Hasta ahora no se ha reportado ninguna consecuencia negativa para la población venezolana de todo el estado Táchira tras el cierre de frontera y la declaratoria de estado de excepción.

Por el contrario, todos los informes reflejan una mejoría notable en el abastecimiento de bienes básicos, especialmente gasolina. Tanto será la mejora que ni siquiera se escuchan o leen quejas de los opositores que no son pocos en la región.

En Colombia, las autoridades locales y los grupos empresariales han identificado al menos cuatro efectos altamente negativos, conectados con la incapacidad estructural del Estado y de la clase empresarial o burguesía para atender las necesidades de la población y su propia viabilidad productiva sin apropiarse por la violencia e ilegítimamente de los recursos de Venezuela.

1) Escasez de combustible, derivado de una política que solo otorga un cupo de menos del 10% de las necesidades del departamento Norte de Santander, es decir, el contrabando de gasolina es una necesidad creada por el Estado colombiano. Datos: más del 90% de la gasolina que se consume en la región es extraída desde Venezuela a través del contrabando. De cerca de 15 millones de galones requeridos al mes, el estado colombiano solo asigna 1 millón, según datos suministrados por el diario La Opinión de Cúcuta.

2) Imposibilidad de exportar el carbón, ya que Colombia no ha desarrollado infraestructura de movilidad y embarque de este mineral, sino que se ha aprovechado del creado por Venezuela. Además de obtener ventajas con respecto a los costos gracias al diferencial cambiario generado artificialmente por esa misma burguesía. Datos: el departamento produce cerca de 200 mil toneladas al mes, el cual es exportado a Europa desde puertos venezolanos y tiene un precio de 52 dólares la tonelada, por lo que las pérdidas diarias se estiman en 400 mil dólares. El sector emplea a unas 15 mil personas.

3) Incremento del desempleo y el empleo informal, el Norte de Santander es el departamento con mayor empleo informal en Colombia, con 70%, y Cúcuta la segunda ciudad con mayor desempleo, con cerca del 15%. La burguesía local ha construido una trama “empresarial” basada en la informalidad para evadir costos propios de estructuras de mayor tamaño. Además la naturaleza de los negocios, vinculados con la inestabilidad del comercio y por ende con baja capacidad para generar empleo, acarrea esas consecuencias. De hecho desde 2007 la informalidad ha crecido en casi siete puntos. A eso hay que agregar la presencia de desplazados y desmovilizados ligados con el conflicto y con las políticas de Uribe Vélez respecto al paramilitarismo. Mantener ese empleo precario y evitar un aumento de la desocupación ha sido posible solo con base en el desarrollo de actividades delictivas como el contrabando de extracción en contra de Venezuela. Datos: unos 24 mil colombianos “trabajan” en la frontera, es decir son los peones del contrabando de extracción, según lo informado por Jorge Acevedo, candidato a alcalde de Cúcuta.

4) Conflicto por la tierra urbana, derivado del desplazamiento de pobladores pobres de zonas rurales y de la periferia de las ciudades y que conseguían en asentamientos precarios en territorio venezolano soluciones de vivienda, al tiempo que seguían siendo peones de la maquinaria paraco-empresarial. Ahora surge el temor de “invasiones” y ocupaciones precarias de terrenos de la ciudad de Cúcuta reservados para proyectos comerciales.

Obviamente todas esas consecuencias en realidad afectan los intereses de los sectores económicos y políticamente dominantes de la región, cuya opción de desarrollo económico está conectada supuestamente con los acuerdos de libre comercio con EE.UU. firmados en 2012.

Eso implica que la inversión pública y el destino de recursos como la tierra urbana están destinados a dotar de facilidades logísticas a la región para masificar las exportaciones.

Ese es el fundamento de programas como la expansión del aeropuerto Camilo Daza, trabajo que debe iniciar en estos meses. Así como la definición de las áreas periféricas que se incorporarían al perímetro urbano y recibirían licencias de construcción bien sea de comercio o viviendas.

Sin embargo, en términos reales las exportaciones a EE.UU. no han superado los cinco millones de dólares anuales (si se excluyen los minerales energéticos como carbón y petróleo), e incluso el rubro más destacado es otro mineral: el aluminio.

Probablemente para esa burguesía parasitaria el modelo ideal seria el de una, a la imagen de Panamá, que permita recoger las migajas del comercio internacional, y que se alimentaría del contrabando de extracción de Venezuela, no solo de bienes básicos. Podría incluirse allí minerales, rubros agrícolas industrializables (arroz, maíz, otros cereales), ganado y sus derivados. Y por otro lado, se convertiría en el proveedor de bienes de importación a través de un mercado paralelo de divisas, que de hecho ya existe.

Claves de la ofensiva fronteriza de Colombia contra Venezuela

Para Venezuela los aspectos claves de afectación que obligaron al gobierno a cerrar la frontera se pueden resumir en cuatro puntos:

1) El contrabando de combustibles: este es el contrabando de extracción más arraigado históricamente, y en forma global se estima que alcanza los 45 mil barriles de gasolina al año, de acuerdo con cifras citadas por Asdrúbal Chávez, hasta hace unos días ministro de Petróleo. Solo en Táchira, tras el actual cierre de la frontera, se dejaron de vender un promedio de 1 millón de litros de gasolina al día. Las pérdidas económicas para el Estado venezolano suman unos 200 millones de dólares al año, pero además hay un significativo impacto sobre la productividad de la gente de la región que debe hacer colas de al menos cuatro horas para abastecerse de combustible. Lo esencial del fenómeno radica en que Colombia deliberadamente no abastece a la región con las cantidades requeridas de combustible por lo que “obligatoriamente” este debe ser obtenido del contrabando desde territorio venezolano.

2) El contrabando de alimentos y bienes básicos: la expansión del contrabando de extracción desde Táchira, con la participación más o menos masiva de pobladores de la frontera, se agudizó al menos desde hace tres años. Y está impulsado por un mecanismo cambiario desarrollado por las mafias paramilitares que controlan la estructura de cambio informal pero legal conocida como cambistas profesionales. Se estima que la mitad de los alimentos básicos enviados a Táchira desde los centros de distribución nacional son desviados hacia el Norte de Santander.

3) La ofensiva cambiaria: la clave de la expansión del contrabando es, por tanto, el desarrollo de una estructura de cambio informal y sin control que fija arbitrariamente la tasa de cambio entre pesos y bolívares, y que deliberadamente favorece la moneda colombiana devaluando el bolívar. De esa manera, las mafias del contrabando pueden adquirir mayores cantidades de alimentos con la misma cantidad de pesos. Es decir, mientras en diciembre de 2014 por un billete de 100 bolívares los cambistas informales pagaban 1400 pesos, en agosto de 2015 solo pagaban 480. Esa modalidad de cambio está avalada por la Resolución 8 del Banco de la República, aunque su uso abierto comenzó mucho después, una vez que Venezuela ha profundizado los controles de acceso a las divisas. Para el gobierno venezolano este es el aspecto clave y su exigencia apunta a la derogación de la norma y la ilegalización del mecanismo, lo que debe acarrear el cierre de esas agencias de cambio y, por lo tanto, un duro golpe al sustento del contrabando de extracción. De lo contrario no habrá reapertura de la frontera.

4) La violencia paramilitar: el elemento catalizador de estos mecanismos ilegales de acceso a recursos es la violencia paramilitar. Son estas estructuras criminales-empresariales las que organizan y le dan sustento operativo y político a las prácticas delictivas enmascaradas como negocios. Dichas actividades en la zona de la frontera experimentaron un auge una vez que el gobierno colombiano impulso la llamada “desmovilización” de los ejércitos privados del tráfico de drogas durante los gobiernos de Álvaro Uribe. Al menos dos de las grandes agrupaciones criminales (Los Urabeños y Los Rastrojos) se establecieron, con la anuencia de las autoridades en esa región. La fórmula delictiva-empresarial ha conformado un modo de organización de la producción que bien podría denominarse “economía de la violencia” y que ha requerido una expresión política constituida por una especie de Estado paralelo, con su propios mecanismos de ejercicio de la violencia. De allí que la extorsión, el secuestro y el sicariato sean lo que en el Estado convencional identificaríamos como impuestos y sanciones administrativas y penales.

La corrección de estas cuatro distorsiones, producto de esa “economía de la violencia”, es lo que el presidente Nicolás Maduro ha llamado una “nueva frontera de paz” en la que los ciudadanos ya no sean víctimas del modelo capitalista, neoliberal y paramilitar que se trasladó desde Colombia al país.

Víctor Hugo Majano