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Garantizar los derechos del pueblo todo de Venezuela, establecidos en la Constitución Bolivariana, es el deber inquebrantable e ineludible del Poder Electoral, sostuvo este martes la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena.

En una exposición al país sobre los aspectos técnicos del referendo revocatorio, la rectora indicó que esos derechos deben ser asistidos respetando tanto el mandato de la Carta Magna como las leyes y normas que rigen la materia, aún frente a las agresiones y los ataques sistemáticos que generen algunos sectores como forma de hacer presión en pro de sus intereses.

«En Venezuela existe una autoridad electoral que tiene rango de Poder Público constitucional, en desarrollo del pensamiento del Libertador Simón Bolívar. Ese planteamiento fue aprobado por parte del articulado constitucional por el voto de la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos de este país. La ley que regula las competencias del Poder Electoral es el mandato que la República le impone a esta institución, no existe otra obligación más que la obediencia de la Constitución y la ley que orienta el comportamiento de la autoridad electoral», señaló.

Mencionó que ante esa realidad «pierden su tiempo quienes creen que por la vía de la presión política mellarán la voluntad de este Poder Electoral de cumplir y hacer cumplir la ley en resguardo de la República y la estabilidad en el país (…). Este Poder Electoral no acepta presiones de nadie. Nuestro deber está con la garantía de los derechos constitucionales del pueblo todo de Venezuela», reiteró.

La presidente del órgano rector del Poder Electoral indicó además que por ello ante cada evento electoral esta institución debe celosamente cumplir requisitos técnicos que garantizan la transparencia, la seguridad y la eficiencia, esencia que ha sido de fiel cumplimiento desde el año 2000, tiempo en que el se han desarrollado procesos electorales confiables, auditables y seguros, bajo principios logísticos y legales.

«La expresión política de los ciudadanos y las ciudadanos tiene en su institución electoral su recurso más leal. Continuaremos cumpliendo el deber que tenemos con la democracia y la paz, como garante del ejercicio de los derechos ciudadanos. Esa es nuestra labor», dijo y señaló que pretender frenar «esta voluntad es desobedecer el mandato republicano y reducirnos a la barbarie».

La democracia deber ser asistida respetando la ley

Asimismo, Lucena señaló que «la mejor posibilidad que tenemos para vivir en democracia es asistirla respetando la ley» y, en ese sentido, mencionó que esos intentos por desprestigiar al Poder Electoral «buscan presionar a lo máximo para hacer creer a la población que la aplicación de la ley es un capricho» y por otro lado hacen ver que demandar la violación de la normativa «es un salida justa y legítima».

Eso no es otra cosa —agregó— que la «ruta del caos, de la demolición constitucional en donde la autoridad se mueve por el chantaje y la agresión personal».

«Olvidan quienes hacen de esta práctica una forma de la política que la perdurabbilidad de la democracia está unida a la fortaleza de sus instituciones», subrayó, tras explicarle al país que para realizar un referendo revocatorio presidencial es fundamental cumplir los principios logísticos y legales, por lo que los lapsos establecido no pueden ser atropellados porque lesionaría la propia efectividad de este mecanismos de participación.

«El Consejo Nacional Electoral tiene una capacidad enorme, diría yo brillante, para responder ante los retos que tiene. Sin embargo, es importante y es bueno recordar lo siguiente, como dije: los lapsos no se pueden atropellar», insistió.

Desde la sede del Poder Electoral, en Caracas, sostuvo además que las organizaciones políticas deben tener esto en consideración al momento de hacer las solicitudes al CNE. «Así como pasa en una elección de cargo público, el despliegue de la plataforma electoral lleva consigo una serie de controles y verificaciones que convierten la elección en un proceso seguro y certificado por las partes», y en el caso de un referendo, «el valor que cobran las auditoría y la protección de todo el andamiaje logístico es tan importante como el cumplimiento de la ley».

«Se trata de los derechos que tiene todo un país en cuanto al funcionamiento de su democracia. Comprender la manera de organizar una elección es clave en este sentido; cada fase del proceso requiere de un tiempo y un esfuerzo que, en la medida en que avanza ,va componiendo las partes de un cuerpo técnico que derive en una construcción sólida en cuya fortaleza descansa la posibilidad de seguir viviendo en paz. Lesionar los tiempos para la planificación, organización, y ejecución de un referendo como el revocatorio significa lesionar la efectividad del mecanismo propiamente dicho», reflexionó.

Lucena comentó que no se trata de una experiencia nueva para los venezolanos y, en ese sentido, dijo que el CNE está en la obligación constitucional de garantizar los derechos de todos los venezolanos, «los que quieren, los que no quieren y el propio funcionario que se quiere revocar».

Al final de su exposición, agregó que «el rigor de la aplicación de las normas suponen velar porque exista un equilibrio estricto entre los derechos de ambas parte. El CNE no puede apurar ni retrasar los lapsos del revocatorio», porque sino se estaría «violentando los derechos políticos de otros».

«A veces se nos olvida que hemos tenido otros referendos revocatorios, que es una experiencia que ya tenemos acumulada (…) Tuvimos 10 referendos revocatorios en 2007 en el ámbito municipal (…) No hemos intentado acciones salidas debajo de la manga, son similares a procesos anteriores, Sin embargo, actores políticos buscan a través de la tergiversación de las normas, la demolición de la autoridad electoral», expresó, al referirse a los sectores que pretenden deslegitimar al Poder Electoral.
AVN