Opinión
Por: Mónica Saiz
Nos enteramos esta semana de una nueva denuncia: un empresario, dueño de Ovomar, empresa procesadora y distribuidora de huevos, botó 30 millones de huevos. ¿Existe una razón para eso? La hay. El señor lo hizo por una razón económica, destruyendo parte de la producción se garantiza escasez de oferta y, con ello, aumento del precio. Además, existe una razón política, se burla el control de precios, se contribuye a la derrota electoral de la Revolución y con ello ese empresario particular y sus socios de las cámaras empresariales podrán retomar el control de la riqueza nacional, que en este país se llama renta petrolera. Todos sabemos cómo impactó en el resultado electoral del 6-D el hecho de que no se cumpliera la regulación de precios del cartón de huevos.
Así como un delincuente puede secuestrar a alguien para ganar dinero, otro vender drogas y otro matar, este señor destruye alimentos. Son actos inhumanos y antisociales, aunque quien los realice sea un ejemplar de la especie humana, porque van en contra de la vida de la humanidad, en contra de lo social.
El empresario, sin embargo, cree tener derecho a cometer tal barbarie. Hay una razón económica capitalista y una razón política detrás de su decisión. El empresariado ha convencido a una parte importante de la población de sus razones.
La razón del empresario, es lamentablemente, la razón que impera en el mundo de hoy. Así estamos. Recientemente, el Gobierno de la India tomó una iniciativa para liberar patentes, permitiendo la producción nacional de medicamentos genéricos mas baratos a la población. Una empresa local, por ejemplo, ha logrado producir un anticancerígeno que vale 95% menos que el original de Bayer. La “prestigiosa” empresa alemana reaccionó diciendo “no creamos medicamentos para indios, sino para quienes pueden pagarlos”.
Botar alimentos y medicamentos, especular con estos rubros esenciales para la vida, en la Venezuela bolivariana no solo es un acto ilegítimo y repudiable, además es ilegal.
Los que tomaron la decisión de destruir el alimento, para cuya producción y procesamiento seguramente tuvieron subsidios, préstamos, usaron carreteras pagadas por el Estado, obtuvieron dólares preferenciales y fuerza de trabajo explotada.
Este señor, o señores, deberían tener un juicio público, televisado en cadena nacional, en el marco del Estado de excepción. A ver cómo nos explican que la culpa es del presidente Nicolás Maduro. A ver si pueden defender de cara al pueblo su “derecho” a destruir los alimentos.
saiz.monica@gmail.com