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27.Feb.2015 / 05:39 pm / Haga un comentario

Foto: Archivo

Franklin Mujica Zerpa tenía 17 años cuando un balazo entró por la ventana de su cuarto y traspasó su pecho, quintándole la vida en el instante. Fue uno de los más de 3.000 venezolanos asesinados entre finales de febrero y principios de marzo de 1989.

No hubo culpables. Un decreto presidencial de la época avalaba la acción: “Se suspenden en todo el territorio nacional las garantías establecidas en los ordinales 1, 2, 6 y 10 del artículo 60 y de los artículos 62, 64, 66, 71, 115 de la Constitución (del 1969)”, refería el Decreto 49 firmado, el 28 de febrero de 1989, por el presidente adeco Carlos Andrés Pérez, recalcando además que era un “deber ineludible” de su Gobierno.

A Franklin, y a sus otras tres hermanas, su madre, Silvia de Zerpa de Mujica, le ordenó resguardarse en el interior de sus cuartos. Puertas cerradas, ventanas cerradas. Nadie tenía permiso de salir esa casa ubicada justo frente del Puente Coche, en la parroquia El Valle, Caracas.

Después del mediodía de aquel 1° de marzo -tres días después de haber iniciado la rebelión popular contra el paquete neoliberal impuesto de Carlos Andrés Pérez- la orden de Silvia Zerpa de Mujica se cumplía a cabalidad, pero la ventana del segundo piso de la vivienda, que daba al cuarto de Franklin, quedó abierta.

Ni un segundo tenía de haber subido a su habitación, cuando el joven fue sorprendido por una bala, alrededor de las 4:00 de la tarde. Cayó tendido en su cama.

El cuerpo fue encontrado por el padre de Franklin, quien salió junto a Silvia corriendo al hospital de Coche, dejando en la casa a su otras tres hijas, de 10, 8 y 7 años de edad. “Mi esposo sabía que Franklin estaba muerto, pero yo tenía la esperanza que en el hospital le salvaran la vida, pero había llegado sin vida. No había nada que hacer”, cuenta la señora de 63 años.

“Fue duro”, dice con lagrimas recordado aquella tarde. “Eso no fue una bala loca, esa era la orden que tenían de Carlos Andrés Pérez”, dijo.

La muerte de Franklin no fue casual. Los vecinos le contaron a la señora Silvia, días después, que mientras estaban en el hospital, cuerpos de seguridad del Estado estaban tumbando la puerta de su casa, donde estaban solas sus tres hijas. “Estaban buscando el cuerpo de Franklin. Eso quiere decir que quienes dispararon sabía muy bien a dónde dirigieron la bala”, narró.

Silvia y su esposo con el dolor quedaron “reclutados” en el hospital donde estaba el cuerpo sin vida de su hijo. “No pudimos salir en un día y medio, porque balas iban y balas venían”.

Eso no fue lo peor -cuenta Silvia, desde el Cementerio General del Sur, donde visitó este 27 de febrero la tumba de su hijo-. Las historias de otras decenas de familias eran similares a la de la familia Mujica Zerpa.

“Al hospital llegaban a cada rato madres con sus hijos, hijos con sus padres o gente con otros parientes. Todo eso pasó cuando el Presidente era Pérez y el Gobernador de Caracas era (Antonio) Ledezma”.

La rebelión popular del 27 de febrero de 1989 fue la respuesta de un pueblo golpeado por la pobreza y la exclusión producto de la aplicación de políticas neoliberales en el país durante la década de 1980 y que se agudizaron en el segundo período presidencial de Carlos Andrés Pérez.

A principios de 1989, la pobreza en la cual vivían cinco de cada diez hogares venezolanos se recrudeció por los recortes aplicados por Pérez en los recursos destinados a atender las necesidades del pueblo. Así, la cifra de “gasto” social, como era concebido en la IV República, bajó de 7,3% en 1988 a 6,9% para 1989. El presupuesto para educación se redujo de 12.005 millones de bolívares en 1988 a 10.635 millones en 1989. Los recursos para la salud descendieron de 5.599 millones de bolívares en 1988 a 4.311 millones en 1989.

La realidad de entonces produjo que el pueblo se alzara y salieran a las calles a exigir respeto. Como respuestas, el “pueblo fue masacrado y desaparecidos”, rememoró Francisca León, a quien le arrebataron a su hijo de tan sólo 15 años ese 1° de marzo, hace 26 años.

Según cifras aportadas por el Gobierno de Pérez sobre los asesinados aquellos días de febrero y de marzo de 1989, sólo fueron asesinados unos 300 venezolanos, sin embargo, de acuerdo a las investigaciones posteriores, fueron más de 3.000 hombres, mujeres, jóvenes y niños a los que le arrebataron la vida, mientras que otras cientos de personas fueron desaparecidas.

José del Carmen Pirela se llama el hijo de Francisca, quien contó que “como la 1:00 de la tarde de ese miércoles (1° de marzo de 1989) fue la última vez que lo vi”.

“La gente sólo estaba pidiendo que se le respetara, que lo que era de los venezolanos era de los venezolanos y de nadie más. Sólo estábamos reclamando, los que salieron y los que no, que se hiciera justicia y la respuesta de Pérez fue matar y desaparecer”, dijo.

Francisca, con sus 75 años y de los cuales 26 lleva sin ver a su hijo, dice que a pesar de todo el dolor que generó El Caracazo, hoy es justo decir “que ese despertar rindió y sigue rindiendo sus frutos”.

“Jamás podremos olvidar a nuestros muertos a nuestros familiares desaparecido, pero la esperanza de aquel momento es una realidad hoy y es algo que defenderemos a capa y espada”, recalcó Francisca e insistió en la necesidad de “hacer pagar a los culpables”.

AVN

 

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