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3.Sep.2015 / 04:14 pm / Haga un comentario

Foto: Archivo

Inmenso ha sido el escándalo armado en los últimos días por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, con respecto a la supuesta violación a los derechos humanos por parte del gobierno de Venezuela, de los ciudadanos del hermano país que hacían vida ilegalmente de este lado de la frontera.

Cual Poncio Pilatos, Santos, quien jamás se ha ocupado de mejorar la condición económica y humana de los habitantes del Norte de Santander, se presenta este miércoles ante las cámaras con un rostro de indignación y de “berraquera” que le queda grande.

El jefe de Estado neogranadino se hace el paisa para desviar el debate y no encarar el conjunto de exigencias que desde hace muchísimo tiempo le ha venido formulando nuestro gobierno revolucionario.

Con una débil amenaza de denunciar a Venezuela ante organismos internacionales, se pretende opacar los efectos nocivos del contrabando de extracción y toda esa realidad perversa que es fomentada por el país vecino, que se legaliza a través de su aparato institucional, y que ha servido de plataforma y de incentivo a bachaqueros y a un sin número de delincuentes financieros.

A Santos, por ejemplo, parece no convenirle sentarse a discutir con las autoridades venezolanas sobre los estragos que causa en nuestra economía la Resolución número 8 del año 2000, emitida por la Cámara de Comercio de Colombia.

Esta, cabe destacar, crea y legaliza la figura de los cambistas y de las casas de cambio.

 Los cambistas, es necesario explicarlo, son profesionales de la compra y venta de divisas (entre estas, por supuesto, el Bolívar). Los mismos, sin mucho papeleo, se constituyen como empresarios y tienen la facultad de intervenir y de promover la devaluación de nuestra moneda.

Estos delincuentes institucionalizados toman como referencia, desde el año 2012, la cotización diaria de Dolar Today. La Resolución 8 les permite actuar bajo una figura que no puede calificarse como contrabandismo. La ley los protege. Ellos se conciben a sí mismos como comerciantes comunes.

Otras de las normas que al presidente colombiano parecen no interesarle son los impuestos cobrados por el alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez, a los bachaqueros y a los denominados “pimpineros” (contrabandistas de gasolina venezolana).

Estas tasas municipales les permiten a estos individuos extraer los productos de Venezuela y venderlos sin problemas del otro lado de la frontera.

Estos son, en definitiva, los temas y los puntos de los que Santos no habla.

 Su show electorero y mediático pretende desdibujar el meollo del asunto y enfocarse en presuntas tragedias humanitarias que, si nos fijamos con detenimiento, han sido generadas por las malas políticas de las autoridades colombianas.

 

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