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29.Abr.2016 / 11:03 am / Haga un comentario

Foto: Archivo

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La trama de la ofensiva contra la Revolución Bolivariana fue develada la noche de este miércoles por el propio Diosdado Cabello, quien sin ninguna duda puede considerarse el N° 2 del chavismo, cuando informó que quien organiza y financia una intentona golpista es el general y exministro fugitivo, Hebert Josué García Plaza, procesado por corrupción.

En su programa semanal Con el Mazo Dando, que transmite el estatal VTV Canal 8, Cabello reveló que los fondos con los que se alimenta la conspiración son los mismos que el alto funcionario se robó con contratos para comprar embarcaciones usadas con sobreprecio, concesiones para construir hangares, depósitos y hoteles en todos los aeropuertos del país, órdenes de compra de alimentos importados y una contratación con el mismo constructor de instalaciones aeroportuarias con el fin de restaurar todos los abastos de la red pública Bicentenario.

Es decir que a García Plaza el propio gobierno bolivariano, al ponerlo en cargos como el ministro de Transporte Acuático y Aéreo (primero) y luego como ministro de Alimentación, le colocó en las manos los recursos para que gestara la destrucción de la propuesta de transformación política, económica y social creada e impulsada por el Comandante Chávez.

Lo dramático del caso es que el general dos veces ministro y jefe del Estado Mayor contra la Guerra Económica, no actuó a escondidas. Sus negociaciones las hizo a la vista y no dejó de argumentar o justificar porque las hacía.

Por ejemplo, en octubre de 2013, García Plaza inauguró mejoras es el aeropuerto de Barcelona, estado Anzoátegui, y anunció la firma de una alianza estratégica con el sector privado para la construcción de 101 hangares para aviación general y talleres, así como 26 locales comerciales y plataforma de carga, en los que se invierten cerca de 1200 millones de bs bolívares, según una nota de prensa de la empresa estatal Bolivariana de Aeropuertos (BAER).

La alianza, con una supuesta Cooperativa de Hangares “General José Antonio Anzoátegui”, fue presentada como una expresión del “socialismo aeroportuario” (sic).

Mientras el ministro “subrayó que el gobierno requiere empresarios respetuosos que quieran invertir y apuesten por el desarrollo nacional”, el presidente de la cooperativa o empresa, Constantino Bonaduce, “manifestó que es posible el trabajo conjunto entre la empresa privada con el Gobierno para el progreso del país, especialmente con el estado Anzoátegui”, destaca la nota informativa.
Paralelamente el ministro realizaba otros notorios avances en la construcción del socialismo acuático con las gestiones para comprar tres ferrys que realmente habían llevado “rosca”. Uno viajaba varias veces al día entre Gibraltar y el norte de África, otro hacía algo parecido en unos lagos en Canadá, y el tercero tenía un bojote de años de operación.
Con el pago de más de 50 millones de euros las tres aeronaves fueron traídas a Venezuela, pintadas, maquilladas y con otros nombres. Incluso, una de ellas cambió su nombre de “Federico García Lorca”, en homenaje al poeta comunista, fusilado por los monárquicos durante la guerra cívil, por el muy eclesiástico de “San Francisco”.
Cuando comenzó el traslado al continente, una parada obligada en las islas Canarias, permitió que aficionados a las embarcaciones documentaran el evento y reportaran que se trataba de barcos muy usados y con al menos diez años de operación.
Para el momento García Plaza parecía un mariscal de campo, al frente de la ofensiva contra la guerra económica. Fue la época del “Dakazo” y de las inspecciones de cantidad de establecimientos que incrementaban los precios en 1000 y 2000 por ciento.
Los ferrys comenzaron a funcionar entre tierra firme y Margarita y todos felices se olvidaron de lo gastados de los equipos, hasta que a los pocos meses comenzaron a fallar.
Cuando el escándalo estalló en 2015, ya García Plaza era ministro de Alimentación, y también en esa parte de la administración comenzaron a verse las costuras.
Varias sucursales de abastos Bicentenario, en plena agudización de la escasez y en medio de la guerra económica, quedaron fuera de operación desde finales de 2014. Uno fue el de Puerto La Cruz, donde el presidente Nicolás Maduro, con estilo chavista, debió armar un “peo”. En medio de una transmisión en vivo le preguntó a alcaldes y gobernadores sobre la situación y su ausencia de repuesta permitió suponer que no sabían nada del asunto.
El hecho es que tras la investigación de emergencia se descubrió que el contratista de las reparaciones era el mismo de los hangares y depósitos de aeropuerto, el mismo Constantino Bonaduce, un acaudalado empresario de origen italiano.
Pero no sólo tenía el contrato de ese supermercado: en realidad le habían entregado un contrato general para restaurar toda la red de tiendas a nivel nacional. Para eso habían contratado a Protécnica, intervenida por el Estado por formar parte del Grupo Pro, de Ricardo Fernández Berruecos, propietario del quebrado Banco Canarias. Al estar intervenida la asimilaron a una empresa estatal y realizaron la contratación en forma directa.
Luego Protécnica subcontrató los trabajos con la compañía Himalaya Servicios, propiedad de Bonaduce. El escándalo llevó a la cárcel al empresario y a dos o tres de los administradores de Protecnica. Sin embargo, al menos dos no fueron procesados y a otro (sobrino de un alto funcionario) se le dió la libertad con una medida sustitutiva.
 
Entretanto el general se escapó y terminó pactando con los gringos como única forma de poder disfrutar su riqueza obtenida sobre las carencias de los venezolanos.
Por lo menos, tan grotesca actuación ha servido para desarrollar acciones que permitan descubrir y sancionar acciones similares. Este año el despacho del Interior puso en marcha la llamada Operación Gorgojo que ha logrado la captura y juicio de los expresidentes de Cval y de Abastos Bicentenario, al igual que los empresarios que se beneficiaron con los fraudes.
Uno de los casos más llamativos y vulgares es el del desvío de carne importada con divisas preferenciales. Entre 2014 y 2015 sólo esos dos “empresarios” recibieron entre 150 y 200 millones de dólares a la tasa de 6,30 bolívares por dólar, para traer unas 150 mil reses desde Brasil.
Además de desviar a restaurantes de lujo o venderla a precios muy por encima de los regulados,lo más llamativo es ni siquiera los precios fijados oficialmente se acercaban al valor promedio con base en la tasa protegida. En promedio cada kilo de carne tendría un costo de un dólar, pero el precio regulado no bajaba de los 200 o 250 bolívares, mientras que el precio de mercado siempre superaba los 1 mil bolívares. Es decir, el sobreprecio podría estimarse en un 20 mil por ciento.
Con tamaña malandrería, las colas, la arrechera y la incertidumbre se dispararon y realmente fue un milagro que el chavismo hubiera sacado 5,5 millones de votos y que el descontento se contuviera con la abstención. Muy pocos votos de este lado se fueron para la oposición.
Hoy la vaina está más dificil. A la escasez repotenciada y al inmovilismo del aparato estatal, se suma en estos meses la crisis eléctrica e hidrológica por efectos del fenómeno de El Niño. Sin embargo, nos cuesta recordar el proyecto de Chávez para adquirir plantas de generación termoeléctrica de ciclo combinado, y liberar la demanda de la industria petrolera. Ese caso, de corrupción o al menos de ineficiencia, está pendiente de investigar.
Y si alguien se pone a hacer una lista les aseguro que serían centenares de casos. Y cada caso reúne a 5 o 10 golpistas en potencia que no quieren perder su botín y mucho menos ir a la cárcel.
La vaina realmente indigna o para ser precisos, da arrechera. Por una parte, porque ese ladronismo descarado nos ha puesto a pasar trabajo, y por el otro, porque ha puesto en riesgo de muerte a este ensayo mágico promovido por Chávez. Pero sobretodo, porque quienes se han beneficiado del fraude han sido sectores de la burguesía comercial y financiera ligados orgánicamente a la oposición de derecha.
Revisen y se darán cuenta. Toda la mal llamada boliburguesía realmente es la misma burguesía radicalmente derechista y fascista. Por sólo citar un caso: un cuñado de Ramos Allup es socio de la firma contratada para vender las plantas eléctricas. 
Es decir, no somos los chavistas (no tengo amigos o compañeros que hayan robado ni yo lo he hecho) sino unos cuantos disfrazados de rojo pero con corazón y cabeza neoderechista los que se han apoderado de muchos recursos.
Por eso, cuando desde este lado se descubren situaciones de corrupción, la derecha calla descaradamente. Incluso en aquellos casos que pudieran ser usados políticamente contra la Revolución y que podrían favorecerlos electoralmente. No dicen ni hacen nada contra los corruptos. Y eso paso porque los corruptos son ellos mismos.
Lo que han logrado exitosamente es que el chavismo asuma las culpas y también calle y proteja a sus cómplices.
 
Hay gente absolutamente honesta que me ha dicho que hablar o exponer tantos casos de peculado e irregularidades le puede hacer daño al “proceso”. Cuando en realidad lo único que puede salvar esta Revolución es la confrontación más radical con la corrupción.
No hacerlo equivale a sumarse al golpismo…
V.H. Majano
 

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