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Foto: Archivo
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró este viernes constitucional el decreto del presidente Nicolás Maduro que establece el Estado de excepción en los municipios Bolívar, Pedro Marúa Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta del estado Táchira (suroeste), ubicado en la frontera con Colombia.
Esta medida aplicada por el Gobierno Bolivariano para recuperar el control y la seguridad fronteriza fue extendida a los municipios tachirenses de Lobatera, Ayacucho, Panamericano y García de Hevia, a partir de este sábado en horas de la madrugada.
Gracias a la Operación Liberación del Pueblo (OLP) se han desarticulado bandas criminales, paramilitares, contrabandistas y de explotación sexual, por lo que se determinó que el cierre en la frontera con Colombia será indefinido, “hasta tanto no se devuelva la paz”, dijo Maduro.
Por medio de una sentencia, el órgano judicial afirmó que el mandatario venezolano con la medida de excepción atendió una situación alarmante y grave en ese país suramericano, tras el ataque de paramilitares a efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), quienes investigaban el contrabando de productos hacia Colombia y otros delitos que atentan contra el equilibrio del Derecho Internacional y la paz en la zona.
Desde este sábado entró en vigor la segunda zona especial fronteriza decretada por el presidente venezolano Nicolás Maduro en otros cuatro municipios del estado Táchira, zona limítrofe con Colombia.
El Gobierno de Venezuela decretó el pasado 21 de agosto el estado de excepción en seis municipios del Táchira, estado fronterizo con Colombia, decisión que se tomó tras determinar la responsabilidad de grupos paramilitares en un ataque contra funcionarios de la FANB.
El presidente Maduro aseguró que en su país existen “células del paramilitarismo colombiano” que se dedicaban al ataque, la extorsión y el amedrentamiento de los ciudadanos, por ello decretó la suspensión de algunas garantías constitucionales y el cierre de la frontera con Colombia, apegado a la normativa de la Carta Magna.
Se activó una operación con funcionarios de las fuerzas de seguridad venezolana que logró desarticular numerosas viviendas utilizadas por mafias. También fueron detenidos más de 10 paramilitares, se incautaron materiales ilícitos y municiones de guerra.
Asimismo, más de mil personas indocumentadas fueron enviadas al Consulado General de Colombia, con el debido respeto a su integridad familiar y trato enmarcado en los derechos humanos.
teleSUR