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La Asamblea Nacional (AN) mantiene su foco de atención en el proceso de reconstrucción de infraestructuras y viviendas tras las afectaciones causadas por los sismos del pasado 24 de junio, así lo informó el diputado Roy Daza.
En entrevista a Venezolana de Televisión (VTV), Daza destacó que el Poder Legislativo aprobó en primera discusión, y por unanimidad, la Ley contra la Estafa Inmobiliaria y la Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles. Indicó que ambas iniciativas normativas buscan articular esfuerzos entre el sector público y el sector privado para dinamizar la oferta habitacional en el país.
“El Gobierno Bolivariano, en coordinación con todas las instituciones del Estado, ha venido trabajando de manera oportuna, rápida y eficiente frente a una catástrofe que no tiene precedente en la historia de Venezuela», dijo.
En ese sentido, el parlamentario explicó que el paquete legislativo persigue dos metas inmediatas: en primer lugar, permitir que la empresa privada y el Estado participen conjuntamente en planes de construcción rápida de soluciones habitacionales; y en segundo lugar, flexibilizar y facilitar el alquiler de inmuebles mientras se ejecutan las labores de reparación y edificación.
Daza enfatizó que estas acciones forman parte de las atenciones que se brindan a las familias afectadas, que van más allá de los campamentos transitorios. «No se trata solo de mantener a las personas en un campamento; implica garantizar alimentación, atención en salud, recreación, soporte psicológico y fortalecer la capacidad de organización de los ciudadanos».
Exigen levantamiento de sanciones
En el ámbito económico, reiteró la necesidad de levantar las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra la nación, señalando que estos bloqueos impiden el acceso a fondos internacionales clave para acelerar la recuperación.
«Requerimos acceder a recursos en el menor tiempo posible para acelerar todo el proceso de reconstrucción. Es necesario que se levanten todas y cada una de las sanciones, en primer lugar porque son ilegales, y en segundo lugar porque la emergencia así lo exige. Es el derecho de Venezuela regresar a sus recursos, como los detenidos en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y acceder a créditos en la banca internacional», sostuvo.