Por Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano.

Con razón podemos considerar un gesto “histórico”, el abrazo entre los representantes de la República Bolivariana de Venezuela y los del gobierno colombiano, en la frontera entre los dos países. Una frontera de 2219 kilómetros separa los territorios de ambas naciones, marcados por costumbres y heridas de dos pueblos hermanos, que al libertador Simón Bolívar le hubiera gustado unir en el sueño de una Patria Grande.

Las heridas más recientes son las infligidas al pueblo venezolano por las medidas coercitivas unilaterales, que el gobierno de Iván Duque, principal vasallo de Trump en la región, llevó al extremo, reconociendo a un payaso autoproclamado como Juan Guaidó como “presidente interino” de Venezuela.

El 23 de febrero de 2019, Duque y otros gobernantes neoliberales de la región, bajo la orden de los Estados Unidos, ansiosos de llegar al “cambio de regimen” en Venezuela, también se prestó al intento de invasión a Venezuela, disfrazado de “ayuda humanitaria”.

En quella fecha, los golpistas encabezados por Guaidó intentaron ingresar a los puentes fronterizos que unen el norte de Santander, Colombia, con el Estado Táchira, en Venezuela. Muchos de los protagonistas de la resistencia popular que repelió la agresión con la unión de fuerzas cívicas y militares, empezando por el gobernador del Táchira, Freddy Bernal, estuvieron presentes el 26 en la apertura de la frontera.

Y la entrada de los primeros camiones, coronados por las banderas de los dos países, tuvo un impacto simbólico similar al que causó la bandera de Bolívar, a la que Petro honró al asumir la presidencia el 7 de agosto de 2022.

Al anunciar inmediatamente después la reanudación de las relaciones bilaterales con Venezuela, Petro había definido como «un grave error que no debe repetirse» el cierre de la frontera, decidido en agosto de 2015 por el gobierno bolivariano como medida de protección ante los repetidos intentos desestabilizadores provenientes de Colombia: a través de la infiltración de paramilitares y el uso de la delincuencia a gran escala, tanto en las zonas fronterizas como en las grandes metrópolis venezolanas.

A los repetidos gestos de relajación del gobierno de Maduro y de la diplomacia de paz, Duque respondió declarando «ilegítimo» al gobierno bolivariano y transformando la que alguna vez fue considerada una de las fronteras más vivas y dinámicas de América Latina, en un territorio de confrontación y tráfico ilegal, y entablando el gobierno bolivariano en un trabajo capilar de control y reivindicación.

Para continuar con el proceso de normalización fronteriza y desactivar los mil tráficos ilegales que se beneficiaron del cierre de la frontera, ministros de Defensa de Venezuela y Colombia sostienen encuentros bilaterales, anticipados por la actuación diplomatica del embajador de Venezuela en Bogotá, Félix Plasencia, excanciller. Además, Venezuela ha aceptado volver a ser garante del proceso de paz en Colombia, que Petro ha decidido relanzar con la guerrilla del ELN, cumpliendo una de sus más importantes promesas electorales.

El nuevo embajador de Colombia en Venezuela, el experimentado político Armando Benedetti, exsenador y presidente del Senado, primero cercano a Uribe, luego a Santos y finalmente a Petro, argumentó que la reapertura podría generar un volumen de comercio equivalente a 10 mil millones de dólares, con gran beneficio para los más de 8 millones de colombianos que viven en la frontera. Agregó, sin embargo, que hay que proceder con cautela, porque el desastre que ha provocado la banda del autoproclamado y sus cómplices colombianos ha sido enorme, y se trata de «reconstruir una relación desde cero».

Un ejemplo llamativo es el de la empresa venezolana de fertilizantes Monomeros, que Duque había traspasado ilegalmente a manos de los autoproclamados y que fue arrasada. Ahora, Petro ha entregado la empresa a su legítimo dueño, el pueblo venezolano, pensando en las ventajas que Colombia puede sacar de ella en un contexto de alza de precios por el conflicto en Ucrania.

Ya un primer cargamento con 16.000 toneladas de fertilizantes, que costan $ 900 en el mercado, le costó al gobierno de Petro $ 600: un alivio para las clases populares, que protestaron durante meses contra los aumentos del neoliberal Duque, acostumbrados a gravar a los pobres por dar a los ricos.

La nueva política económica de Petro, impulsada por los exponentes más radicales de su Coalición -el Pacto Histórico- tiende a favorecer la soberanía alimentaria, aliviando a los pequeños agricultores de los costos derivados de la importación de productos, comprados por algunas grandes empresas que tenían el monopolio. La creación de empresas mixtas de igual dignidad con Venezuela, que tiene una gran industria petroquímica, conduciría en cambio a menores costos y una ventaja considerable para los colombianos.

Y, de hecho, las encuestas dicen que el 80% de los ciudadanos saludaron la reapertura de la frontera, por la que ya han pasado, en un solo día, más de 30.000 personas.

“El intercambio y la cooperación entre nuestros pueblos empiezan con buen pie”, dijo Nicolás Maduro, quien calificó la reapertura de la frontera como una jornada “histórica, trascendental”.

Pero el mayor escollo sigue siendo el de las «sanciones», no en vano también denunciadas por Petro en la 77ª Asamblea de la ONU.

“Prefiero mil veces 20.000 médicos cubanos a un solo soldado estadounidense. ¿Y ustedes?”, escribió Petro en un twitter, resumiendo el espíritu de las intervenciones realizadas en la ONU por los gobernantes progresistas de América Latina.