Prensa PSUV (Mérida).- En un aniversario más del Golpe de Estado en Venezuela, los merideños y las merideñas, siguen conmemorando en pie de lucha, la retoma del poder después que "ciudadanos de la oposición política" asaltaran el Palacio de Gobierno el 12 de abril de 2002, delitos cometidos por opositores al Presidente Chávez, a quienes se les imputaron los cargos de conspiración, rebelión civil, ofensa a los jefes de estado, impedimento del ejercicio de derechos políticos, privación ilegítima de libertad y violencia sobre funcionarios públicos, ilícitos ejercidos en ese momento histórico contra un gobierno legítimamente constituido, en la persona del Capitán Ejército Florencio Porras Echezuría, gobernador del estado Mérida.

LEALTAD CON LA REVOLUCIÓN

Durante los sucesos de Mérida, Porras fijó posición política el 12 de abril en rueda de prensa, cuando en su condición de gobernador electo para el período 2000/2004, manifestó que "en nuestro país de violó la Constitución de 1999 aprobada por los venezolanos, legitimada en el referéndum de diciembre de ese año, donde se establecen los mecanismos para suplir la vacante absoluta del Presidente de la República.

Florencio Porras Echezuría, cédula de identidad…., licenciado en ciencias y artes militares,… gobernador del estado Mérida por elección popular, desconoce a la junta de transición … lo que contempla que el 11 de abril hubo un golpe de Estado más allá de la renuncia del Presidente Chávez, cuando se pretende forjar a la renuncia de forma violenta de los gobiernos afectos al Proceso revolucionario, se pretende forzar con el chantaje del nuevo derramamiento de sangre, cuando todo el mundo sabe quiénes son los que provocan, los que vienen incitando a la violencia… les exijo… en nombre del pueblo de Mérida, nosotros queremos ver la renuncia del Presidente…

Aquí este humilde ciudadano se pone a la disposición de la Fuerza Armada para que lo detengan… me declaro en desacato de esa junta de transición, la desconozco…" igual que Chávez tampoco renunció y denunció el golpe de estado que se había registrado en el país, declaraciones que por sí solas son testimonio de la sanción moral y política contra el uso de la violencia como camino para acceder al poder, hoy más vigentes que nunca.

EL PUEBLO NO OLVIDA

Hace 7 años, la capital merideña vivió en estado de alerta y zozobra con los facinerosos dirigentes de la oposición política, que de manera irresponsable, trataron de perturbar el orden público, con delitos cometidos en flagrancia, por los cuales la fiscalía del ministerio público, imputó en su momento a quienes no pueden quedar en el olvido, los "ciudadanos" Pedro Sánchez, Lisandro Estupiñan, José Allen, César Guillén, Francisco Ramírez, Carlos Chirino, Esteban Torrealba, Críspulo González, Giovanny Wilchez, Yoston Rangel, Nixon Moreno (militante del M-13, ahora prófugo por los delitos de intento de homicidio e intento de violación), Rómulo López, Clara Peña, Jesús Rondón Nucete, José Briceño, Jorge Carvajal, José Díaz, Edilberto Moreno, Pausides Reyes, Marcos Trejo (profesor de derecho constitucional y consultor Jurídico de la ULA), Carlos Parra, Teodoro Vielma, Carlos Belandria, Fortunato González (profesor de derecho constitucional y director de ULA TV) y Jesús Torrealba.

Hoy, esta lista de los "preñados de buena voluntad", quedó para la memoria histórica del pueblo merideño como un ejemplo tristemente célebre de las acciones delictivas de una oposición política irracional, absurda e incapaz de comprender un proceso de transformación de las estructuras del poder donde la fuerza radica en las bases más humildes de la sociedad, los excluidos de siempre, la mayoría.

El lunes 14 de enero del 2008, el Ministerio Público acogió los argumentos presentados por los fiscales 30 nacional y 1° de Mérida, Yoraco Bauza y Hugo Quintero donde solicitaron el sobreseimiento de los juicios abiertos a estas 25 personas imputadas por su participación en el golpe de Estado de abril, y el Tribunal 4° de Control del estado Mérida decretó el sobreseimiento de la causa el 30 de enero de ese mismo año, a los ultraderechistas que participaron en el asedio y asalto de la Gobernación del estado Mérida el 12 de abril de 2002, como parte de las acciones violentas desarrolladas por la breve dictadura de Pedro Carmona, los cuales resultaron beneficiados de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 numeral 2 y 318 numeral 3, ambos del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), y el artículo 1° literal M del Decreto presidencial, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de Amnistía, de fecha 31 de diciembre de 2007.

AMNISTÍA: UNA LECCIÓN PRESIDENCIAL

El Presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, en pleno uso de sus atribuciones decretó la amnistía como causa de extinción de la responsabilidad penal, asociada al perdón de procesados, para que los juicios seguidos contra los imputados en los hechos relacionados con el golpe de estado en Venezuela, recibieran el beneficio del sobreseimiento de la causa, es decir, se desistiera o suspendiera los procesos existentes en los órganos de la administración de justicia.

A través del Decreto presidencial, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de Amnistía, de fecha 31 de diciembre de 2007 que salió publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 5.870, Chávez concedió amnistía a favor de todas aquellas personas enfrentadas al orden general establecido y que a la citada fecha se encontraban a derecho, se hubieran sometido a los procesos penales, y hubieran sido procesadas o condenadas por la comisión de delitos en los siguientes hechos: "Por la redacción del decreto del Gobierno de facto del 12 de abril de 2002; por firmar el decreto del Gobierno de facto del 12 de abril de 2002; por la toma violenta de la Gobernación del estado Mérida el 12 de abril de 2002; por la privación ilegítima de la libertad de Ramón Rodríguez Chacín, ministro del Interior y Justicia de ese entonces; por la comisión del delito de instigación a delinquir y rebelión militar hasta el 2 de diciembre de 2007" entre otros, en cuyo decreto también se establece que "se extinguen de pleno derecho las acciones penales, judiciales, militares y policiales instruidas por cualquiera de los órganos del Estado, tribunales penales ordinarios o penales militares que se correspondan exclusivamente con los hechos referidos", como una clara lección para los factores políticos de la oposición venezolana sobre la necesidad de buscar siempre el camino electoral, única vía posible en un país democrático, participativo y protagónico en la construcción de su propio destino.

Sin embargo, la Amnistía presidencial estableció sus excepciones y no serán beneficiadas por la ley "aquellas personas que hubieren incurrido en delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de guerra", tal como lo constituye el caso de los funcionarios de la policía metropolitana que actuaron en la masacre Puente Llaguno, ocasionando muertes lamentables.

Las lecciones están dadas, todos aprendimos algo, no hay impunidad si el pueblo se fortalece en la lucha, en la defensa del proceso revolucionario, si el socialismo se profundiza desenfundando las arman de la razón, del compromiso ideológico, del trabajo diario y permanente, Chávez ha sido, es y será siempre, incómodo para los intereses económicos trasnacionales pero inagotable fuente de inspiración para los pobres del mundo.