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Ante la intención de los diputados con mayoría de derecha en la Asamblea Nacional (AN), de destituir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), electos legalmente, el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, llamó a la unidad nacional de manera que se garantice la gobernabilidad.
«Venezuela hoy, por todo lo que hemos ido observando en los últimos tiempos, necesita de la unidad nacional y particularmente de los poderes públicos nacionales, incluyendo por supuesto el Legislativo», afirmó Saab en rueda de prensa desarrollada en Caracas, transmitida por Globovisión.
El pasado 23 de diciembre, la AN con mayoría del Gran Polo Patriótico designó a 13 magistrados principales y 21 suplentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 264 de la Constitución Nacional y los artículos 8, 38 y 40 de la Ley Orgánica del TSJ.
De acuerdo con el artículo 265 de la Constitución, la AN sólo podrá remover magistrados «mediante una mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, previa audiencia concedida al interesado o interesada, en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano, en los términos que la ley establezca».
Acompañado por el contralor general de la República, Manuel Galindo, el defensor señaló que cualquier conflicto entre poderes solo favorece a las personas que no desean ver la paz en Venezuela, por lo cual se mostró seguro que la Carta Magna sabrá atajar cualquier intento violento e ilícito.
«Nuestra Constitución está blindada y claramente delimitada para las más contradictorias o polémicas decisiones que pudieran tomar los poderes públicos nacionales (…) el principio de peso y contrapeso le permite a la democracia venezolana mantener el debate, por más duro que pueda ser», apuntó.
Asimismo, indicó que dentro de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática hay factores que buscan salidas corrosivas para la estabilidad del país.
«Hemos observado algunos aislados voceros, afortunadamente, porque ni siquiera hay unanimidad en el sector opositor sobre ese tema, prácticamente alentar una intervención extranjera en Venezuela; y eso es inaceptable».
Por ello, rechazó de manera contundente la extensión del decreto que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, emitió contra Venezuela, al considerarla una «amenaza» para su seguridad, y exhortó al presidente de la AN, Henry Ramos Allup, a unirse al repudio general.
«Ese es un tema que debe incluso hacer que los poderes públicos, incluyendo el Legislativo, rechace institucionalmente, constitucionalmente, tamaña y colosal despropósito», resaltó.
AVN