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Foto: Archivo
Familiares de las víctimas de la violencia política perpetrada por la ultraderecha en el país durante los últimos 16 años, así como los de las víctimas de la represión del período 1958-1998, por parte de los gobiernos neoliberales, están unidas en un solo frente para pedir justicia y rechazar la ley que promueve la impunidad, sancionada por la mayoría circunstancial opositora en la Asamblea Nacional (AN).
El señalamiento lo hizo Maithe García, vocera del Comité de Víctimas del Sicariato Campesino, entrevistada este jueves en el programa El Desayuno, de Venezolana de Televisión, a propósito de la marcha que realizará el pueblo este 7 de abril en Caracas, en rechazo a lo que la derecha ha llamado Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional.
«Es una ley de impunidad», aseveró García, quien remarcó que mientras no se haga justicia seguirán movilizados tanto en el país como ante organismos internacionales para dar a conocer la verdad, sus testimonios y sobre todo alertar con respecto a las pretensiones de la derecha de amnistiar a los responsables de los hechos terroristas de 2014 -que dejaron un saldo de 43 personas asesinadas y más de 800 heridas-, a los responsables de la violencia tras los comicios del 14 de abril de 2013, a los autores de los crímenes perpetrados durante el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, los del sabotaje petrolero de 2002-2003 y otras situaciones que quebrantaron la paz en Venezuela.
García recalcó que en reiteradas oportunidades solicitaron ser escuchados ante la AN pero el bloque parlamentario opositor les negó la posibilidad a ellos -los familiares de las víctimas- de dar a conocer su verdad sobre los responsables de los asesinatos, por lo cual aseveró que exigen respeto al dolor de los familiares de las víctimas.
«Nos han sometido a un terrorismo y ellos -la derecha- no se hacen responsables, ni siquiera lo asumen», expresó.
Los familiares de las víctimas de la violencia política de la derecha propusieron la creación de una Comisión por la Justicia y la Verdad que revise cada uno de los casos para promover sus reparaciones, así como solicitaron al presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de una misiva, que no promulgue la ley de impunidad y que la remita al Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie sobre su constitucionalidad.
AVN