esta Comisión será entregado a la plenaria y allí, una vez discutido por los diputados del parlamento, se pudiera solicitar a la Fiscalía o a la Contraloría, la destitución o inhabilitación política de Rosales.
"La Comisión investigó al comisario Jesús Alberto Cubillan y su relación con una camioneta donada por la Gobernación, según arrojaron las investigaciones. Este ciudadano no cumplió con el documento notariado, en el cual se comprometía a no grabar ni enajenar dicho bien durante diez años", señaló el diputado Julio Moreno.
El parlamentario añadió que "Jesús Alberto Cubillan, luego de diez meses con la camioneta en su poder, vendió el vehículo a un tercero en casi 10 millones de bolívares fuerte. Cabe destacar que nuestras investigaciones concluyeron que su valor real era superior 10 veces al valor por el cual supuestamente fue vendida. Por lo que señalamos que la información suministrada por Manuel Rosales, es contradictoria".
Asimismo, Moreno manifestó que la Comisión se encuentra indagando sobre quién es la persona a la que se le vendió la camioneta, "si es un empresario del Zulia, si tiene vínculos con el ciudadano comisario Cubillán y que funciones está cumpliendo esa camioneta".
El diputado recordó que los bienes que se donan deben cumplir una función social y no mercantilista.
"No sólo se acordó sancionar a Rosales, y al comisario Jesús Alberto Cubillán, además está involucrado Asdrúbal Quintero, procurador del estado Zulia para el momento", indicó Moreno.
El presidente de la Comisión de Contraloría, diputado Julio Moreno, agregó que una vez discutido el informe por el parlamento, se están manejando dos posibles sanciones, como la inhabilitación política del alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, o su destitución del cargo.
"La corrupción es una práctica que va en contra del patrimonio público, y no podemos aceptar que nuestros gobernantes continúen en funciones cuando se les han comprobado hechos ilícitos que atentan contra la seguridad, el bienestar del pueblo", enfatizó Moreno.
El informe será enviado a la Secretaria de la Asamblea Nacional, para que posteriormente sea remitido y distribuido en la plenaria del parlamento para su discusión.