Hace 55 años, con la anuencia del Departamento de Estado estadounidense y la imposición de una élite política, se firmó en Caracas un acuerdo de coalición conocido como el Pacto de Punto Fijo, que decantó en un proyecto de gobierno cuya duración fue de 40 años, amparado por la vía constitucional para la represión y la exclusión.

Este pacto tuvo su origen en el extranjero, específicamente en Nueva York, en 1957, como una maniobra política para unir fuerzas en la lucha contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Reunió a Acción Democrática (AD) y sus otrora factores adversos Unión Republicana Democrática (URD) y el Partido Social Cristiano Copei, quienes habían respaldado el golpe contra Rómulo Gallegos en 1948.

Desde un primer momento este acuerdo estableció un comité para la acción política que tuvo como meta la toma del poder, sin embargo, no incluyó a los factores populares que en Venezuela hacían oposición al perezjimenismo, como lo fue la Junta Patriótica, liderada por el Partido Comunista de Venezuela (PCV).

«La presidencia del Comité será ejercida por un miembro prominente de Acción Democrática y la vicepresidencia por los socialcristianos.  Los comunistas, de común acuerdo con los otros, no figuran en la directiva para no despertar sospechas en los círculos anti-marxistas», reseñó el diario El Heraldo, un día después de la firma del pacto, el 10 de diciembre.

Una vez derrocada la dictadura el 23 de enero de 1958 por parte de las juventudes comunista y adecas, los líderes que estaban en el exilio desde 1948, con Rómulo Betancourt a la cabeza, comienzan a regresar entre enero y febrero para inicialmente incorporarse a la política amplia de la Junta de gobierno, pero con una agenda propia.

La firma

El viernes 31 de octubre de 1958, en la quinta Punto Fijo, ubicada en la urbanización Las Delicias de Sabana Grande, fue firmado el pacto que lleva su mismo nombre, donde se establecía que quien ganara las elecciones debe garantizar el «equilibrio democrático». Los firmantes fueron, por AD, Rómulo Betancourt, Gonzalo Barrios y Raúl Leoni; por URD, Jóvito Villalba, Ignacio Luis Arcaya y Manuel López Rivas; por Copei, Rafael Caldera, Pedro del Corral y Lorenzo Fernández.

El pacto acordaba «defender la constitucionalidad y el derecho a gobernar conforme al resultado electoral; formación de un gobierno de unidad nacional y elaboración y aplicación de un programa mínimo común».

Asimismo, proponía la selección de un candidato presidencial democrático único, la formación de planchas únicas para los cuerpos colegiados y la formación de un frente sobre la base de un programa integral de gobierno, aunque en un inciso expresaba que «los requerimientos de la unidad son compatibles con la eventualidad de diversas candidaturas y al efecto, los partidos quedan en libertad de sustentar su propio candidato presidencial».

“Era este pacto una suerte de partido único por el cual se pretenderá gobernar a Venezuela por siempre», explica José Sant Roz en su libro El procónsul Rómulo Betancourt. Memorias de la degeneración de un país, donde explica que la propuesta fue considerar los votos de las diferentes candidaturas como unitarios y de afirmación de la voluntad popular a favor del régimen constitucional.

El PCV, a través de un comunicado, expresó su acuerdo con el «ideal de la unidad», sin embargo, rebatió la propuesta de pluralidad de candidaturas. «Como nuestro partido ha luchado consecuentemente y sigue luchando por una candidatura de unidad extra-partido, mal puede suscribir acuerdos contrarios a esta justa aspiración popular».

Finalmente se impuso la pluralidad de candidaturas y para las elecciones del 7 de diciembre los abanderados a la presidencia de la República fueron Rómulo Betancourt (AD), Rafael Caldera (Copei) y Wolfgag Larrazábal (URD, PCV y MENI). Este último aceptó con reservas el respaldo del PCV, hasta el punto de aclararle a la opinión pública las condiciones de su «compromiso».

«No soy comunista ni tengo relación política de ninguna especie con las teorías comunistas», afirmó Larrazabal, «Pero soy, al mismo tiempo, un patriota integral que aspira ser presidente de todos los venezolanos y, en ese sentido, no puedo ni debo rechazar el respaldo que a mi candidatura brinde cualquier grupo de compatriotas».

El 6 de diciembre los tres candidatos suscriben el «programa mínimo de gobierno» elaborado por la comisión interpartidista y prometen organizar «un gobierno de unidad nacional, sin hegemonías partidistas en el cual estarán representadas las corrientes políticas nacionales y los sectores independientes del país».

Sin embargo, la exclusión del PCV de la firma del pacto en octubre, acordada un año atrás en Nueva York, mostró el espíritu anticomunista inscrito en la Guerra Fría que luego haría ver el victorioso Betancourt el día de su toma de posesión, el 13 de febrero de 1959, cuando señaló la «incompatibilidad» de la ideología comunista con el sistema democrático.

La falsa unidad

El primer resultado del Pacto de Punto Fijo es la exclusión de la izquierda del juego político, su persecución y la posterior ilegalización de las vanguardias que la representaban, como el PCV y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)—que nace de la base adeca en desacuerdo con los lineamientos del partido—lo que deviene en el proceso de autodefensa con la lucha armada urbana y rural.

Hasta ese momento la izquierda no se había constituido como oposición debido a que apostó al espíritu de unidad del 23 de enero y Betancourt, por su parte, continuó utilizando la Constitución de la dictadura (1953), que restringía el respeto a los derechos humanos hasta que en 1961 es promulgada la nueva Carta Magna, de la que enseguida suspende sus garantías constitucionales.

El 25 de julio de 1959 los partidos firmaron un pacto de coalición que estableció la participación de los tres grupos políticos (AD, URD y Copei) en las responsabilidades políticas y administrativas a nivel nacional, regional y local, proceso en el que se incorporan sectores de la mediana y alta burguesía, que ya estaban afiliados al seno de los partidos.

Ante este manejo político del gobierno, la posición deliberante la asumen los sectores de izquierda, a quienes se les responde con la militarización de la represión, detenciones, desapariciones, allanamientos de casas de partido y la clausura de sus órganos de difusión, como Izquierda y Tribuna Popular, en 1961.

Luego de las movilizaciones populares y los alzamientos militares de 1962 (Porteñazo, Carupanazo), el gobierno de Betancourt se inscribe en los esquemas de lucha antiguerrilla preparados en el extranjero, bajo la Doctrina de Seguridad Nacional, con la injerencia de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y el Pentágono. La máxima era «disparen primero y averigüen después».

La «unidad» nacional del país se hizo silenciando a las fuerzas vivas que mediante la lucha popular lograron la conquista de la democracia. De esta agresión surgió el esquema represivo característico de la democracia representativa, que se impuso hasta 1998.

Durante sus gobiernos se practicó la tortura, el irrespeto a los derechos humanos, las masacres como las del Liceo Sanz, Cantaura, Yumare, El Amparo y El Caracazo, junto a las desapariciones forzosas de activistas de izquierda como Alberto Lovera y Noel Rodríguez.

El Pacto de Punto Fijo deshizo el espíritu de unidad nacional que cohesionó al pueblo en la lucha contra la dictadura, afianzó la corrupción y la forma clientelar de hacer política, amparó la injerencia extranjera e incluso defendió sus intereses, como parte de un plan político y económico impuesto por las clases dominantes representadas a lo largo de cuatro décadas por el bipartidismo de AD y Copei.

AVN