Opinión / Noticias / Ramón Lobo
Foto: Cortesía
La decisión judicial en Delaware que autoriza la venta forzosa de CITGO a un fondo de inversión de los conocidos como buitres, por tan solo 5.900 millones de dólares, constituye la prueba irrefutable del saqueo continuo y de la agresión económica multiforme perpetrada por el Gobierno de Estados Unidos en alianza con la derecha radical venezolana encabezada por Juan Guaidó y María Corina Machado.
Este acto, ejecutado sobre un activo estratégico valorado en aproximadamente 12.000 millones de dólares, trasciende cualquier litigio comercial para convertirse en un robo frontal contra el patrimonio nacional y contra el presente y futuro de todos los venezolanos. La aprobación de una venta -de paso, en contra de la voluntad de su verdadero propietario-, por una cifra irrisoria es un asalto directo con un objetivo geopolítico evidente: estrangular la economía venezolana, debilitar la capacidad del Estado y castigar al pueblo por defender su soberanía. Cada dólar arrebatado a CITGO es un dólar menos para programas sociales, salud, infraestructura, importación de insumos esenciales y para avanzar hacia un salario justo para los trabajadores.
Este despojo no puede entenderse aislado del entramado de medidas coercitivas unilaterales, sanciones financieras y bloqueo petrolero que desde 2015 buscan destruir la capacidad productiva de PDVSA e impedir que Venezuela ejerza su defensa jurídica en igualdad de condiciones. El asedio contra CITGO forma parte de una arquitectura de presión económica diseñada para hurtar al país de sus activos estratégicos.
La maniobra de expoliación se articuló a través de la farsa del “gobierno interino” de Juan Guaidó, una ficción política creada desde Washington para arrebatar el control de nuestra principal filial en el exterior. Actuando como un auténtico agente de liquidación, la Junta Ad Hoc —impuesta por la oposición que mantiene artificialmente la vigencia de la Asamblea Nacional de 2015— no solo incumplió su supuesto mandato de proteger los bienes nacionales, sino que construyó la arquitectura jurídica que permitió el robo. Fue esta estructura paralela la que aprobó acuerdos y designó al falso “Procurador” Ignacio Hernández, responsable de impulsar la tesis que equiparó a la República y a PDVSA, habilitando la ejecución de deudas soberanas sobre CITGO y vulnerando la inmunidad soberana reconocida por el derecho internacional.
Las consecuencias de esta manipulación jurídica se evidenciaron de inmediato en los tribunales. Estas decisiones fueron determinantes en los litigios impulsados por empresas como Crystallex y ConocoPhillips, originalmente ajenos a CITGO, pero habilitados gracias a la manipulación jurídica promovida por la estructura paralela. Todo el proceso contó con el respaldo explícito de la OFAC, que emitió licencias específicas para permitir que la subasta avanzara, confirmando así la coordinación directa entre operadores políticos de la derecha y organismos del Gobierno estadounidense.
La gestión de la Junta Ad Hoc también estuvo marcada por una opacidad financiera absoluta. Se estima que CITGO generó más de 25.000 millones de dólares en dividendos desde 2019, con un promedio anual de alrededor de 4.000 millones. Sin embargo, el pueblo venezolano desconoce el destino de estos recursos. No existe informe público, auditoría independiente ni declaración transparente que permita conocer cómo fueron administrados estos flujos, lo cual representa una evidencia adicional de que el objetivo nunca fue defender el patrimonio nacional, sino allanarle el camino a su entrega progresiva.
El proceso de la enajenación de CITGO configura un precedente sumamente peligroso para todas las naciones del mundo. Si se permite que activos estratégicos de un Estado sean confiscados mediante artificios políticos y manipulaciones jurisdiccionales, cualquier país con bienes en el exterior quedará expuesto a decisiones judiciales orientadas por intereses geopolíticos. Este caso demuestra cómo la arrogancia del gobierno estadounidense, puede instrumentalizarse para violentar la soberanía de los pueblos y desconocer los principios esenciales del derecho internacional.
El Gobierno Bolivariano ha rechazado con firmeza este acto de bandidaje. Venezuela no reconocerá este despojo y activará todas las vías legales internacionales para recuperar CITGO y exigir responsabilidades penales y políticas a los actores nacionales y extranjeros que participaron en este robo. El pueblo venezolano no permitirá que la embestida imperialista y de sus operadores internos continúen hurtando a la Nación de su patrimonio.
¡CITGO es de Venezuela y Venezuela la recuperará!
@RamonLoboMoreno