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La Quinta República, desde su nacimiento, en 1999, tiene un protagonista claro: el pueblo venezolano, su reivindicación y defensa; para ello creó una nueva Carta Magna que le garantiza derechos humanos que fueron violados en décadas pasadas. Si la actual Venezuela, tendría un eslogan sería: Estado Democrático y Social, de Derecho y de Justicia.

La batalla no ha sido fácil, pero el camino se ha seguido siempre, a pesar de las maniobras de la derecha que intenta sabotear la democracia venezolana con un arma, la violencia, conocida y evidenciada en planes como el golpe de 2002, La  Salida y los continuos llamados a vandalizar las calles del país, el Gobierno Bolivariano, con el Presidente Nicolás Maduro al frente, continua siendo el defensor y garante de preservar la democracia.

A próposito, Venezuela asiste el próximo martes primero de noviembre a la sede la Organización de Naciones Unidas en la ciudad de Ginebra, Suiza, para cumplir con el Informe Periódico Universal, un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos en el que los 193 Países miembros de las Naciones Unidas interactúan, con el objeto de mejorar la situación de derechos humanos.

De este tema, la República Bolivariana sabe bastante. No sólo es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por un segundo período hasta 2018, sino que cuenta con el respaldo de la mayoría de naciones frente a los ataques principalmente desde el gobierno estadounidense.

También integra la Presidencia de Mercado Común del Sur (Mercosur) y la presidencia del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL). Venezuela forma parte de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos o ALBA-TCP, celebró el embajador permanente de Venezuela en ONU-Ginebra, Jorge Valero, a finales de 2015.

¿Cómo ha luchado el Estado venezolano para garantizar los DDHH frente a las acciones vandálicas de sectores derechistas radicales?

Guarimba (vandalismo callejero)

Tras las detenciones que se produjeron en el país a causa de los hechos violentos ocurridos del 12 de febrero al 30 de junio, ejecución del plan La Salida, promovido por los dirigentes de ultraderecha Leopoldo López, sujeto condenado a 13 años de prisión por los delitos de incendio intencional, instigación pública, daños a la propiedad pública  y asociación para delinquir, y María Corina Machado, donde perdieron la vida 43 venezolanos y 878 resultaron heridos, sólo cuatro de 87 acreditan como estudiantes, afirmó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.

Resaltó que durante el curso de estos hechos violentos en el país el Ministerio Público incautó más de 60 armas de fuego, 1.000 objetos incendiarios y una gran cantidad de C4, sustancia altamente explosiva.

La funcionaria explicó que en medio de las investigaciones se determinó que algunas de las personas detenidas estaban siendo financiadas para atentar contra la institucionalidad como es el caso del presidente de la República, Nicolás Maduro.

Aseveró que no se trata de manifestaciones pacíficas y que, por el contrario, son violentas, dejando como resultado 3.102 personas aprehendidas, con medidas cautelares hay 2.029 y con libertad plena la mayoría de ellos.

“Lo que tenemos frente a nosotros son acciones terroristas”, denunció durante una entrevista en Venezolana de Televisión.

Expresó que el sistema democrático en Venezuela permite que todas las personas que son detenidas tengan facilidades de acudir a sus abogados, tienen asistencia, en su debido proceso.

Refirió que gracias a las garantías que ofrece el Estado, los funcionarios de los organismos de seguridad que han sido detenidos por actuar indebidamente, están siendo sancionados por esta causa.

“Eso no ocurría ni durante la Cuarta República, ni en ninguna parte del mundo donde los funcionarios policiales están cubiertos por un manto de impunidad”, apuntó.

En febrero de 2016, el presidente Maduro, anunció un plan integral de atención en salud, educación, trabajo, vivienda y todas las condiciones de vida de las víctimas directas de las guarimbas y familiares en violaciones de derechos humanos perpetrados por la derecha, durante 2013 y 2014, para que el Estado revolucionario proceda inmediatamente a su resarcimiento y apoyo integral.

Desde el Cuartel San Carlos, en Caracas, donde se desarrolló el Congreso de la Patria, en su capítulo de Movimientos y Activistas de Derechos Humanos, Maduro comentó que se han identificado un primer grupo de 94 víctimas directas e indirectas de las acciones terroristas que ejecutó la derecha durante 2013 y 2014.

Ley de Amnistía

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, sancionada por la Asamblea Nacional, de mayoría derechista, el 29 de marzo de 2016, en virtud de la solicitud planteada por el Presidente de la República mediante escrito del 7 de abril de 2016.

El TSJ destacó que si bien la Asamblea Nacional tiene atribuida la competencia de decretar amnistías, y sin perjuicio de que no se han definido a nivel constitucional o legal mayores límites expresos al alcance de esta institución, esto no significa que el Parlamento pueda vulnerar los principios que inspiran la Constitución, motivo por el cual las amnistías no sólo son leyes que deben seguir el proceso de formación legislativa, sino además responder a distintas limitaciones de orden material vinculadas con el respeto de los derechos humanos, el resguardo de la justicia penal y la debida correspondencia con los fines establecidos en la Carta Magna.

En este sentido, la Sala declaró inconstitucional las disposiciones contenidas en la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, por:

i) la inexistencia de los presupuestos doctrinarios y del orden internacional que fundamentan la justicia transicional; ii) la inclusión de delitos comunes, incluyendo delitos de delincuencia organizada, que no guardan relación con delitos políticos; iii) la violación de los principios constitucionales de legalidad, tipicidad, justicia y responsabilidad en el proceso de formación de las leyes; iv) la inclusión en la amnistía de faltas administrativas que vulneran la defensa del patrimonio público y la lucha contra la corrupción, objeto de tratados internacionales suscritos por la República; v) la violación del principio constitucional de soberanía; y vi) los efectos en la sociedad y el ordenamiento jurídico, al desconocer los derechos de las víctimas, explicó el TSJ en una nota de prensa.
Integrantes del Comité de Víctimas de las Guarimbas y el Golpe continuado, cuyos delitos pretendía perdonar esta ley, entregaron un documento ante la Defensoría del Pueblo en rechazo a la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional impulsada, y aprobada en segunda discusión, por la derecha en la Asamblea Nacional.

Desirée Cabrera, integrante del Comité de Víctimas de las Guarimbas, señaló que quienes en los años 2013 y 2014 llamaron a una salida violenta, hoy diputados electos del Parlamento venezolano, promovieron una “ley de autoperdón”.

El instrumento inconstitucional abarcaba hechos desde 1999, incluyendo el golpe de Estado de 2002 y el paro petrolero de ese mismo año.

Son no menos de 50 delitos, entre ellos: la estafa inmobiliaria, el sabotaje eléctrico, el acaparamiento y la especulación de alimentos y medicinas (incluyendo la venta de productos vencidos), el uso de armas de fuego y de explosivos.

El caso más emblemático que no se restringe en la ley son los delitos cometidos en las “guarimbas” o protestas violentas de 2014 donde 43 personas murieron.

Reiteró su rechazo a esta ley por considerar que vulnera el derecho a la justicia y a la verdad de los venezolanos, además de cuestionar los mecanismos adoptados para su expedita aprobación, sin tomar en cuenta las víctimas y los organismos del Estado. “Los victimarios hoy los hacen ver como las víctimas y las víctimas como los victimarios”.

Golpe de Estado

Leopoldo López, actor principalísimo del Golpe de Estado en contra del Comandante Hugo Chávez Frías, en 2002, fue amnistiado por él mismo, en 2007, un magnánimo gesto destinado al fomento de la paz y la confraternidad entre los venezolanos en defensa de los derechos humanos.

“El Estado venezolano ha actuado siempre en pro de la protección de la vida, del derecho a la manifestación pacífica y de la integridad física de las personas, respetando los derechos humanos y la Constitución. Las instituciones garantizan el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos a todos sus ciudadanos, conforme a las libertades consagradas constitucionalmente”, indicó el embajador Jorge Valero, en un documento entregado en ONU-Ginebra, según informó en 2013 el canciller de entonces, Elías Jaua.

“La mayor garantía a los derechos humanos del pueblo venezolano es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Estado venezolano de derecho y de justicia que estamos construyendo”, enfatizó, y destacó que el Poder Ciudadano ha ejercido acciones impensables en el pasado contra miembros de organismos de seguridad del Estado, civiles y militares que han violado los derechos humanos.

El paro petrolero de diciembre de 2002 fue un crimen de lesa humanidad. Se violó el derecho al trabajo de la gente, se coartó el libre tránsito, se cerraron los centros comerciales de forma arbitraria; los servicios bancarios y mucha actividad manufacturera, como la producción de alimentos, fue paralizada por decisión de los patronos de las empresas.

El viernes 12 de abril de ese año, la mayoría de los venezolanos se despertaron sobresaltados al conocer que, desde tempranas horas de la mañana, varios medios de comunicación presentaron a Pedro Carmona Estanga, presidente del momento de Fedecámaras (Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela) y cabecilla del golpe de Estado, como nuevo jefe de Estado.

Ese mismo día, pero del año 2016, el presidente de la República, Nicolás Maduro, encabezó la instalación de la Comisión de la Verdad, la Justicia y Reparación de las Víctimas, que nació con el objetivo de reconocer, proteger y atender integralmente a las víctimas de violación de derechos humanos en 17 años de Revolución Bolivariana.

El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, informó que los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá) acompañarán el trabajo de la Comisión de la Verdad.

El jefe de Estado designó al vicepresidente Ejecutivo, Aristóbulo Istúriz, jefe de la Comisión de la Verdad, mientras que Larry Davoe, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, fue designado secretario ejecutivo permanente. También contará con los aportes de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, el constitucionalista Hermán Escarrá, la canciller de la República, Delcy Rodríguez, y miembros del Comité de Víctimas.

“Hemos venido hoy a activar la ruta de la Comisión por la Verdad y la Justicia, que es un proyecto que en varios momentos se ha enarbolado como instrumento para buscar los caminos del respeto al derecho, a la vida, a la democracia y a los caminos de la paz”, declaró, desde el Palacio de Miraflores, en Caracas.

Esta instancia tendrá como objetivo central la búsqueda de la justicia, la reparación de las víctimas, así como la garantía de la no repetición de golpes de Estado, guarimbas y atentados contra la estabilidad del país.

Fuentes: Aporrea / Correo del Orinoco / Embajada de Venezuela en la ONU