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27 años después la rebeldía contra el neoliberalismo continúa. La rebelión popular que se produjo en Venezuela el 27 de febrero de 1989 constituyó la respuesta del pueblo golpeado en la década de 1980 por políticas neoliberales que desencadenaron una profunda crisis social durante el segundo período presidencial de Carlos Andrés Pérez (CAP).

A principios de 1989 cinco de cada diez hogares del país se encontraban sumergidos en la pobreza. Este escenario se recrudeció por recortes aplicados por el gobernante adeco en la inversión en políticas orientadas a satisfacer las necesidades de la población.

El gasto público dentro del Producto Interno Bruto para 1988 se ubicó en 21,5%, final del periodo presidencial del «Pacto Social» de Jaime Lusinchi, y en 1989 disminuyó a 21,2%, comienzo del segundo gobierno de CAP.

Esta reducción hizo mella en los recursos destinados al «gasto» social, como era concebido en la IV República, que bajó de 7,3% en 1988 a 6,9% para 1989. El presupuesto para educación pasó de 12.005 millones de bolívares a 10.635 millones en ese mismo período.

«El esquema de crecimiento económico impulsado por el Estado petrolero se agotó y el gasto social se vio afectado no sólo en cantidad sino también en calidad, al sesgarse hacia las labores administrativas, dejándose de lado la inversión social», señalan los investigadores José Ignacio Silva y Reinier Schliesser en el libro La evolución de la pobreza en Venezuela, publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV) en 1998.

A esto se sumó un alza en la inflación de 35,5% de 1988 hasta 81% de 1989, mientras que la estructura económica reflejaba que sólo 5% del empresariado concentraba el 70% de la producción.

Como consecuencia de una estrategia de marketing electoral que hacía referencia al pasado y a las promesas de bienestar, la población venezolana se creó expectativas que no pudieron ser cubiertas por el gobierno del dirigente de Acción Democrática (AD).

La imagen de Pérez, se presentó ante el pueblo como la del presidente del «milagro económico» para apalancar la lucha contra la pobreza. Durante su campaña de «El Gocho pal’ 88» prometió regresar al estado de bonanza económica que caracterizó su primera administración (1974-1979), conocida como la «Venezuela Saudita» por el flujo de dólares provenientes de la nacionalización de la industria petrolera y del hierro.

Sin embargo, luego de obtener la victoria con un 53% de los votos en los comicios de diciembre de 1988, Pérez intentó implementar medidas estructurales para desarrollar en el país un modelo de libre mercado basado en los principios de la doctrina neoliberal.

Aunque había asegurado al país que «no pueden haber ajustes en lo económico, cuyos efectos sólo se sientan en los grupos de menores ingresos» y que el FMI no impondría condiciones a Venezuela; la situación del país había ido empeorando paulatinamente con la baja de los precios del petróleo, la devaluación de la moneda y los altos niveles de inflación y deuda externa.

Venezuela sufría un desequilibrio en la balanza de sus pagos de la deuda externa, que representaba un déficit acumulado de 7.376 millones de dólares entre 1986 y 1988, y el total agotamiento de sus reservas internacionales, excluyendo el oro, que en buen aparte había sido enviado a Inglaterra con el pretexto de «abonarle» recursos a la reserva.

La traición de CAP

El 16 de febrero de 1989 CAP decidió traicionar la confianza del pueblo que lo eligió y anunció un paquete de medidas neoliberales. El principal objetivo del plan era lograr la «ayuda» financiera del FMI. Para ello, el país debía someterse a la constante supervisión de ese organismo, con el fin de obtener 4.500 millones de dólares en los siguientes tres años, y de otros 21.000 millones para los próximos 7 años.

El programa de ajustes, conocido como «El paquetazo», estipulaba entre otras medidas el alza de tarifas de bienes y servicios, liberación de precios de los alimentos -con excepción de 18 renglones de la cesta básica-, supresión de subsidios, y en especial negaba la posibilidad de decretar algún tipo de incremento salarial a la fuerza laboral del país.

Asimismo, incluyó la liberación de la tasa de cambio del bolívar, la eliminación progresiva de aranceles a la importación y la liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero, con lo cual muchas familias perdieron sus casas que aún terminaban de pagar a crédito.

«En coordinación con el FMI, el Banco Mundial y el Comité de la Banca internacional, se planteó una estrategia económica dirigida a recuperar equilibrios macroeconómicos perdidos, a fin de que pudiera intentarse de nuevo avanzar en el proceso de transición de un modelo económico y político rentístico-petrolero (populista clientelar) a otro de carácter tecnocrático-privatista», refiere el texto 27- F para siempre en la memoria de nuestro pueblo, editado por la Defensoría del Pueblo.

El estallido social

La mayoría de las medidas del paquetazo de Pérez eran de aplicación inmediata, entre ellas se encontraba el aumento de 14 derivados del petróleo y, en especial, el de la gasolina, que registró el 26 de febrero de 1989 un alza promedio de 94%, generando además, un incremento de 30% en las tarifas del transporte urbano.

Los transportistas consideraron que el aumento debía ser de al menos 70%, y la Cámara del Transporte convocó un paro para el lunes 27 de febrero como medida de presión. Ese día intentaron imponer sus tarifas. El resultado fue un estallido popular que en principio fue contra las unidades de transporte y luego se extendió, como reacción también ante una ola de acaparamiento y especulación en los principales rubros alimenticios.

Las protestas se iniciaron en Guarenas, estado Miranda, y en el área metropolitana de Caracas y La Guaira, además de Aragua, Carabobo y Mérida. Al final hubo revueltas populares en casi todos los estados país, a excepción de Cojedes, Nueva Esparta, Delta Amacuro y Amazonas.

«El FMI encendió las calles de Caracas»; «Violencia en todo el país» y «Arde el país, alza del pasaje prendió la mecha», eran los principales titulares de la prensa sobre este estallido social que representó la traición a un pueblo ya defraudado, abandonado por el Estado y condenado a la pobreza y la exclusión.

«Se asocia a El Caracazo al incremento de la gasolina, eso no es correcto. Eso fue una especie de chispa, que incendió un polvorín», dijo el economista Jesús Farías una entrevista a Venezolana de Televisión.

Aunque las cifras oficiales revelan que la represión policial durante el estallido social del 27 y 28 de febrero de 1989 conocido como «El Caracazo» dejó un saldo de 300 muertos y más de un millar de heridos, algunos reportes de organizaciones de derechos humanos hablan de al menos 3.500 personas fallecidas.

Farías señaló que estos sucesos generaron un punto de inflexión en los gobiernos que habían existido en el país, donde no se contaba con un programa para solventar la crisis económica que se estaba viviendo.

Así el 27 de febrero de 1989 se convirtió en la antesala a la Revolución Bolivariana, gestada con una insurrección de militares patriotas el 4 de febrero de 1992, bajo el liderazgo del comandante Hugo Chávez.

Mayor protección social

Venezuela conmemorará este sábado los 27 años del Caracazo con políticas públicas, implementadas por el Gobierno nacional, dirigidas a la protección social del pueblo, en medio de una guerra económica, perpetrada por agentes financieros y partidistas de derecha, y la cual se ha caracterizado por la especulación, usura, contrabando y reventa de productos de primera necesidad, en especial alimentos y medicinas.

Frente a esta amenaza, el presidente Maduro ha continuado con el legado de inclusión iniciado por el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Desde 1999 hasta 2014 han ingresado a la nación 1 billón 182 mil millones de dólares, de los cuales, el 62% se ha invertido en el área social para «la construcción de viviendas, el apoyo de la educación pública y el desarrollo de los planes de las misiones y grandes misiones», detalló Maduro durante su mensaje a la nación ante la Asamblea Nacional del pasado 15 de enero.

«Esta cifra contrasta con el 37% de la inversión social del ingreso del país en los años anteriores al ciclo revolucionario, porque ahora existe un gobierno que asume la protección de nuestro pueblo y no de grupos económicos», expresó Maduro en esa oportunidad.

Gracias a esta política socialista, en 16 años de Revolución Bolivariana, la pobreza en el país se redujo de 49% a 19%, mientras que la pobreza extrema bajó de 21% a 5,5%.

Venezuela pasó de un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de nivel medio a un IDH alto, que la ubica como uno de los países con menor desigualdad de América Latina.

Este modelo de país ha sido posible con la protección del salario, la garantía de seguridad alimentaria y la educación gratuita. Además del desarrollo de programas como la Gran Misión Vivienda Venezuela, que ha entregado más 1 millón de viviendas desde 2011 a la actualidad.

Incluso, ante la coyuntura económica que atraviesa el país como consecuencia de la baja de más 75% en los precios del petróleo, y de los efectos de una guerra no convencional perpetrada por la derecha, y que incluye el ataque a la moneda, el bloqueo financiero, y prácticas de acaparamiento, contrabando de extracción, desabastecimiento e inflación inducida, el presidente Maduro ha reafirmado la voluntad y compromiso del Gobierno Bolivariano de mantener la inversión social, como vehículo para atender las necesidades y garantizar la protección de las familias venezolanas.