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Foto: AVN
El 31 de marzo pasado la derecha venezolana dio a conocer un nuevo punto de su agenda: acciones de calle. Desde entonces, han sido cuatro los llamados a concentraciones y movilizaciones «pacíficas» en la capital, que paradójicamente han dejado como resultado focos de violencia.
Esa maniobra, que trasgrede garantías fundamentales como los derechos al libre tránsito, al trabajo y a la paz, va en contra del artículo 68 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, que indica que todos los venezolanos tienen el derecho de manifestar de manera pacífica, y otras disposiciones legales como la solicitud de permisos a las autoridades respectivas para movilizarse. Sin embargo, en las cuatro citas a manifestar y marchar, la derecha ha quebrantado las normas.
El 1º de abril —tras el llamado realizado un día antes por el diputado Julio Borge de tomar las calles, sin «tener miedo»— se realizó la primera concentración. Entonces, los dirigentes de la autollamada Mesa de la Unidad (MUD) que salieron a las calles de Caracas, instaban a sus seguidores a generar violencia, con un discurso agitador, y acciones de agresividad contra las fuerzas de seguridad.
Una muestra de ello fue la postura asumida por el diputado Juan Requesens, que personalmente intentó vulnerar una barrera de protección de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). En su discurso frente a los opositores que lo acompañaban, arremetió contra la institucionalidad y los Poderes Públicos.
La segunda acción fue el 4 de abril, cuando en una concentración en la avenida Libertador de Caracas, los convocantes llamaron a marchar hacia el centro de la capital sin la autorización respectiva. Tras el llamado, grupos de choque atacaron física y verbalmente a los efectivos de seguridad del Estado que resguardaban los accesos hacia el centro de Caracas; de la misma forma, se intentó obstaculizar el tránsito en algunas de la calles.
El jueves 6 de abril se convocó a movilizaciones desde siete puntos de Caracas hasta el distribuidor Altamira, de la Autopista Francisco Fajardo. Luego —como ocurrió el 11 de abril 2002— dirigentes de la MUD instruyeron a sus simpatizantes marchar desde dicho distribuidor hacia la Defensoría del Pueblo, en el centro de la capital. La violencia también se dejó ver en esa ocasión con obstrucción del tránsito y daños al liceo Gustavo Herrera, que colinda con la vía expresa.
El pasado sábado 8 de abril también se llamó a tomar las calles. Los focos de violencia comenzaron a registrarse desde las primeras horas con la agresión al equipo de prensa de VTV, y finalizó con el ataque con bombas molotov contra la sede de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, ubicada en la avenida Francisco de Miranda, municipio Chacao, estado Miranda.
En horas de la noche el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López, informó que sobre la contratación de grupos violentos por el partido opositor Primero Justicia (PJ) para cometer actos vandálicos en la avenida Libertador de Caracas.
Una vez más la derecha venezolana acuden a la violencia, el vandalismo y a las acciones terroristas para acceder al poder. Es una agenda de vieja data.
AVN