Eduardo Piñate / Opinión

24.Ago.2015 / 10:08 am / Haga un comentario

Estamos enfrentando una guerra total contra la Patria, es la guerra imperialista para destruir la Revolución Bolivariana y la dignidad del pueblo venezolano. Una guerra que no se circunscribe a Venezuela, sino que, como lo escribimos la semana pasada (ver: “Conspiración Global” en www.psuv.org.ve www.asambleanacional.gob.ve y www.entodonoticias.com), está dirigida al derrocamiento de los gobiernos de izquierda, progresistas y revolucionarios de nuestro continente para truncar el proceso de lucha por la Independencia y la soberanía que estamos desarrollando en Latinoamérica y el Caribe.

Esta guerra tiene múltiples dimensiones (económica, política, psicológica, mediática, ideológica y militar) que marchan concatenadas entre ellas y con las agresiones, presiones y provocaciones que provienen de factores reaccionarios internacionales –sean gobiernos, empresas transnacionales o personalidades- y persiguen crear descontento en la población para reducir la base de sustentación de la Revolución Bolivariana.

Si la agresión es contra los gobiernos progresistas y revolucionarios del continente, la respuesta correcta no puede ser otra que la movilización continental de los pueblos de Nuestra América para preservar los avances que hemos logrado en lo que va de este siglo en la lucha por nuestra Independencia y seguir avanzando en nuestra ruta de emancipación.

En anteriores oportunidades he afirmado que la guerra económica es el “buque insignia” de la contraofensiva reaccionaria contra nuestra revolución. Esta guerra la orienta la burguesía parasitaria a desabastecer de productos esenciales –alimentos, medicamentos, repuestos, etc.- y a elevar los precios de todos estos bienes a través de la especulación financiera y monetaria, manipulando nuestra moneda en el mercado ilegal y delincuencial de divisas por una parte, y por la otra con el contrabando de extracción, el acaparamiento, el fenómeno del bachaqueo y consecuentemente, la especulación con los precios de todos los productos. Así, la burguesía y sus expresiones políticas en el oposicionismo venezolano hablan de escasez para acusar al gobierno de ser el culpable, cuando lo que hay es un desabastecimiento producido por la burguesía y nos hablan de la inflación para también acusar al gobierno revolucionario y decir que ella –la inflación- es producto de los controles de precios, las expropiaciones y los aumentos salariales que ha establecido la revolución en estos 16 años, cuando en verdad los aumentos de precios en general y la irracionalidad de los precios actuales de los productos de primera necesidad también son inducidos por esa misma burguesía parasitaria para elevar su tasa de ganancias y crear condiciones que le permitan destruir nuestro proceso revolucionario.

El camarada Tony Boza nos explica el fenómeno de la inflación de la siguiente manera:

“…La inflación tampoco es un fenómeno espontáneo, como un terremoto, un huracán o un tsunami, que se desencadena producto de una mano invisible o de las oscuras fuerzas del mercado. Los precios no se mueven solos, no caminan de noche y trepan la escalera del alza. Afirmamos que la inflación es una manifestación visible de otro proceso más oculto, direccionado a lograr los objetivos políticos y económicos de una clase social específica: la burguesía parasitaria venezolana y sus aliados. El proceso de fondo es la manipulación o control de precios para apropiarse mucho más rápido de la RENTA PETROLERA, es decir, para obtener una GANANCIA más grande y más rápidamente.” (Boza, Tony. La Guerra contra el Pueblo (reflexiones para el Contraataque Popular). Fundación Construyendo Ciudadanía. Maracaibo. 2014. P.8.

Ahora bien, derrotar la guerra económica –y lo que hemos llamado la guerra total- requiere el concurso de todo el pueblo de manera activa. No basta con la SUNDDE y la FANB que vienen haciendo un serio e importante esfuerzo, es necesario que los partidos revolucionarios y el Poder Popular en todas sus expresiones nos incorporemos con toda nuestra fuerza acompañando y respaldando a nuestro gobierno revolucionario y a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. En este plano coincido con Luís Salas cuando expresa que:

“…hay que estar conscientes también que por más preclaro y revolucionario que pueda llegar a ser un presidente o gobierno por sí solo no tendrá capacidad de ganar la guerra económica –es decir, la guerra contra el capitalismo- si no cuenta con el empuje activo y organizado de la población y fundamentalmente de sus sectores más politizados. El chavismo no puede repetir con el presidente Maduro el mismo error en el que incurrió con el presidente Chávez: dejarlo solo en esta guerra esperando cómodamente sentados a que la gane para después mandar un tuit celebrando si sí o condenando si no. Así no se hace una revolución, ni en el siglo XXI ni en ningún otro. Hay que organizarse, formarse, movilizarse y salir a dar la pelea donde haya que darla.”

“En este sentido, la guerra económica se desarrolla al menos en tres frentes: en el material, en el anímico y en el de las ideas. En el material, se especula, acapara, aguanta la mercancía, en resumen, se roba y se priva a la gente de su dinero y de las cosas que necesita para hacer su vida. En el anímico, se predispone a la población a hacer lo mismo y a pelearse por los productos escaseados, se le desespera y amarga. Y en el de las ideas se justifica todo lo anterior con argumentos rebuscados, tramposos y falsos cuando no siniestros…” (Salas, Luís. Escritos desde la Guerra Económica. Caracas. Editorial El Perro y la Rana. 2014. P.64)

Argumentos “rebuscados, tramposos y falsos” como que la culpa de los precios altos es de los controles establecidos por el gobierno y los incrementos salariales que ha otorgado. Por eso, entre las exigencias fundamentales que hacen está la derogatoria de la Ley Orgánica de Precios Justos, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y todas las leyes del Poder Popular. Es decir, quieren eliminar parte del núcleo duro de nuestra legislación revolucionaria.

Todo esto que estamos analizando tiene, junto a la infiltración de grupos paramilitares hacia nuestro país, una plataforma importante en territorio colombiano, que junto a Madrid y Miami conforma el triangulo contrarrevolucionario lanzado contra nuestra Patria.

Hacia Colombia se fugan por la vía del contrabando, miles de toneladas de alimentos, medicamentos, repuestos y millones de litros de combustible, principalmente gasolina, todos los meses. Es una economía basada en el delito, que se roba lo que produce e importa Venezuela para el consumo de quienes aquí viven, nos desabastece y mantiene a unos 15 millones de colombianos que habitan en los departamentos fronterizos con Venezuela. Todo ello con la indiferencia, por decir lo menos, de las autoridades de ese país. Esta situación, más la permanente incursión de paramilitares aliados a contrabandistas y otros delincuentes, torna la situación muy grave.

Por estas razones, el presidente obrero Nicolás Maduro tomó un conjunto de medidas excepcionales y constitucionales para preservar la soberanía nacional, la integridad territorial y la paz interna de la República. Decidió el cierre de la frontera con Colombia hasta nuevo aviso y el estado de excepción en cinco municipios del estado Táchira fronterizos con Colombia por 60 días que se pueden prorrogar si es necesario.

Esta es la respuesta correcta y contundente del gobierno nacional a una situación que ya se hace intolerable, pues, como venimos afirmando a lo largo de este artículo, casi todas las expresiones de la guerra económica contra Venezuela tienen en el Departamento del Norte de Santander y su capital Cúcuta la base de operaciones contra Venezuela, sobre todo el contrabando de gasolina, alimentos y otros productos. También tiene allí su base el ataque permanente contra nuestra moneda que se triangula con Miami y divulga el portal “Dólar Today”, para elevar los precios en Venezuela. Un tremendo negocio para la burguesía; se enriquece más y procura objetivos políticos al generar descontento que, suponen ellos, les facilitarán sus planes de retornar al poder.

Pero no sólo eso, esa práctica delincuencial, ese “malandraje económico”, se acompaña con la violencia paramilitar que opera en toda esa zona y ha llegado hasta el interior de nuestro país. Esos grupos paramilitares aliados a contrabandistas y bandas criminales, emboscaron la semana pasada una patrulla de nuestra FANB provocando heridas graves a dos oficiales, un soldado y un civil en San Antonio del Táchira.

Como era de esperar, la derecha venezolana toda y sus aliados en el exterior se lanzaron a vociferar contra estas decisiones del gobierno revolucionario, con una combinación de mentiras y manipulaciones.

Dijeron que el estado de excepción constituye una suspensión total de garantías constitucionales. Esto es absolutamente falso, el propio texto constitucional desmiente a la ultraderecha venezolana y extranjera. Veamos lo que dice sobre el estado de excepción:

Art. 337: El presidente o la presidenta de la República, en Consejo de Ministros, podrá decretar los estados de excepción. Se califican expresamente como tales las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas, a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos. En tal caso, podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles. (Las negritas son mías)

Como queda claro, en los casos de estados de excepción el Constituyente previó los derechos y garantías que no pueden ser vulnerados, los cuales contrastan con las suspensiones de garantías constitucionales que se produjeron durante el puntofijismo (gobiernos de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y Carlos Andrés Pérez) en las cuales se suspendieron –ahí sí- todas las garantías, principalmente las que aquí están taxativamente protegidas: el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y la incomunicación, el derecho al debido proceso y a la información; porque el gobierno de Maduro es un gobierno Bolivariano y revolucionario, dotado de un profundo humanismo y por tanto, profundamente respetuoso de los derechos humanos, mientras que los gobiernos del puntofijismo fueron gobiernos antipopulares, antinacionales, autoritarios y represivos.

Pero hay más sobre el estado de excepción en el texto Constitucional Bolivariano. De acuerdo con el artículo 339, el decreto donde se declara el estado de excepción debe ser presentado dentro de los ocho días siguientes a su emisión a la Asamblea Nacional o su Comisión Delegada para que esta lo considere y apruebe y al Tribunal Supremo de Justicia para que éste se pronuncie sobre su constitucionalidad.

En pocas palabras, no hay posibilidad alguna de que el decreto de estado de excepción genere una vulneración o suspensión de todas las garantías constitucionales como en la época de los gobiernos de AD y COPEI, primero; porque la Constitución de la República lo prohíbe; segundo, porque el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno que respeta y favorece la dignidad del ser humano; tercero, porque el decreto que declara el estado de excepción blinda esas garantías constitucionales y cuarto, porque nuestro pueblo no aceptaría que fueran vulnerados esos derechos, porque el venezolano es un pueblo revolucionario.

Finalmente, los voceros de la derecha en Venezuela y sus aliados del tipo de Felipe González, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Velez, acusan al presidente Maduro y a todos nosotros de xenofobia contra el pueblo colombiano. La verdad es que quienes desarrollaron un sentimiento anticolombiano en Venezuela fueron la burguesía y sus partidos de derecha, así como los sentimientos antivenezolanos en Colombia son patrimonio de la oligarquía de ese país. Nadie puede olvidar la campaña feroz y todo el odio que desató la derecha venezolana contra el presidente Maduro porque este supuestamente había nacido en Colombia. Para los revolucionarios venezolanos, para el gobierno Bolivariano, el pueblo colombiano es un pueblo hermano, somos hijos del mismo padre, de la misma espada, la de Bolívar. Además, somos portadores de la visión unionista latinoamericana del Libertador. Combatimos a las mafias, las oligarquías y al imperialismo que explotan al pueblo venezolano y al colombiano por igual.

La posición revolucionaria de este momento es ponernos al lado del presidente Nicolás Maduro en las decisiones del cierre de la frontera con Colombia por el Táchira y la declaración del estado de excepción en cinco municipios fronterizos para seguir defendiendo los derechos e intereses del pueblo venezolano, de la Revolución Bolivariana y la Patria que nos legaron Bolívar y Chávez.

Caracas, 23 de agosto de 2015

 

 

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