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Por Richard Canan
Estamos ante la perfecta repetición del tenebroso guión del fallido intento de invasión marítima llamada “Operación Gedeón”, donde mercenarios extranjeros y exmilitares criollos fueron contratados para, de una manera burda, derrocar al gobierno legítimamente electo por el pueblo venezolano.
Se nos viene a la memoria esta infausta historia de terror donde aparecieron como protagonistas nada menos que una empresa contratista norteamericana, prestadora de servicios privados de seguridad llamada “Silvercorp” y su pintoresco propietario, el mercenario y ex Boina Verde Jordan Goudreau. Con amargura, el contratista se quejaba ante los medios de que los maulas venezolanos habían contratado sus servicios profesionales pero no habían realizado el pago establecido en el “contrato”.
Del lado venezolano, las contrapartes del acuerdo comercial eran nada menos que el impúdico criminal Juan Guaidó y las joyitas Juan José Rendón y Sergio Vergara. Todos escurriendo el bulto, negando cualquier participación en la fracasada invasión. Los servicios contratados establecían específicamente la “captura, detención y remoción” por cualquier vía de las principales autoridades del gobierno venezolano. El golpismo subcontratado.
El macabro y certero magnicidio ejecutado en contra del presidente de Haití, Jovenel Moïse, recuerda amargamente la vulnerabilidad de los Estados, Instituciones y personalidades, frente a los inescrupulosos mercenarios que motivados por la ambición económica no tienen reparo a la hora de cometer sus repudiables crímenes. Hablamos de ejércitos enteros motivados únicamente bajo la premisa del señor dólar. No tienen mayor criterio político, moral, ético o respeto por los Derechos Humanos.
Estamos frente a “un acto inhumano, bárbaro y atroz”, como bien señaló el primer ministro Claude Joseph. Al presidente primero lo torturaron y luego lo asesinaron a sangre fría.
El ataque armado al filo de la media noche en contra de su residencia, ubicada Pétion-Ville en Puerto Príncipe, no tuvo ninguna resistencia por parte de los equipos de seguridad del presidente. Lo que da una idea tanto de la vulnerabilidad como de las complicidades internas aún por descubrirse en las investigaciones del caso.
Lo cierto es que este magnicidio se ejecutó en medio de un contexto de alta complejidad económica, política y de descontento social, pero que tenía en el horizonte las elecciones presidenciales y legislativas convocadas para el próximo 26 de septiembre.
La captura de la mayoría de los mercenarios involucrados, de nacionalidad colombiana y norteamericana, ha permitido rápidamente poner al descubierto el nefasto papel de las empresas contratistas de seguridad para tercerizar la guerra y los conflictos internos. Todo esto sin ningún tipo de respeto por las leyes locales. Hablamos de una conspiración transnacional para cometer un magnicidio, del contrabando y uso de armas de guerra, de secuestro, etc.
El primer elemento revelado por las autoridades es el papel de la empresa Counter Terrorist Unit Federal Academy LLC (CTU Security), radicada en Miami y cuyo propietario es un acérrimo opositor venezolano (seguidor de Guaidó, para más señas) llamado Antonio Intriago Valera. La CTU Security tuvo a su cargo la contratación de los mercenarios y el pago de sus gastos logísticos (pasajes aéreos y hospedaje). Esta gente es totalmente inescrupulosa, miserable y ruin.
Esta metodología de “subcontratar” los servicios de seguridad en países en conflicto lo patentó el inescrupuloso gobierno de Estados Unidos. Todos recuerdan a la mayor empresa contratista del mundo, Blackwater, por su responsabilidad directa en la masacre de civiles iraquíes en Bagdad en el año 2007.
En ese momento la empresa tenía “25.000 agentes privados” en Bagdad y ejecutaba un contrato con el “Departamento de Estado por valor de 1000 millones de dólares y gozaba de inmunidad legal”. Luego del escándalo la empresa únicamente cambió de nombre a “Academi” y forma parte de las contratistas estrellas del imperio norteamericano que reclutan mercenarios por todo el mundo gracias a contratos por “valor de 10.000 millones de dólares por cinco años para labores de seguridad”.
Con estas empresas “contratistas” en pleno funcionamiento, no es de extrañar que ocurran crímenes similares, como el magnicidio de Jovenel Moïse, en cualquier parte del mundo.