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Foto: AVN
Entre el 1º y el 2 de junio, 80 ciudadanos vinculados a acciones de violencia política han resultados favorecidos con el otorgamiento de beneficios procesales por parte del Estado, a través de resoluciones emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La iniciativa, que partió de una solicitud elevada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), se inscribe en el proceso de renovación política de Venezuela, cuyo propósito apunta a profundizar el diálogo y abrir paso a la reconciliación nacional.
Con miras a comprender cómo se determinan las medidas sustitutivas de libertad, Larry Devoe, secretario ejecutivo de la Comisión por la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, explica -en entrevista concedida a la Agencia Venezolana de Noticias (AVN)- las claves de la ejecución del otorgamiento de beneficios procesales:
– El TSJ y el Ministerio Público (MP) suministran información concreta sobre el estatus de los casos de los privados de libertad vinculados a la violencia política a la Comisión por la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública a fin de iniciar las evaluaciones respectivas.
«No trabajamos a partir de listas elaboradas por organizaciones de ninguna naturaleza, trabajamos a partir de la fuente directa», aclara Devoe.
– El proceso comprende una verificación exhaustiva de cada caso judicial con miras a determinar cuáles responden a los criterios establecidos para conceder beneficios procesales.
Las medidas sustitutivas serán aplicadas a personas procesadas por su participación en acciones de violencia política. Sin embargo, no se incluyen aquellos que estén incursos en delitos de homicidio o agentes del Estado bajo proceso judicial por la presunta comisión de agresiones contra ciudadanos, por considerarse violación de derechos humanos.
– Las entrevistas en centros de detención y evaluaciones de solicitudes elevadas por familiares y abogados, también son consideradas durante el proceso de revisión. Los mecanismos se ejecutan con la intención de obtener información sobre las causas judiciales y explorar sobre su disposición de avanzar en el camino de la reconciliación y el reencuentro.
«Mientras hay algunos actores políticos que juegan al desconocimiento de las instituciones, la realidad concreta es que los familiares y abogados acuden a la Comisión para presentar cartas solicitando que revisemos el caso y afirmando que están dispuestos a contribuir con la paz», explicó.
– Recopilada la información, los integrantes de la Comisión por la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública proceden a determinar cuáles casos podrían ser objeto de las medidas sustitutivas.
– Definidos los casos judiciales, la instancia dependiente de la ANC formula una serie de recomendaciones a fin de que sean consideradas por el sistema de justicia.
– El TSJ evalúa y otorga las medidas sustitutivas correspondientes a los privados de libertad.
AVN