Foto: @NicolasMaduro

Frente a la imposición, el parlamentarismo de calle. Mientras la semana pasada el partido Primero Justicia (PJ) promovió un proyecto de ley, aprobado por la mayoría de derecha en la Asamblea Nacional (AN), que prevé mercantilizar la vivienda, los movimientos populares alistan su artillería para lograr frenar la propuesta con los mecanismos previstos en la Constitución.

«No haremos nada inconstitucional, vamos a enarbolar las banderas de nuestra constitución nacional y utilizar los instrumentos que diseñamos en Revolución para garantizar el desarrollo de la democracia participativa y protagónica: el parlamentarismo de calle es uno de esos mecanismos», explicó la vicepresidenta Territorial del Socialismo, Isis Ochoa, en declaraciones el pasado viernes desde las instalaciones del Centro de Formación Simón Rodríguez, en Miranda.

Desde el pasado 28 de enero, las jornadas de parlamentarismo de calle se han activado en todo el país para la divulgación de la propuesta de privatización, hecha por parte de la bancada opositora, y se tiene prevista una movilización el próximo martes a las puertas de la Asamblea para exigir un debate popular sobre el instrumento jurídico que pretende desmontar el andamiaje de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), un programa social que le ha garantizado el acceso a un techo digno a más de un millón de familias y que estima abarcar a otros dos millones en 2019.

Por esa razón, la ofensiva será en el debate en las calles, con el pueblo. «Cuando el comandante Chávez llegó a la Revolución no tenia la asamblea a su favor y logró transformar la arquitectura jurídica con parlamentarismo de calle. Nosotros vamos a lograr frenar todas estas leyes burguesas con parlamentarimos de calle», aseveró la ministra.

Esa defensa se hará mediante un movimiento nacional, alentado y respaldado por el Presidente Nicolás Maduro, que funcionará mediante comités de defensa al derecho a la vivienda, no sólo para resguardar el programa sino para rebatir las mentiras sobre la cual se sustenta la propuesta hecha por el diputado de PJ, Julio Borges, quien siempre negó recursos para la GMVV y calificó la política social como «Misión Maqueta».

Una de las mentiras de Borges es que la GMVV no garantiza la propiedad. Sin embargo, la Gran Misión Vivienda Venezuela cuenta con leyes vigentes que establecen la transferencia de propiedad del Estado a las familias del terreno donde está construido el urbanismo o la vivienda, mediante la protocolización de un documento de propiedad multifamiliar, en el que se establecen los mecanismos de compra-venta del inmueble.

De esta forma, el precio de la vivienda es igual al costo de la construcción y se aplica un subsidio si la familia propietaria lo amerita, de acuerdo a su situación económica. Para la adquisición del inmueble no aplica el cobro de inicial, el lapso de crédito es de 30 años, mientras que la tasa de interés es de 4,66 % anual, cuya cuota anual no debe superar el 35% familiar.

En ese sentido, Ochoa alertó que la propuesta del diputado de Primero Justicia, Julio Borges, se fundamenta en el engaño al pueblo «para encarecer sin límites el costo de la construcción y desaparecer la GMVV por inviabilidad financiera».

Una realidad posible

En los últimos 17 años de Revolución Bolivariana, el acceso a una vivienda digna se transformó en una realidad posible, consolidándose como un derecho social que dignifica la condición humana de las familias venezolanas.

De ser aprobada en segunda discusión la propuesta de la derecha en la Asamblea Nacional, el país experimentaría un retroceso en esa conquista porque la vivienda social, que construye el Estado para garantizar un derecho a las familias, pasaría a ser una simple mercancía al servicio de los intereses financieros.

«Estamos viendo a una oligarquía que, frente a la mayoría del pueblo, reacciona excluyéndolo para beneficiar los intereses de la Cámara Inmobiliaria (…) La propuesta es la conversión de la vivienda en mercancía. La banca podrá considerarla como bienes transables sin limitaciones, exigiendo como garantía la vivienda, y ofrecería préstamos aplicando tasas de interés altas, interés sobre interés, poniendo a la familia en riesgo de perder su estabilidad y seguridad, es decir, en caso de incumplimiento el banco le quitaría la vivienda», explicó.

Recordó que a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela se dio prioridad a las familias que fueron desplazadas hacia la periferia de Caracas durante los gobiernos de la IV República, que no tenían suelo urbano propio y se vieron obligados a irse hacia los cerros y barrios para vivir en condición de riesgo, ante la ausencia de políticas públicas que le permitieran optar por un hogar digno.

Esa situación cambió con la creación de la Misión, actualmente blindada por la Ley del Régimen Prestaciones de Vivienda y Hábitat, la Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y vivienda y la Ley de Régimen de Propiedad de las Viviendas de la GMVV. El proyecto de Borges busca, además, derogar esos instrumentos jurídicos que ha permitido la edificación de más de un millón de hogares y la inversión de más de 30.000 millones de bolívares para atender al pueblo, recursos que anteriormente «estaban en manos de grandes contratistas privadas que generaron las tasas inmobiliarias», recordó Ochoa.

«La vivienda es un derecho social y no mercantil»

Ochoa alertó que detrás de la propuesta de ley de la derecha están los operadores del sistema de la banca privada, al tiempo que destacó que fue aprobada en primera discusión a espaldas del pueblo, sin la divulgación oportuna en las jornadas de parlamentarismo de calle.

La propuesta, asomada por Borges el 11 de enero de 2016, fue distribuida a los diputados el 27 de enero y se discutió al día siguiente. Es decir, el contenido del proyecto se dio a conocer por parte de la Secretaría del Parlamento veinte horas antes de su presentación y primera discusión.

«La práctica de la oposición es ocultarse, esconden su propuesta impresentable detrás de una falsa promesa de propiedad. Ésa es su fórmula de trabajo. Esta ley demuestra que estamos ante un parlamento opositor donde no son voceros de las mayorías, que es el pueblo, sino vocero de los empresarios. Ellos saben que esta ley es impresentable y que cuando el pueblo conozca su contenido no va a permitir su aprobación», destacó.

Alertó que desde la Asamblea Nacional, la bancada de derecha «pretenden dolarizar la economía, promover la dictadura del capital e impulsar la política de sálvese quien pueda, es decir, que compre quien tenga plata». En cambio, destacó, la Revolución «ofrece viviendas a quien la necesite a través de programas 0-800MIHOGAR, Barrio Tricolor y Misión Vivienda».

«Estamos frente a una coyuntura de confrontación de los dos modelos: el capitalista y el socialista», indicó.