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21.Jul.2015 / 03:03 pm / Haga un comentario

Foto: Archivo

La fracción revolucionaria de la Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes en sesión ordinaria un proyecto de acuerdo en solidaridad con la justa batalla que libra el pueblo de España ante la aplicación de la Ley Mordaza por parte del Gobierno de ese país.

En el debate, el diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) Darío Vivas indicó que los parlamentarios bolivarianos, como defensores de los Derechos Humanos (DDHH), “condenamos y seguiremos condenando esta Ley Mordaza”.

Así, resaltó que la parte revolucionaria del parlamento llevará este debate a escala internacional “para dar a conocer nuestra postura y revelar la contradicción de los que vienen aquí (a Venezuela) financiados por la derecha internacional a decirnos qué debemos hacer en democracia”.

Expresó que el acuerdo aprobado este martes responde a la lucha que llevan adelante los pueblos del mundo “en función de su emancipación, de su protagonismo y de sus Derechos Humanos”.

La AN instó a elevar este proyecto de acuerdo a los parlamentos del Mercado Común del Sur (Mercosur), a los parlamentos Amazónico, Latinoamericano, Indígena, y a la Unión Interparlamentaria Mundial.

En España, la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, entró en vigencia el 1º de julio de este año y considera una infracción, por ejemplo, cualquier manifestación que se realice frente a las sedes del Congreso, del Senado y de los parlamentos autonómicos, aunque los representantes públicos no estén reunidos en ese momento, reseña el portal web de El País.

En su artículo 35 estipula como una infracción muy grave las reuniones o manifestaciones públicas, que acarrean multas de entre 30.000 y 600.000 euros.

También impide fotografiar o grabar a policías durante manifestaciones. El diario El País reseña que las fotografías y grabaciones “han permitido en varias ocasiones captar abusos policiales y servir como prueba para la condena de los agentes” y por ello la ley lo sanciona.

Asimismo, plantea multas que van desde 100 a 600.000 euros a aquellos que infrinjan sus mandatos, lo cual es considerado por la ciudadanía como un retroceso en las libertades públicas.

 

AVN

 

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