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Foto: AVN
Desde inicios de abril, la autodenominada Mesa de la Unidad (MUD) ha convocado acciones de calle que han derivado en una sedición armada contra la República, que opera mediante grupos de choque entrenados y financiados por sectores radicales de la coalición de derecha, cuyos argumentos para justificar su actuación han mutado, al punto de contradecirse, a lo largo de 55 días de acciones.
En principio, estas acciones de calle eran justificadas por la coalición opositora con la supuesta exigencia de la definición de una fecha para las elecciones regionales, pendientes desde diciembre de 2016, que fueron retrasadas por la solicitud de referendo revocatorio ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), iniciada por la misma cúpula opositora durante ese año.
Sin embargo, ante el anuncio de fecha para las elecciones regionales realizado el pasado martes por el Poder Electoral, que estableció los comicios para el próximo 10 de diciembre, la MUD rechazó la convocatoria y apela a ésta para seguir promoviendo su agenda de calle.
Freddy Guevara, diputado de Voluntad Popular, propuso desconocer la autoridad del Poder Electoral y convocó a un referendo para consultar la realización de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), instancia cuya activación no requiere referendo aprobatorio, de acuerdo con la Constitución de 1999.
Una postura similar expresó Julio Borges, parlamentario electo como presidente de la Asamblea Nacional (AN) mientras esta instancia se halla en desacato, quien restó valor a la convocatoria y llamó a mantener la agenda de calle. «No caeremos en la trampa de las regionales», expresó a medios privados.
Con esta posición, la organización opositora deja en el olvido el primer argumento con el que llamó a movilizaciones: la emisión de las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en las que el órgano judicial asumía las funciones de la Asamblea Nacional en desacato, anulada por decisión de su propia directiva.
Ante esta acción jurídica, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, pronunció su desacuerdo, por lo que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a una reunión de urgencia del Consejo de Defensa de la Nación para resolver las diferencias entre los poderes públicos, lo que resultó en la corrección de los fallos del TSJ. Sin embargo, la MUD insistió en las acciones de violencia política motivada por esas sentencias.
Con el cambio de argumentos, sectores de oposición insisten en impulsar la sedición armada, que la narrativa mediática de la derecha disfraza de «protestas pacíficas» y cuyo objetivo fundamental es quebrar el estado de derecho, romper el hilo constitucional y provocar una interrupción adelantada y violenta del Gobierno Constitucional.
AVN