Como a la usanza típica de los viejos (y decadentes) imperios, Barack Obama envía un decreto de ley para que sea aprobado por el Congreso norteamericano –como si se tratara de un asunto de la política doméstica gringa– donde declara a Venezuela como una «amenaza» a la seguridad interna de EEUU. Básicamente da continuidad a una seguidilla de acciones legales en las que asume diversas decisiones contra Venezuela, como la Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil en Venezuela propuesta por Robert Menéndez, aprobada por el Congreso gringo con el apoyo de Marco Rubio e Ilieana Ross-Lehtinen, sobresalientes lobistas del fascismo en América Latina.

A los fines de «hacer efectivo» el mencionado Decreto ley de 2014, Obama arremete contra Venezuela coqueteando con decretos que en otras realidades se aplicaron sobre países como Siria. Uno de ellos fue el famoso Fondo de Alianzas Contra el Terrorismo, propuesto por Obama en un discurso de política exterior en junio de 2014 en West Point, pedido al Congreso que incluyó mil 500 millones de dólares para una «Iniciativa de Estabilización Regional» dirigida al Oriente Medio que se tradujo en más recursos para «la oposición siria» que «luchaba contra la tiranía de Al-Assad».

Al decretar a Venezuela como una amenaza, colocándola en una situación de riesgo inminente para la estabilidad regional y, en consecuencia, para la estabilidad gringa, Obama posiciona en el discurso lo que en términos de una guerra de cuarta generación se refiere a la creación del «enemigo visible» o la «amenaza creíble». Es ésta una fórmula muy empleada por el Gobierno gringo para desarrollar acciones con respaldo político de su población.

Desarrollada la campaña contra Venezuela y el manejo tendencioso de la opinión pública a escala de EEUU y a nivel internacional, dan el siguiente paso: criminalizan al país, decretándonos como amenaza, un asunto de «máxima emergencia nacional» para EEUU, para luego ir a otras acciones que seguramente tomarán.

¿Por qué un decreto de emergencia?

Si contrastamos la consideración de Venezuela como amenaza y «la necesidad» de que el Gobierno yanqui actúe con «emergencia», desde el derecho internacional comparado y desde las propias características de la legislación norteamericana, los decretos de emergencia que el Ejecutivo introduce para la aprobación del legislativo son en esencia cartas blancas para la actuación expedita del Ejecutivo, a los fines de «revertir» las mencionadas amenazas por las cuales se introduce el decreto de emergencia. Dicho de otra forma, en situaciones regulares la política exterior del Ejecutivo está siempre condicionada a las decisiones que debe refrendar el Parlamento en cualquier materia, excepto en aquellas que son de carácter de «emergencia» y que exigen la «actuación inmediata» del Ejecutivo.

Un referente de este tipo de legislaciones fue firmado por Obama el 18 de septiembre de 2014 por medio de una ley que amplió la autoridad del Pentágono para entrenar y armar a los rebeldes sirios «en la lucha contra el Estado Islámico», pero, al mismo tiempo, para derrocar a Bashar al-Assad, considerado «una amenaza» para Estados Unidos. Esta ley de financiamiento se enmarcó en el Decreto ley de 2011, mediante el cual el Congreso autorizó a Obama a actuar para preservar «la paz en el Medio Oriente» en torno a una Siria que comenzaba a calentarse, mientras Libia ya ardía en llamas. Esa ley forma parte de la llamada Política Integral de Seguridad para el Medio Oriente, que es, en esencia, el plan intervencionista gringo desarrollado bajo el supuesto de brindar «garantías» de estabilidad política en la zona energética del planeta, deponer «regímenes autoritarios» y «luchar contra el terrorismo».

Thomas Sparrow, corresponsal de la BBC en Washington, afirmó para esa cadena: «Cuando el presidente firma una orden ejecutiva en la que declara que hay un estado de emergencia, obtiene ciertos poderes excepcionales que le permiten, por ejemplo, imponer sanciones o congelar ciertos bienes». El Gobierno gringo asegura que tiene entre veinte y treinta programas de sanciones que están basados en declaraciones de emergencia similares y que son presentadas con un lenguaje similar a la de Venezuela. En años recientes Estados Unidos ha declarado estado de emergencia en países como Ucrania, Sudán del Sur, República Centroafricana, Yemen, Libia y Somalia; países con los que Washington ha tenido o tiene malas relaciones.

En Libia y Siria las sanciones comenzaron contra funcionarios de esos gobiernos y familiares de Gadafi y Al-Assad, respectivamente. Pero las sanciones gringas tienen el carácter de ser progresivas: se sostienen hasta que se desista de la acción intervencionista o se mantienen hasta que el intervencionismo consigue sus objetivos. Las sanciones iniciales suelen ser seguidas de nuevas sanciones que son implementadas para «consolidar los objetivos planteados en las sanciones iniciales». Es así como tales sanciones evolucionaron contra esos países hasta convertirse en embargos económicos y militares, para dar paso a nuevas acciones legales en las que Estados Unidos apoyó abiertamente acciones de factores paramilitares, mercenarios, que generaron (y siguen generando) conflictos civiles prolongados en esos países.

El tema de los «derechos humanos» es la justificación planteada en este recurso legal contra Venezuela, y fue el mismo argumento que EEUU utilizó para lanzar «bombardeos humanitarios» en Libia y terminar armando a la rama de Al-Qaeda en Siria, Al-Nusra, para que fueran contra Bashar al-Assad.

¿Cuál es el escenario más «viable» en Venezuela?

Las diferencias entre Venezuela, Siria y Libia son enormes, pero lo que no deja de ser particular es el belicismo de los norteamericanos, quienes durante doscientos años han desarrollado y afinado toda clase de recetas de guerras abiertas y encubiertas para producir lo que ellos llaman eufemísticamente «cambios de régimen». La legislación gringa prevé que el poder ejecutivo sólo pueda pedir la autorización del Congreso para una intervención abierta a menos que haya una «declaratoria de guerra o intervención» formal. Por lo tanto el escenario de una intervención de fuerzas regulares gringas en Venezuela puede descartarse, por ahora, dado que en la región no existen los «consensos» necesarios que avalen tal actuación. Venezuela no está sola.

Lo que sí puede venir contra Venezuela son nuevas sanciones unilaterales de tipo diplomático y económico, ya no dirigidas a funcionarios, sino extensivas a todo el espectro económico y político del país con el fin de implosionar la economía y las instituciones de Venezuela. El carácter «progresivo» de las sanciones norteamericanas tiene una tendencia histórica que demuestra el hecho de que las sanciones contra funcionarios si no producen un «cambio de régimen» son consideradas «inefectivas», por lo cual suelen acudir a nuevas sanciones, nuevas formas de asfixia total contra los países para consolidar el objetivo planteado.

Otro escenario muy probable en Venezuela sería la adaptación del escenario desarrollado en Siria a las particularidades de la realidad venezolana; la generación de un conflicto civil armado y prolongado para alcanzar el «cambio de régimen». En Venezuela esto ya tiene el precedente del conflicto guarimbero-paramilitar de baja intensidad y se ha implementado desde 2014. Pero estas actuaciones de intervención camuflada por parte de EEUU tuvieron un precedente latinoamericano, concretamente en Nicaragua, cuando los intentos por derrocar a la Revolución Sandinista se iniciaron mediante acciones paramilitares de los Contra, llevando a Nicaragua a un estadio de guerra generalizada y prolongada.

Sólo bajo las condiciones de una guerra fratricida en Venezuela es viable llevar la acción de intervención norteamericana a otros niveles, justificando cualquier tipo de acción a los fines de «preservar la paz regional».

En un escenario de enfrentamiento EEUU podría incluso aprobar decretos-leyes que permitan a la Casa Blanca tomar lugar a favor de la contrarrevolución venezolana, apoyando al fascismo venezolano, como lo ha venido haciendo con las fuerzas salafistas que hoy intentan tomar Damasco. Siendo un hecho la infiltración paramilitar en Venezuela y la permeabilidad fronteriza, condición favorable para la actuación mercenaria extranjera, EEUU podría estar considerando muy seriamente la actuación de factores generadores, disparadores, de un conflicto interno. Lamentablemente para la pacífica Venezuela y la América Latina, todas las señales en lo mediático, en lo político, en lo económico y en lo militar toman cuerpo en esa dirección.

La cuestión política detrás de la intervención a Venezuela comenzará a dirimirse de manera álgida incluso fuera de las fronteras de Venezuela. Los factores internacionales tendrán mucho peso en lo que significará la actuación imperial, su estilo, sus variantes y sus posibilidades.

El escenario político interno en Venezuela comienza a cambiar. Desde 2014, senadores demócratas advirtieron que aplicar sanciones contra Venezuela sería «contraproducente» para la oposición venezolana, por esa razón dilataron la decisión en varias oportunidades. Ese escenario está teniendo lugar ahora. La derecha venezolana pierde más todavía su debilitado piso político en un año electoral, lo cual indica que las decisiones del Departamento de Estado gringo están inmolando a la dirigencia opositora venezolana, siendo un hecho que en Venezuela el 90% de la población (según estudio de Hinterlaces publicado a inicios de marzo 2015) rechaza una intervención norteamericana.

Lo que debemos preguntarnos es: ¿sería lógico creer que la inteligencia gringa haya pasado por alto este detalle? Sería absurdo creer tal cosa. Entonces, ¿por qué la Casa Blanca decide destruir el piso de apoyo de la oposición venezolana? La respuesta puede ser obvia: porque el escenario democrático-electoral ya no está planteado como «viable» para producir un cambio de gobierno en Venezuela.

Lo que puede estar considerado –y es muy probable que así sea– es la intervención camuflada de EEUU en Venezuela, reproduciendo el escenario de un conflicto civil prolongado. Si en Venezuela tal cosa tiene respaldo, o no, es irrelevante. Estimaciones en Irak en el año 2003 dieron cuenta de que la población iraquí (incluyendo adversarios de Sadam Husein) rechazaba en un 87% la intervención yanqui, y sin embargo ésta se produjo bajo varios pretextos, el segundo más importante –luego del de las supuestas armas de destrucción masiva– era el de «la liberación de un pueblo sometido». Así que si la población opositora venezolana comienza a rechazar la intervención gringa, como lo ha hecho el chavismo desde hace 15 años, será irrelevante; la «restauración de la democracia» en Venezuela como pretexto ya no está en manos de la oposición, está en manos de Obama.

Estados Unidos ha cruzado el umbral del intervencionismo abierto contra la Revolución Bolivariana, o dicho en palabras del propio presidente Nicolás Maduro: «Obama ha tomado personalmente la tarea de intervenir Venezuela y derrocarme». Es tiempo de definiciones.

Franco Vielma / http://misionverdad.com