Noticias / Opinión

3.Jul.2018 / 11:18 am / Haga un comentario

Foto: Misión Verdad

Foto: Misión Verdad

Por Ana Cristina Bracho

Así, lo primero que nos quedó claro fue que la Organización de Estados Americanos (OEA), órgano desde el cual Estados Unidos ha administrado el sur de América, tiene más de una década activando los mecanismos oficiales para juzgar la cuestión venezolana y que, tras la salida de Venezuela de la organización, se encuentra desprovista de sus principales herramientas.

En el presente documento examinaremos cuáles son las acciones que se han desarrollado desde el año 2016 que desembocaron en la remisión de un informe, según el cual en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad cuya autoría intelectual ha sido atribuida al presidente de la República Nicolás Maduro Moros.

Detalles de los tiempos del golpe de Estado contra Chávez

El cuestionamiento o la historia de desconfianza ha sido mutua. Sobre todo después de la actitud de la organización con relación a los hechos de abril de 2002, de los que rescatamos la memoria narrada por Ilenia Medina, quien recuerda:

“Previos a los días del 11 de abril, llovían medidas cautelares y declaraciones destempladas contra el Gobierno venezolano por parte de la CIDH. Montaban el expediente para explicar los sucesos que más tarde ocurrirían en Venezuela. Con tan poca importancia daba a las aclaratorias y reclamos que hacía continuamente nuestra Delegación. El colmo del sesgo fue cuando la Comisión recrimina al gobierno de Venezuela las continuas cadenas informativas mediante las cuales se informaba al pueblo sobre el fracaso del paro patronal y cetevista. La advertencia del embajador Jorge Valero, a Cantón y al Presidente de la Comisión, respecto a que estaba en pleno desarrollo un golpe de Estado, contra un gobierno constitucionalmente electo, no fueron razones suficientes para detener sus ataques contra nuestro país. Era abiertamente agresiva la aptitud (sic) de la Comisión, explicable por el relacionamiento cómplice con quienes eran la cara visible de la oposición en la ofensiva internacional.

“(…) Si bien, ciertamente, debemos reconocer que los Jefes de Estado reunidos en el Grupo de Río, en Costa Rica, el 12 de abril, actuaron oportuna y consistentemente, condenando el golpe de Estado e invocando la realización de una Asamblea General de la OEA para valorar la situación. Este Organismo sometido a una fuerte presión de Estados Unidos aprobó apenas una modesta resolución, cuando era prácticamente un hecho el retorno inminente del Presidente.  Debe resaltarse, sin embargo, la derrota sufrida por Estados Unidos al pretender que la resolución incluyera una condena al presidente Chávez, como supuesto responsable de lo sucedido. No obtuvo respaldo. No pudo utilizar la justa causa de los derechos humanos, como argucia, para deponer a un Presidente amado por su pueblo. Sin embargo, todos recordarán la famosa visita que realizara a Caracas, un mes después, en mayo de 2002, Santiago Cantón y la CIDH”.

Tras estos sucesos y en la medida que su pensamiento ideológico se fue depurando, el Comandante Chávez llegó a entender a la OEA con la misma claridad con que lo hiciera el Comandante Fidel Castro cuando, desde los mismos salones, se pretendió detener la Revolución Cubana.

Por ello, Chávez en 2009, al referirse a la OEA, dijo: “¿Para qué sirve la OEA? No sólo es que no sirve para nada, no, es que le sirve a los intereses del Imperio, a los intereses hegemónicos del capitalismo mundial, y eso hay que denunciarlo”.

Desde un punto de vista institucional, tenemos que recordar que la OEA funciona como la conjunción de distintas oficinas. Algunas, como el Consejo Permanente, actúan de manera parlamentaria, y sus posturas van a ser aquellas que adopten, en caliente, las mayorías continentales. Otras, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se derivan de la Asamblea General y están representadas por Comisionados o Jueces que tienen independencia de la lógica parlamentaria y actúan en roles jurisdiccionales en sentido amplio.

Son estas las más fuertes y en las que hubo siempre una conformación más rabiosamente antivenezolana. También, fue la primera espada que se desactivó cuando Venezuela denunció la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos poniendo un límite temporal a sus funciones, y con ello arrastró la capacidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de lograr actos de los que se derivasen obligaciones individualizadas sujetas a un procedimiento de supervisión de cumplimiento.

Desde 2016: la Carta Democrática Interamericana

Con ese libro a punto de cerrarse y una nueva correlación de fuerzas en el continente, el debate se desplazó a los foros políticos, en los cuales el primer escenario se presentó en mayo de 2016, cuando, desde su Twitter, el Secretario General de la OEA anunció que la Carta Democrática Interamericana sería aplicada a Venezuela.

Este instrumento, de pocas hojas y poco rango jurídico, formó desde ese momento y hasta la actualidad en una referencia obligatoria en el discurso de la oposición. Al punto de que el abogado y entonces presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges consideró, en marzo de 2017, que esta resolución -no es un tratado- primaba sobre la Constitución. Por lo que llamaba a los militares venezolanos a derrocar al gobierno del presidente de la República Nicolás Maduro Moros.

Sobre su contenido, hemos de ver que para la OEA, o al menos lo que declaraba en septiembre de 2001, son los gobiernos de los Estados miembros los que, en virtud del artículo 17, cuando consideran que está en riesgo “su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del Poder”, los que pueden solicitar asistencia para “el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática”.

El gobierno es el Ejecutivo, y esto es así en todos los sistemas presidencialistas en los que el Primer Dignatario nacional ejerce la función de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, como ha sido en Venezuela desde la primera Constitución. Éste es quien ha de solicitar al Secretario General de la OEA la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, o, al que de conformidad con el artículo 18, debe requerirse su consentimiento para visitar, opinar y actuar en el territorio del país miembro de la OEA.

Esta regla general conoce una sola excepción que es la que invocó, en 2016, el secretario general Luis Almagro, contenida en el artículo 20, que le permite a este funcionario hemisférico convocar al Consejo Permanente de la Organización donde podría decidirse la adopción de “medidas diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática”.

Si el término “medidas diplomáticas” resulta vago, en principio refiere que no pueden adoptarse medidas coactivas, en especial de agresión o de fuerza, aunque en el pasado se han venido implementando sanciones económicas aparejadas con ellas. Ahora, no es al Secretario General, en ninguno de los supuestos, a quien le toca decidir ni aplicar. Su rol se agota a solicitar, esta vez en primer lugar, al Consejo Permanente de la OEA que, de conformidad con la Carta de la Organización, es un órgano de la Asamblea General compuesto por un representante de cada Estado nombrado por su gobierno.

Es interesante tener en cuenta que, desde entonces, hace dos años, hemos visto sucederse votaciones en las cuales, sin lograrlo, Estados Unidos, ahora junto al Grupo de Lima, ha intentado obtener los votos que permitan aplicar el documento, y que esto empezó a suceder cuando lograron consolidar el golpe parlamentario en Brasil, suponiendo que con este voto adicional y el ejemplo disuasivo que significó la destitución de Dilma Rousseff, los países latinoamericanos serían cada vez más obedientes.

En 2017: la OEA milita con la oposición

Había empezado entonces una alianza abierta entre la Organización de Estados Americanos (OEA) y la oposición institucionalizada en la Asamblea Nacional, con discursos en simultáneo, promesas imposibles y el propósito de desterrar al chavismo cuando, en 2017, se usaría el pretexto de unas sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para activar la Fiscalía General de la República en contra del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Electoral y las otras autoridades del Poder Ciudadano.

Podemos ver cómo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que aún tenía competencias para conocer de Venezuela, empezó el año muy activa, en especial en el otorgamiento de medidas cautelares que ordenaron al Estado hacer o no hacer, a los fines de proteger sujetos que estimó particularmente vulnerables.

Estas fueron sus decisiones sobre Venezuela en 2017:

  • Resolución 1/17
    MC 475/15 – Miembros del partido Voluntad Popular, Venezuela
  • Resolución 2/17
    MC 994/16 – Lorenzo Mendoza y su familia, Venezuela
  • Resolución 12/17
    MC 616/16 – Luis Florido, Venezuela
  • Resolución 15/17
    MC 248/17 – Henrique Capriles Radonski, Venezuela
  • Resolución 27/17
    MC 449/17 – Luisa Ortega Díaz y familia, Venezuela
  • Resolución 35/17
    MC 533/17 – Williams Dávila, Venezuela
  • Resolución 37/17
    MC 309/17 – Johonnys Armando Hernández, Venezuela (caso de salud. Hemofilia)
  • Resolución 45/17
    MC 600/15 – Angel Omar Vivas Perdomo, Venezuela
  • Resolución 50/17
    MC 383/17 – Santiago José Guevara, Venezuela (caso de salud)

Cuando estos hechos sucedieron, la persistencia en la idea de aplicar la Carta Democrática Interamericana, la permanente intervención de funcionarios de la OEA en Venezuela y la relación personal del Secretario General de la OEA con la oposición, el gobierno de Venezuela decidió retirarse del organismo interamericano.

Esta decisión fue comunicada a la organización multilateral el 27 de abril de 2017 mediante la entrega a la Secretaría General de una carta en la que Venezuela señaló la decisión de denunciar la Carta de Bogotá y acogerse al procedimiento de separación previsto en dicho documento, que dispone un lapso de dos años para que esta decisión rinda sus efectos.

En la búsqueda de una causa penal

Pese a ello, siguieron siendo constantes las declaraciones de Luis Almagro sobre Venezuela, de las cuales debe destacarse las proferidas en septiembre de 2017, donde anunció que había nombrado un “panel de expertos” para valorar si “el caso de Venezuela debía ser remitido a La Haya”, a la vez que recibió de miembros de la “resistencia” una solicitud para que, desde la OEA, le fuese aplicado al presidente Nicolás Maduro la Convención de Palermo.

Un dato importante de la decisión de convocar a un “panel de expertos” es sobre quiénes lo conforman. Los cuales eran, según la referencia contenida en La Patilla, “Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y ex secretario ejecutivo de la CIDH; el costarricense Manuel Ventura Robles, ex juez de la CorteIDH, y el canadiense Irwin Cotler, presidente del Centro de Derechos Humanos Raul Wallenberg y ex ministro de Justicia”.

En aquella nota se obviaron algunos datos. Por ejemplo, Santiago Cantón, a quien nos referimos antes como miembro de la OEA cuando el golpe de Estado de 2002, cuando dicha institución negó una medida cautelar a favor del entonces Presidente depuesto Hugo Rafael Chávez Frías, fue el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre agosto de 2001 a junio de 2012, periodo aquel donde el sistema interamericano de derechos humanos fue inusualmente activo sobre Venezuela.

El mismo también ha dado numerosas declaraciones, algunas incluso rendidas antes de dar sus resultados como experto convocado por la OEA, sobre su opinión favorable a enjuiciar ante el sistema penal internacional al Presidente de la República de Venezuela.

Hace un par de años en Venezuela, se tuvieron noticias del canadiense Irwin Cotler, quien fue presentado a la opinión pública como el abogado que había defendido a Nelson Mandela y que vendría a litigar en el caso de Leopoldo López, entonces detenido en Ramo Verde. Lo que fue desmentido por la Embajada de Sudáfrica en Venezuela, quien dijo que no existían los vínculos de Cotler con Mandela ni con el pueblo sudafricano.

Sólo es más discreto el perfil del antiguo juez, Manuel Ventura Robles, quien no se ha visto más allá de las actividades jurisdiccionales que pudo haber tenido vínculos directos y públicos, involucrado con la intención de derrocar el proceso bolivariano.

 

Hacer un comentario.




Los comentarios expresados en esta página sólo representan la opinión de las personas que los emiten. Este sitio no se hace responsable por los mismos y se reserva el derecho de publicación. Aquellos comentarios que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, que estén fuera de contexto y/o que atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, este sitio se reservará el derecho de su publicación. Recuerde ser breve y conciso en sus planteamientos. Si quiere expresar alguna queja, denuncia, solicitud de ayuda u otro tema de índole general por favor envíe un correo a contacto@psuv.org.ve