Foto: Misión Verdad

Desde el día martes la MUD venía convocando una marcha por la capital mirandina. Según reportó Tal Cual los hechos de violencia iniciaron cuando grupos opositores que provenían de marchar desde Los Nuevos Teques, trancaron los cuatro canales de la carretera Panamericana y atacaron con objetos contundentes a la Policía de Miranda, que según la versión de este medio, se presentó en las inmediaciones para «verificar el cierre de las vías».

Relata Tal Cual que estos grupos violentos se salieron de control al derribar vallas en los distribuidores de La Matica, además de atacar con piedras la estación de la Guardia del Pueblo, lo que trajo como consecuencia una oleada de saqueos a 26 locales comerciales y colocación de barricadas en distintos sectores de Los Teques, para obstaculizar la acción de los cuerpos de seguridad del Estado.

Mientras esto estaba en desarrollo se posicionaba en redes sociales bajo el mensaje de «la resistencia» (utilizado exclusivamente por grupos radicales del antichavismo), el ataque con bombas molotov a vehículos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que buscaban contener la violencia, ante la ausencia complaciente de la Policía de Miranda, cuerpo policial responsable de la seguridad de los habitantes de Los Teques que en medio de los destrozos tuiteaba, como si no tuviera nada que ver.

La protesta no debe arremeter contras las personas ni las instituciones. La protesta busca una solución.

— Policía de Miranda (@valoryjusticia) 14 de abril de 2017

El gobernador del estado Miranda, intentando desvincularse del caos generado por la convocatoria realizada por la MUD días antes, traslado las responsabilidades de los hechos a «grupos paramilitares» vinculados al presidente Nicolás Maduro (sin mostrar ninguna prueba).

Sin embargo la acusación de Henrique Capriles no es aislada: se da como parte de una operación de propaganda (cartelizada por los principales medios) con el objetivo de demonizar nacional e internacionalmente al chavismo, intentando ubicarlo como grupos irregulares o «colectivos armados» que violan los derechos humanos y reprimen manifestaciones pacíficas. Todo en el marco de un expediente en curso para sumar falsos positivos a la ya adelantada maniobra internacional dirigida a imponerle a Venezuela una condición de Estado fallido que aumente la presión desde todos los frentes del golpe.

Pero esa condición, paradójicamente, tiene su versión más nítida en el estado Miranda, donde su autoridad principal y sus cuerpos de seguridad fueron rebasados por grupos radicales del antichavismo, dejando un saldo de importantes destrozos contra bienes públicos y privados. Lo que tampoco niega que eso sea, en parte, una decisión tomada con arreglo al plan golpista general. Así tuiteaba el gobernador y líder político de la entidad, evadiendo las responsabilidades para las que fue elegido y abandonando a los ciudadanos que debe proteger de acuerdo a la Constitución y las leyes del país. Omitir sus atribuciones (garantizar el orden público) es también una forma de complicidad que no por eso deja de tener rasgos de incompetencia.

La diputada por Un Nuevo Tiempo, Delsa Solórzano, a través de su cuenta en Twitter, afirmó (sin mostrar pruebas tampoco) que «los manifestantes en Los Teques» habían sufrido una «represión brutal» por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, contradiciendo la versión de Henrique Capriles de que los saqueos habían sido ordenados directamente por el Ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol. La dueña de una licorería saqueada en el centro comercial Imola de Los Teques, afirmó que quienes perpetraron los destrozos a su local comercial era la misma gente que partipaba en los disturbios y no los supuestos «colectivos» denunciados cómodamente por Henrique Capriles.

Al día siguiente en horas de la noche, personal de orden público de la Policía de Miranda fue atacado por manifestantes violentos con piedras y bombas molotov, siguiendo el mismo modus operandi de los disturbios en la Francisco Fajardo de esta misma semana, en la estación de coordinación general del cuerpo de seguridad estadal. Por su parte El Nacional y el periodista de sucesos Román Camacho, reseñaron que el atentado se dio en el marco de una protesta identificada con la oposición en el sector Ayacucho de Los Teques, dejando a un polimiranda herido.

#Miranda Los Teques, ataque a sede PoliMiranda eran de sujetos q aprovecharon protestas del sector Ayacucho, PoliMiranda controló situación

— Roman Camacho (@RCamachoVzla) 15 de abril de 2017

Aunque el gobernador del estado Miranda intentó desvincularse del caos generado en su jurisdicción endosando sus consecuencias al gobierno nacional, una acción terminó por delimitar políticamente el contexto de esas protestas, la cual despejó la confusión que se buscaba instalar. Un mercal y un módulo de Barrio Adentro, ubicados en la urbanización El Paso de Los Teques, fueron atacados en el marco de los disturbios antigubernamentales que se desarrollaban en el sector.

Según informó el alcalde del municipio Guaicaipuro, Francisco Garcés, al menos 30 personas han sido detenidas por los actos vandálicos ocurridos en Los Teques durante los últimos días, mediante la acción coordinada de efectivos policiales, militares y municipales. 

Ante la inacción y permisividad de Polimiranda (responsabilidad directa de Henrique Capriles), la GNB he reforzado su presencia en los sectores más afectados de Los Teques para evitar nuevos brotes programados de violencia y saqueos, que probablemente buscarán emerger con más fuerza debido a la convocatoria del 19 de abril, donde la dirigencia radical del antichavismo intentará un impulso mucho más agresivo en su agenda de golpe y caos generalizado.

Corte de caja

El presidente Nicolás Maduro en cadena nacional del 16 de abril, presentó pruebas preliminares sobre una investigación coordinada entre distintos poderes del Estado para identificar a los financistas y autores intelectuales de los múltiples destrozos y hechos vandálicos registrados en Venezuela durante las últimas semanas. Las primeras delaciones de los involucrados (Guido Rodríguez) en el ataque a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura del TSJ en Chacao, señalan a dirigentes y diputados por el partido Primero Justicia (Tomás Guanipa, José Guerra,  (Carmelo Rodríguez, secretario de organización de PJ), como responsables de planificar estas acciones y de pagarles 300 mil bolívares.

La misma organización política que ejerce, además, funciones de gobierno en el estado Miranda.

Pruebas que más allá de lo evidente con respecto a la violencia generada en los últimos días, refleja el financiamiento de los partidos de oposición a personas por fuera de su militancia para que perpetren destrozos, como también sus probables conexiones con factores irregulares y paracriminales, que quizás en su efusividad tampoco en Los Teques respetaron los límites impuestos por sus financistas y convocantes. 

Misión Verdad