Foto: Misión Verdad

Lo que interesa es analizar los diferentes sabotajes a infraestructuras como las de servicios vitales. Los casos de la electricidad y el agua han sido protagonistas, sin olvidar los sucesos ocurridos en Caracas en algunas estaciones de Metro. Estas acciones, que el Gobierno califica con buen tino de terroristas, parecen estar dirigidas no por amateurs sino por agentes que conocen a profundidad los entramados operativos que hacen funcionar los diferentes servicios.

No en balde el presidente Nicolás Maduro ordenó al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional (Ceofanb) a presentar «un plan especial contra el sabotaje y la guerra al sistema eléctrico» del país, que será ejecutado por cada Región Estratégica de Defensa Integral (Redi), Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) y Área de Defensa Integral (ADI), así como por las milicias bolivarianas.

Darle rango de seguridad nacional a los actos de sabotaje, sobre todo en el área eléctrica, es un primer paso para comprender el mapa de guerra sucia contra la población venezolana en un momento crítico en lo político, con elecciones presidenciales a la vista y una presión orquestada por actores internacionales que buscan facilitar una intervención «humanitaria» sobre Venezuela.

Los casos

Son varios los reportes de sabotaje en todo el territorio nacional sólo en el mes de febrero. La cuenta de Instagram del ministro Luis Motta Domínguez da cuenta de intentos de averías, perjuicios y deterioro adredes de los sistemas ubicados en las subestaciones de energía eléctrica del país, así como acciones de guerra sucia en el terreno.

A grandes rasgos, en febrero hubo tres grandes acciones de sabotaje al sistema eléctrico venezolano en los estados Miranda, Zulia y Yaracuy, más otros intentos y acciones menores.

• El primero fue reportado el 6 de febrero, cuando a horas de la madrugada un corte del sistema de aterramiento de un transformador ocasionó una explosión y, posteriormente, un incendio en la subestación Santa Teresa III, en el estado Miranda. Esto provocó apagones en el Distrito Capital, Miranda y Vargas.
• Ocho días después, el 14 de febrero, fue provocada otra explosión y posterior incendio en la subestación Santa Teresa III, estado Miranda, considerado el segundo mayor atentado del mes, ya que volvió a dejar sin energía a tres estados del centro geográfico del país, incluyendo Caracas. En la madrugada de ese día una persona falleció en Maracaibo, estado Zulia, en el momento en que igualmente intentaba sabotear la subestación eléctrica El Rincón.
• El 17 de febrero hubo un incendio en el cuarto de control de la subestación La Concepción, estado Zulia, lo que provocó que tres municipios zulianos estuvieran en penumbras por unas seis horas.
• El tercer gran sabotaje del mes ocurrió el 23 de febrero, con la explosión de un condensador en la subestación La Arenosa, línea 765, ubicada en Yaritagua, estado Yaracuy. Dejó a 11 estados del occidente sin electricidad. Las subestaciones Cabimas y Los Robles en Zulia también fueron incendiados.
• La última acción de cierta relevancia fue el 27 de febrero, cuya explosión e incendio en la subestación remota de Cumarebo, estado Falcón, dejó unas horas sin luz a algunos municipios de la costa noroccidental.
• Consecuencia del sabotaje a la subestación Santa Teresa III el día 14 de febrero, los sistemas Tuy I, II y III, que distribuyen agua dulce y limpia a la Gran Caracas y municipios aledaños, fueron afectados por la falla eléctrica.
• El 15 de febrero trabajadores de Hidrocapital agarraron a tres sujetos en lo que fue un intento de sabotaje a la Estación de Bombeo El Chorrito, estado Miranda, mediante la rotura de cables de alta tensión del sistema de agua potable. Uno de los individuos fue quemado un 80% de sus cuerpo debido a la manipulación de los cables.
• A todo esto debe añadírsele las solturas de bombas lacrimógenas en el Metro de Caracas los días 5 de febrero, en la estación Plaza Venezuela, y 19 de febrero, en la estación Capuchinos.
• El último caso a reseñar es el intento de sabotaje a la ferrovía del Sistema Ferroviario Central Ezequiel Zamora el 26 de febrero. Trabajadores del sistema de transporte que maneja la ruta Caracas-Cúa descubrieron piedras y cabillas en las vías puestas la noche anterior para descarrilar el ferrocarril.

Un dato que no puede ser desestimado: donde ocurrieron los principales incidentes en el área eléctrica también fueron puntos calientes de las guarimbas tanto en 2014 como en 2017. En Yaritagua, estado Yaracuy, fue denunciada la constante tranca de las carreteras y autopistas que pasan por el lugar durante ambos años; en Zulia, sobre todo en Maracaibo, se dieron profusamente enfrentamientos entre guarimberos -el frente armado- con los cuerpos se seguridad del Estado en el año pasado, además de darse en un contexto de estado fronterizo con Colombia; en Miranda, hablando específicamente de los Valles del Tuy, se ha detectado la existencia de corredores paramilitares.

Todos estos casos pudieran estar conectados íntimamente con agentes especializados en guerra sucia que venían formándose en los llamados «escuadrones de la muerte» del frente armado de la guarimba, así como sucedieron en varios lugares del mundo en contextos de guerra sucia contra países no alineados a la política de los Estados Unidos.

Paralelismos con otras guerras sucias

Profusas son las pruebas de guerra sucia por parte de EEUU en la historia no sólo latinoamericana, también se extienden sus tentáculos en África y Eurasia. Los distintos manuales de sabotaje de la CIA proponen métodos y formas para diferentes papeles y según el contexto.

Incluso estos manuales de la CIA eran repartidos entre trabajadores y directores de fábricas, con sugerencias de cómo averiar objetos y sistemas con sigilo.

Pero las diferentes modalidades de golpe y guerra de desgaste se experimentaron en Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe. Para el caso venezolano es más conveniente ver los paralelismos con lo sucedido en Nicaragua durante la década de 1980. Las agencias de inteligencia estadounidenses repartieron a grupos antisandinistas y a la Contra manuales de sabotaje, uno de ellos disponible para su descarga en nuestro portal.

La Contra nicaragüense tenía por objetivo derrocar al gobierno sandinista de Daniel Ortega por la vía de las armas, el terrorismo y el sabotaje, financiada directamente por EEUU a través del contrabando de armas y el narcotráfico. Este grupo tenía como centro operacional la frontera entre Nicaragua y Honduras, y fungía como un ejército de ocupación intermitente. Tenía entre sus comandos operacionales una división entrenada específicamente en técnicas de guerra sucia, que llevaron a cabo operaciones de sabotaje en las principales ciudades nicaragüenses, entre ellas Managua.

En tiempos de Guerra Fría, el gobierno estadounidense se dedicó a apoyar acciones que podrían considerarse flagelaciones a los derechos humanos, como fue el respaldo financiero, operativo e incluso militar de la guerra sucia que mantenía la junta militar de Jorge Videla, en Argentina, sobre la población local, en el marco de la «guerra contra el comunismo».

Más recientemente se reportaron grandes canales de financiamiento estadounidense a la guerra sucia que acontece en Sudán del Sur, similar a lo acontecido en Angola y Mozambique a mediados del siglo XX durante las luchas de liberación nacional africanas.

Lo importante de entender estos paralelismos es que en Venezuela se practican técnicas y situaciones que ya han tenido curso en la historia de la región y en otros lados del mundo. EEUU suele armar grupos irregulares, darles financiamiento y entrenamiento, para luego tercerizar sus servicios en contra de poblaciones enteras de una nación.

Momento político e internacional de los sabotajes

Sabiendo que es una sistemática política de guerra estadounidense, los sabotajes a infraestructuras vitales en Venezuela, hoy, tienen implicaciones que van más allá de ellos. Sobre todo si tomamos en cuenta que la vía política para llegar al poder (a la fuerza o constitucionalmente) por parte de la oposición venezolana está prácticamente ahogada, incluso por la vía de reeditar una revolución de color.

Hasta este confín llega el antichavismo debido a su papel de intermediaro de las potencias occidentales. Convertir al «problema venezolano» en un conflicto a escala internacional, como hicieron con Libia y, más recientemente, en Siria, era necesario para los diferentes intereses que tienen entre ceja y ceja la incomodidad del movimiento que tuvo como líder a Hugo Chávez y ahora al presidente Maduro.

A tomar en cuenta es el anuncio de las próximas elecciones presidenciales por parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y el Centro Nacional Electoral (CNE), ya que desde ese entonces, a principios de febrero, comenzaron a profundizarse los sabotajes, en cantidad y en cualidad de consecuencias. Otros antecedentes inmediatos, a modo de disparadores: las declaraciones del jefe de la CIA, Mike Pompeo, sobre las sanciones financieras aplicadas contra Venezuela y la reciente gira del Secretario de Estado, Rex Tillerson, por países líderes del Grupo de Lima. En política no existen coincidencias.

Parece que la estrategia de la oposición en torno a las presidenciales es la de llamar al abstencionismo, como ya lo hiciera el año pasado y en otras oportunidades en las últimas dos décadas, y que tiene como principal patrocinante al Departamento de Estado. Esta variable tendría como base el descontento de la población sobre la situación nacional, con la ofensiva económica y financiera de un lado y del otro el corte del normal desenvolvimiento de los servicios básicos administrados por el Estado.

En el contexto internacional, los sabotajes se ven cada vez más frecuentes con varias amenazas, entre ellas un embargo petrolero que tendría consecuencias inmediatas en la cartera principal de Venezuela (vital para la importación de bienes primarios como alimentos y medicinas) y una «opción militar» previamente confirmada por Donald Trump y otros funcionarios estadounidenses.

Colombia asimismo se encuentra muy activo en el frente internacional contra el país, y al contrabando de extracción aupado por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos se une la sustracción de materiales robados en el sector eléctrico.

A través de grandes cadenas de medios se vende la imagen de una Venezuela que se encuentra en un estado de descomposición social, de colapso, en el marco de lo que llaman jurídicamente un «Estado fallido». Ahí donde operan los sabotajes se extiende una criminalización de la gestión gubernamental, como efectivamente lo anuncian voceros de la oposición y actores externos que buscan acentuar la dura situación del país con fines desestabilizadores.

Por ende se debe tener en cuenta las acciones de lesión a las infraestructuras estatales como método de desestabilización no sólo de los mecanismos del Estado como ente regulador y de estabilidad del país, sino como arma contra la población en un momento crítico para Venezuela.

De la guarimba a la guerra sucia

Por último, cabe observar un movimiento subterráneo que se está dando en el marco de la guerra contra Venezuela. Mientras que en los medios y las redes sociales se habla de política, los ires y venires de la MUD y las propuestas del Gobierno Bolivariano para salir de la asfixia económica y financiera, detrás de escena emerge una estructura heredera de las guarimbas que podría estar llevando a cabo acciones irregulares de gran y mediana repercusión.

Conocemos de sobra la carta paramilitar que se intenta injertar en el país. El grupo terrorista de Óscar Pérez estaba entrenado en tácticas irregulares de sabotaje, asaltos armados y actos de conmoción pública, además de poseer los recursos profesionales para los distintos despliegues requeridos.

Ese grupo (junto a otros, no visibles aún), que mutó de grupo de «La Resistencia» y remanentes de los cuerpos de seguridad del Estado a célula paramilitar, ante la imposibilidad de asumir una actitud beligerante contra el Estado -eso que intentó Óscar Pérez y en el pasado reciente los grupos armados en las guarimbas-, viran sus operaciones hacia acciones de sabotaje selectivos y con una repercusión importante sobre la vida de la gente. Instalar un estado terror e incertidumbre como efecto político inmediato para perjudicar el ambiente electoral, podría ser apenas la punta del iceberg.

El tiempo de respuesta de los organismos competentes en reestablecer la operatividad de los sistemas, en cuya longevidad se podría seguir la movilidad y los planes de contingencia en materia de seguridad que se activan durante un apagón eléctrico, y el sabotaje hecho como elemento de distracción de las mismas acciones paramilitares, fueron estudiados por grupos como los de Óscar Pérez.

Un análisis de estas acciones confirman que todo lo anterior forma parte de estrategias enmarcadas en escenarios de acciones paramilitares, y más en ciudades como Caracas y Maracaibo, donde la movilidad depende altamente de medios de transporte masivos como el Metro, que dejan de funcionar sin energía eléctrica.

La deriva del momento, que apunta hacia un fortalecimiento político y electoral del chavismo con miras a las presidenciales, acorta las cartas sobre la mesa colocando la violencia -en un formato más tecnificado y selectivo- como recipiente político del bloqueo financiero y la guerra económica en curso y teledirigida por EEUU. Y la semántica de los poderes transnacionales juegan un papel clave: acciones terroristas gozarán de respaldo internacional en el marco de buscar el «restablecimiento de la democracia» en Venezuela, o debidamente emitidas para hinchar el expediente de «Estado fallido» que requiere una intervenciín de tipo «humanitaria».

La conformación de una división de guerra sucia en las sombras es más que probable, tomando en cuenta que el frente armado de la guarimba se encuentra guarecido como vanguardia. Es el tiempo de los sabotajes teledirigidos, y por ello el presidente Maduro tomó la decisión de volverlo un asunto de seguridad nacional. Porque es estratégico para la nación.

Misión Verdad