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8.Jun.2016 / 02:40 pm / Haga un comentario

Foto: Misión Verdad

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Síntesis de hechos violentos para nada casuales

  • La noche del domingo 5 de junio se suscitó un intento de saqueo a un camión que llegaba a descargar alimento a la empresa pública Carnes Venezuela, adscrita a Mercal. El hecho aconteció en San Cristóbal, estado Táchira, específicamente en los alrededores de la troncal 5. 15 personas fueron detenidas por incitar el saqueo y una mujer salió herida de gravedad por un impacto de perdigón. El gobernador Vielma Mora puso a la orden del Tribunal Segundo de Control del estado al jefe de Politáchira, Yeisy Burgos, por estar implicado en la muerte de Jenny Gómez. La alcaldesa del municipio donde se originó el intento de saqueo es Patricia de Ceballos. Logró ganar esa alcaldía mediante los votos de Voluntad Popular que había forjado el marido. El secretario de seguridad del estado Táchira, Ramón Cabeza Ibarra, denunció a Gabriela Arellano, militante del mismo partido y diputada por esa región a la Asamblea Nacional, de estar detrás de los hechos.
  • El lunes 6 de junio, simultáneamente que estudiantes de la ULA generaban disturbios en las adyacencias del recinto, otros grupos irregulares intentaban cerrar el Mercal de Capacho, cerrar las cuatro vías de acceso a esa zona y propiciar saqueos en Torbes. Igualmente fueron 15 los detenidos por esas acciones planificadas con obvia premeditación. Les fueron incautadas bombas molotov, armas y otros objetos contundentes, según declaraciones del gobernador Vielma Mora. El alcalde del municipio Torbes del estado Táchira es Alberto Maldonado, dirigente de Voluntad Popular.
  • El pasado 4 de junio en horas de la noche se generó un intento de saqueo a un depósito de Mercal en Socopó, capital del municipio Antonio José de Sucre del estado Barinas. Cercano a las 9:30 PM un grupo de personas supuestamente “reclamando comida” intentaron forzar la puerta del galpón y sustraer los productos regulados que allí se encontraban, los cuales iban a ser distribuidos a comercios de la red pública de alimentos de la zona. El alcalde de ese municipio es Ronald Aguilar, dirigente de Voluntad Popular.
  • El día de ayer hubo intentos de saqueos y disturbios focalizados en el centro de Valera, estado Trujillo. Encapuchados trancaron las principales arterias viales de la zona, quemaron cauchos, incitaron saqueos e intentaron enfrentar a la GNB y PNB con objetos contundentes. Los medios de comunicación reseñaron la noticia como una “protesta” por la escasa comida que vende Mercal. El alcalde del municipio Valera es José Karkom, dirigente de Voluntad Popular.
  • Igualmente el día de ayer en San Juan de los Morros, estado Guárico, saquearon algunos camiones con productos regulados, trancaron la carretera nacional y vías alternas y generaron destrozos en comercios de la zona. Mantuvieron el centro de la ciudad en medio de tensión y disturbios por varias horas. Los medios cartelizaron rápidamente el hecho ubicándolo como una “protesta” por el retraso en la entrega de comida por parte de los CLAP. Giovanni Salazar, dirigente de Voluntad Popular, es alcalde del municipio Chaguaramas del estado Guárico, cercano a San Juan de los Morros. Según el periodista de investigación Eligio Rojas, este alcalde se encuentra bajo investigación por sostener relaciones directas con “El Juvenal”: jefe de Bandas Criminales Paramilitarizadas (BCP) que operan en el estado Guárico y zonas de Apure.
  • Hace pocas horas fue saqueada una empresa avícola en Maracaibo, específicamente en el sector Cañada Honda, donde un grupo irregular logró forzar las puertas y llevarse computadores, aires acondicionados, entre otros objetos de valor. En la misma zona, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, mostró pruebas el pasado 12 de mayo de cómo Lester Toledo, dirigente de Voluntad Popular en el estado y diputado regional en el Zulia, había pagado entre 50 mil y 60 mil bolívares a individuos para que generaran actos violentos, saqueos y disturbios en Maracaibo, bajo la excusa del racionamiento eléctrico que iniciaba.

Desestabilización y programación del caos

Estas acciones irregulares focalizadas han cumplido con la labor de saturar la opinión pública de imágenes caóticas y catastróficas, siempre favorables al discurso político de los actores de la ultra en el marco de su ansiedad por ver a Venezuela intervenida por “razones humanitarias”.

Estas acciones violentas replicadas en extremo por redes sociales y su utilización como propaganda política bajo el mantra del “hambre” y “la escasez es por culpa de los CLAP”, buscan precisamente ese objetivo, hoy parcialmente alejado luego del fiasco ocurrido en la OEA. No de gratis la etiqueta #VenezuelaCalleEsLibertad, posicionada con furia el día de ayer, cuente con imágenes que promueven abiertamente mensajes, discursos y símbolos de “La Salida”. Quieren incendiar el país nuevamente para reposicionarse en el frente externo.

Pero que Voluntad Popular sea gobierno en todos los casos relacionados con saqueos y disturbios que recientemente han tratado de instalar una imagen generalizada del conflicto en el país, nos habla de un despliegue operativo de mayor envergadura. En todos los casos, al igual que los relatados en nuestra última nota “Los CLAP en el centro de esta nueva fase de la guerra”, se dan en galpones, camiones y comercios de la red pública de alimentos, dato que pone de manifiesto el diseño de un plan para afectar directamente la distribución de productos regulados por parte del Estado y el despliegue de los CLAP.

Y si falla esa parte del plan y el alimento logra llegar a los comercios y los CLAP, existe la cobertura “ciudadana” que organiza “protestas”, disturbios y saqueos para que la entrega de esos productos no se haga de forma ordenada, sino como le gusta a quienes organizaron y dirigieron “La Salida”: de forma caótica y violenta, y con la mayor cantidad de desastre posible.

Estas prácticas de terror intentan afectar la fibra humana de conductores de camiones, trabajadores de las redes Mercal y Pdval y a la comunidad en general que está buscando resolver la situación alimentaria participando directamente. No son sólo destrozos y disturbios, son también vidas humanas las que se ponen en peligro ante estos planes.

Un alcalde, sin embargo, no es cualquier funcionario público. Tiene a su mando efectivos policiales, parque de armas, unidades de transporte, sistemas de vigilancia, control y seguimiento de las actividades comerciales del municipio, capital y recursos financieros, sistemas de comunicación, información privilegiada de todo lo que acontece, preponderancia en medios locales y nacionales, capacidad de tramitar permisos y acuerdos de todo tipo, en fin, goza de toda una infraestructura que fácilmente puede ser utilizada con fines oscuros.

Siendo alcaldes de Voluntad Popular, es lógico intuir que esa capacidad de despliegue está siendo dirigida a armar falsas convocatorias de venta de productos regulados para generar colas más grandes, a informarle a grupos irregulares cuándo, cómo y dónde llegan camiones de la red pública de alimentos para secuestrarlos, a rodar información sobre cuáles comunidades se están organizando en CLAP para atosigarlas, a permitir libremente que se hagan disturbios en calles y avenidas principales y a datear sobre centros de acopio que acaban de ser surtidos para saquearlos. O como Lester Toledo: pagando directamente a grupos para cometan disturbios y actos vandálicos.

Pero como los recursos financieros que obtiene una alcaldía no están subsumidos a una lógica territorial (puesto que también dirigen entes contralores), ese flujo de financiamiento puede migrar a donde sea necesario para prender una guarimba, un saqueo o un disturbio. Voluntad Popular es un partido nacional, organizado en redes, algunos sectores populares y bastantes de clase media. Ese dato organizativo describe que el situado constitucional puede estarse utilizando como caja chica para planificar acciones irregulares de todo tipo, con el plus comprobado de Giovanni Salazar en Chaguaramas que también debe tener un acuerdo de financiamiento con BCP de la zona.

Ese es el modelo descentralizador que ellos defienden, el de la fragmentación privatizadora del Estado venezolano mediante la violencia irregular. El brazo político del neoliberalismo.

Mientras ese proyecto sigue bailando en su programa político fundacional, el ataque a los CLAP y a la distribución de alimentos por parte del Estado es el tránsito que borronea su propia línea entre lo coyuntural y lo estratégico.

Se abre una fase de tácticas asimétricas y de desgaste

Un documento sobre Guerra Híbrida de la Escuela de Estudios Avanzados de la Armada de los Estados Unidos, publicado en el año 2011 bajo el título The Hybrid Threat Concept: Contemporary War, Military Planning and the Advent of Unrestricted Operational Art, expresa refiriéndose a las tácticas de guerra asimétrica: “Es un enfoque militar que evita la confrontación directa, con el fin de llevar a un oponente hacia su derrota a través de formas y medios de guerra de desgaste y agotamiento de sus recursos a través del tiempo”.

En este sentido, lo fundamental no es el exterminio del oponente, sino el condicionamiento sobre el comportamiento político de sus bases de apoyo mediante el miedo y la intimidación, para generar una sensación de fracaso y desconfianza entre las filas.

Bajando este planteamiento teórico al conflicto político venezolano y a las implicaciones de Voluntad Popular en las acciones comentadas con anterioridad, su traducción exacta consiste en saturar la opinión pública y la percepción de la población de dificultades y problemas, promoviendo juicios negativos y una profunda desconfianza en torno a la normalización de la distribución de alimentos a través de los CLAP.

Pero más allá del puro efecto psicológico, también existe un aspecto objetivo y material que busca concretar esta táctica: mientras más focos de violencia y saqueos se generen (por más pequeños que sean), los recursos físicos del Estado venezolano (infraestructura militar y policial, gasto de capital para su despliegue, equipamiento, vigilancia, etc.) se dirigirán para la contención de estas acciones irregulares, logrando evitar parcialmente que dicha maquinaria sirva de apoyo al nuevo sistema de distribución que se adelanta.

Estos focos simultáneos de violencia también buscan reducir el margen de maniobra del Estado para distribuir alimentos a la población y afectar su infraestructura. Pues tendrá que reacondicionar Mercales y Pdvales destrozados. Reparar calles y avenidas. Abrir nuevas rutas de suministro. Restaurar flotas de camiones. Importar con mayor celeridad y en mayores cantidades. Otorgar más subsidios y financiamientos. Todo esto con el ingreso petrolero por el piso. Estas tácticas de desgaste se aplican contra la infraestructura básica de funcionamiento estatal, que obviamente afectan principalmente a la población. ¿El problema, entonces, es de gestión?

El resultado político que intenta consolidar esta táctica es igualmente obvio: que las manipuladas matrices sobre “la represión” del Estado sobre “manifestantes pacíficas” en su fase hipersaturada, minimicen y aíslen los planes del chavismo, fomentando así su desconfianza generalizada para crear la masa crítica que necesita todo proyecto de cambio de régimen.

Saben que para tomar el poder necesitan un chavismo desmovilizado, confundido y que desconfíe en su propia dirigencia. Para eso específicamente es que se aplican todas estas tácticas de guerra asimétrica, no convencional e híbrida. Pero también saben, al mismo tiempo, que un chavismo claro en su compromiso histórico, como lo ha demostrado durante más de una década, es garantía de derrota.

Entender la guerra (y sus actores) es el primer paso para ganarla. Un país forjado por heroicos abriles, monumentales sacudones y sabotajes empresariales permanentes, tiene el cuero suficiente para afrontar un momento tan complicado como éste. Nosotros estamos haciendo historia, ellos luchando contra el reloj.

Misión Verdad

 

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