Opinión / Eduardo Piñate
En artículos anteriores dijimos que la guerra económica es una parte de la guerra total que el imperialismo y la burguesía de todo el mundo han desatado contra Venezuela. Afirmamos también, que esta guerra tiene por objetivos: derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, destruir la revolución Bolivariana, acabar con la dignidad del pueblo venezolano y detener el avance de las fuerzas revolucionarias, progresistas y antiimperialistas en el continente nuestro americano, que, por cierto, ayer domingo obtuvieron nuevas victorias con el triunfo del PT y la reelección de Dilma Rousseff como presidenta de Brasil y del Frente Amplio con Tabaré Vasquez en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Uruguay.
El gobierno revolucionario encabezado por el camarada presidente Nicolás Maduro ha pasado a la ofensiva para derrotar la guerra económica, con la aplicación de la Ley Orgánica de Precios justos, la creación de la SUNDDE y una permanente presencia en la calle combatiendo el contrabando, el bachaqueo, las colas, el acaparamiento y la especulación.
Esta guerra no es fácil para los revolucionarios y las revolucionarias, pues se libra en el terreno en que la burguesía –que ha perdido el poder político- conserva buena parte de su poder: el terreno de la economía.
Efectivamente, la burguesía aun controla un segmento importante del sistema bancario nacional, pese a que la banca pública ha crecido mucho en los últimos años. Esto le da capacidad para maniobrar en el mercado financiero, especular con la moneda y evadir los controles que el Estado establece para evitar la especulación financiera que, como todos sabemos, es un factor determinante para el alza fraudulenta de los precios de los bienes y servicios (o inflación inducida como también la llaman) y en el pasado esa burguesía parasitaria logró “perforar” a CADIVI con el apoyo y complicidad de funcionarios corruptos.
También la burguesía a través de sus empresas tiene un control casi monopólico de la producción y distribución de alimentos y medicamentos en el país, dos tipos de bienes que son fundamentales para la vida de las personas. Estos bienes son acaparados y contrabandeados en gigantescas cantidades a fin de crear desabastecimiento (luego decir que hay escasez y culpar de ello al gobierno). Eso está más que demostrado con las permanentes incautaciones y decomisos realizados por las autoridades en galpones, almacenes, carreteras, autopistas y caminos verdes del país.
Decíamos que la ofensiva del gobierno se ha incrementado, pero se va a profundizar aún más a partir del 1 de noviembre. La reciente reforma a la Ley Orgánica de precios Justos hace más severas las penas a quienes cometan el delito de contrabando. En dicha reforma se establecen medidas adicionales a las que ya establecía dicha ley, entre otras:
• Pena de 10 a 14 años de prisión para quienes realicen contrabando de alimentos e insumos de primera necesidad.
• Confiscación de bienes, cuentas bancarias, vehículos, avionetas y todos los activos vinculados a la actividad de contrabando.
• Se aplicará el Precio Máximo de Venta al Público a partir del 1 de noviembre.
Así mismo, el presidente de la República emitió un decreto prohibiendo la venta de alimentos y productos de primera necesidad a través del comercio informal en la calle.
Medidas que se unen a otras como el Centro Binacional (Venezuela-Colombia) de Comando y Control contra el Contrabando y la prohibición expresa de exportar productos de la cesta básica.
Todo esto será insuficiente sin la incorporación plena y comprometida de nuestro pueblo a esta lucha. Un paso importantísimo es la constitución de más de 500 Círculos de Lucha contra la guerra económica, dirigidos por igual número de Fiscales y más de 70.000 Inspectores de la SUNDDE a nivel nacional. Esto le da un carácter de masas a esta lucha e integra al gobierno revolucionario, el Poder Popular, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el partido revolucionario. He aquí en los hechos la corresponsabilidad establecida en nuestro texto constitucional y la unión cívico-militar, garantías plenas de victoria.
27 de octubre de 2014
Comentarios
La unica manera de acabar con el bachaqueos es transferirle a las comunas la supervision de los precios justo, porque es imposible con los fiscales que han designado, abarcar tanto espacio, asi se involucra al colectivo con el estado.