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El 13 de noviembre de 2001 circuló en Venezuela la Gaceta Oficial No. 37.076, en la que se decretaron 49 leyes, vía Habilitante, con las que el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, enrumbó a Venezuela hacia un modelo de soberanía, inclusión y justicia social.
Esta segunda Habilitante prosiguió a la primera, aprobada por el Parlamento en 1999 por un lapso de seis meses, en los que fueron promulgados 53 Decretos-Ley, sin embargo, fue la de 2001, con sus 49 leyes, la que provocó la reacción de sectores pertenecientes al radicalismo más conservador de la burguesía venezolana.
De ese paquete de leyes, dos trastocaron los intereses y privilegios de las élites empresariales y tecnocrátas que construyeron su poder económico a través de los gobiernos de la cuarta República (1958-1998): La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, conformada por 281 artículos, reivindica los derechos del sector campesino frente a los intereses de la élite agraria representada en la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), dedicada a proteger sus grandes latifundios.
La norma está orientada a «eliminar el latifundio como un sistema contrario a la justicia, el interés general y la paz social en el campo» que además contempla «una justa distribución de las riquezas y una planificación estratégica, democrática y participativa para establecer las bases del desarrollo rural integral y sustentable y garantizar la soberanía alimentaria».
El mismo día en el que Comandante Chávez promulgó la Ley de Tierras, a través de las 49 Habilitantes, la burguesía terrateniente nacional, agrupada en Fedenaga, le declaró la guerra a la Revolución Bolivariana.
«Lo que pasa es que hay sectores minoritarios que se adueñaron de las riquezas de las tierras y tenían por costumbre su propio diálogo, para sus intereses, pero nunca oyeron ni consultaron a los campesinos de Venezuela», dijo el líder socialista en aquella oportunidad sobre al reacción de este sector ultraconservador.
Soberanía petrolera
La Ley de Hidrocarburos, con 68 artículos, fue aprobada por el Comandante Chávez para normar la actividad petrolera y recuperar el flujo de su renta e invertirlo en el ámbito social, como otra medida para profundizar el camino al socialismo.
Ante un evidente saqueo a la renta petrolera en la cuarta República —a través de la llamada Apertura Petrolera—, Chávez salió al paso con la promulgación vía Habilitante de esta herramienta legal que convirtió a Venezuela en un país con plena soberanía petrolera.
La nueva ley revirtió los intereses más profundos de quienes dirigían Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que a lo largo de décadas llenaban sus bolsillos con el dinero que correspondía a un pueblo ávido de reivindicaciones sociales.
Este nuevo instrumento acabó con los privilegios que tenían transnacionales del crudo y grupos elitistas de la oligarquía criolla, por lo que de inmediato planificaron un golpe de Estado el 11 de abril de 2002 y un posterior sabotaje petrolero para quebrar al país, generando una contracción de 9,2% del Producto Interno Bruto, mientras que la actividad económica cayó en un 27,7%.
Pese a estos ataques de la derecha, la conciencia del pueblo y la fortaleza del Gobierno revolucionario mantuvo la vigencia de esta ley, con la cual Venezuela logró rescatar su soberanía petrolera y además recaudó 289.737 millones de dólares en beneficio de los venezolanos.
Pese a las pérdidas provocadas por el Golpe de Estado y el sabotaje petrolero, entre 2001 y 2010, Pdvsa ha entregado de manera directa a la nación 83.834 millones de dólares para el desarrollo social, de los cuales 36% (29.459 millones de dólares) se ha destinado al Fonden, 33% (27.930 millones de dólares) a los Fondos de Inversión y 31% (25.995 millones de dólares) directamente a programas sociales.
La empresa tiene una participación de al menos 70% en todos los proyectos, además se reajustó el régimen fiscal a la legislación venezolana, y se certificaron reservas de la Faja Petrolífera del Orinoco por 297 mil millones de barriles diarios.
Luego de 13 años de la promulgación de esas leyes revolucionarias, aprobadas vía Habilitante, el legado de soberanía y justicia social de Chávez se mantiene vigente con la participación activa y consciente del poder popular.
AVN