Opinión
Paulatinamente los hechos, así como la acción de los cuerpos de seguridad, han demostrado la importación de la cultura paramilitar en nuestro país. Es un nefasto fenómeno sobre el que hemos alertado una y otra vez, señalando además la vinculación de esta plaga con un sector de la derecha venezolana. Las reiteradas denuncias hechas por los bolivarianos sobre el tema han sido descalificadas por la oposición, con el tonto argumento de que son “cortinas de humo” para encubrir las deficiencias en materia de seguridad.
El paramilitarismo, cuya referencia más cercana es el peligroso auge que tomó en la hermana república de Colombia, si bien utiliza y se vale de prácticas delincuenciales para lograr sus cometidos, se diferencia del hampa común por su vinculación y obediencia a sectores o grupos políticos que luchan por el poder y/o importantes intereses económicos. Con frecuencia, emplea sujetos de amplia experiencia criminal para conformar sus filas, siguiendo equivocadamente la máxima maquiavélica de El fin justifica los medios. También, tal como sucede en otros países latinoamericanos, es común en este tipo de aberración la infiltración del Estado y, en particular, de sus cuerpos de seguridad, conformando peligrosas corporaciones, a traves del soborno, el chantaje y la compra de conciencia, lo cual puede dificultar enormemente su erradicación.
Soy de la creencia que, en Venezuela, la derecha habiendo sido derrotada varias veces en las fórmulas conspiradoras tradicionales empleadas (sedición militar, magnicidio, insurrección callejera, intervención extranjera, etc.) optó de manera planificada por impulsar el paramilitarismo para derrocar al gobierno revolucionario. A lo anterior se suma, en algunas zonas del país, la componenda de facciones oligarcas para frenar los planes de transformación y equidad social del gobierno revolucionario. Ejemplo de esto último son las acciones paramilitares en contra de líderes y activistas campesinos e indígenas que han luchado y luchan por la distribución socialista de las tierras. En ambos casos, el de una oposición derrotada durante 15 años en elecciones y el de poderosos propietarios que se oponen a una sociedad igualitaria, el supremo objetivo es el mismo más allá de las circunstancias temporales: la restauración de un régimen de opresión y el derrocamiento del compatriota Nicolás Maduro.
La captura de los asesinos de la ciudadana Liana Hergueta, ya no presuntos sino confesos, evidencia sin duda posible el diabólico cóctel partidos opositores+paramilitarismo+tráfico de dólares+guarimbas+crimen. El relato de los homicidas confirma las denuncias que los bolivarianos venimos haciendo. No se trata, como intentan hacer creer los pocos voceros opositores que se han referido al tema, de una “patraña” con fines electorales del gobierno. Existen vínculos, nombres, fotos, fechas, videos y confesiones voluntarias de los protágonistas que han sido dilvulgadas; en ello no hay ningún cálculo de nuestra parte más que establecer la verdad, resguardar la integridad de cualquier compatriota sin importar su simpatía política y mostrar las interioridades monstruosas del paramilitarismo a fin de seguirle cortando el trote.