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Foto: Misión Verdad
Uno de estos casos icónicos e históricos es Henry Ramos Allup, actual presidente de una Asamblea Nacional que se dio un autogolpe el pasado 28 de julio, forzando su propia barra de legalidad como poder público. Hoy representa un poder que decidió ilegalizar sus propias decisiones y que opta por el choque frontal contra el chavismo.
Pero el tipo de cordón umbilical que ata a Henry Ramos Allup a intereses empresariales concretos y franjas de acumulación difiere tanto en el caso de Leopoldo López –arraigado a Empresas Polar y negocios con empresas extranjeras–, como en el de Henrique Capriles Radonski– representante de Kraft Foods y del negocio de la abogacía privada en el mundo financiero, por tan sólo colocar dos ejemplos de actores políticos que tienen el mismo peso y categoría sobre el cuadrilátero.
Henry Ramos Allup representa, en cambio, a uno de los sectores económicos que durante la Cuarta estuvo más ligado a la corrupción estatal, al tráfico de influencias y sobornos, a la entrega de prebendas y a la concesión de privilegios, no por alguna falla de tipo moral, sino por las enormes tasas de plusvalía que genera: las contratistas privadas de la construcción.
Contratos para obras públicas entre políticos y sus empresas, licitaciones para construcción de complejos turísticos y habitacionales para la clase media y el apoyo financiero para el negocio inmobiliario privado durante la Cuarta, hicieron a este sector dueño de buena parte del Estado y sobre todo del qué, cómo, cuándo y a qué precio debía constituirse la infraestructura comercial y de hábitat para una Venezuela deformada y útil al capital transnacional. Al controlar los recursos financieros controlaban también las decisiones políticas en torno a la construcción.
Prácticas recurrentes de clientelismo y el tráfico de influencias e intereses son tan sólo métodos para una relación (Estado-contratistas privadas) pensada y diseñada para saquear al país a través del Estado. Y Henry Ramos Allup representa la versión más caricaturesca de ese robo.
Pero más sabe el diablo por viejo que por adeco. Los cuatro periodos (20 años) que tuvo como diputado también los vivió como presidente de la Comisión de Obras Públicas y Servicios del extinto Congreso Nacional. Ahí donde se movía la plata, las comisiones y los contratos con las contratistas privadas del sector, desde su recomendación al poder ejecutivo (independientemente de cuál bipartido estuviera de turno) hasta el seguimiento, control y fiscalización de las obras.
Henry Ramos Allup contrajo matrimonio con Diana D’Agostino, hija de Franco D’Agostino: importante empresario que fundó en 1971 Dayco Construcciones (hoy Grupo Icon, mismo dueños) y fuertemente relacionado con Pedro Tinoco cuando se encontraba en la cúspide el Banco Latino. Dayco Construcciones se caracterizó por ser una de las principales contratistas del Estado venezolano hasta tal punto que se asumió durante bastante tiempo en la opinión pública que detrás de cada contrato de Dayco estaba «un empujoncito» de Ramos Allup desde el Congreso.
Según el relato mediático instalado por los medios hegemónicos, beneficiar a tu suegro con contratos públicos del Estado para cobrar una comisión no es un acto de corrupción, sino una muestra total y absoluta de lo muy comprometido que estaban por el país. Ramos Allup convirtió su representación política durante la Cuarta República en una oportunidad para hacer negocios y cobrar comisiones para beneficiarse él y su familia en perjuicio del país.
Hoy con sus últimos alaridos de ancianidad, busca ansiosamente culminar su carrera política con broche de cemento y cabilla: terminar de entregarle el país a la mafia constructora y financiera con la que contrajo matrimonio político y económico desde los años 80. Los D’Agostino llegaron a Venezuela después de que cayera el régimen fascista y encontraron en Ramos Allup su llave a la bóveda de los recursos públicos gracias a los encantos de una de sus hijas.
Ramos Allup defendió a capa y espada sus conexiones familiares y empresariales en varias oportunidades, su írrito derecho de saquear a la nación. El ex periodista de RCTV, Noé Pernía, denunció en un informe para el Congreso Invecom que Ramos Allup saboteó los trabajos de construcción en la carretera Caracas-La Guaira porque ese contrato no favorecía a su suegro y esposa, que también trabajó para el quebrado Banco Latino.
Eladio Lárez, casado con la hermana de Diana D’Agostino y presidente de RCTV para la época, puso las baterías mediáticas de ese canal a favor de que la obra no finalizara. Familia que roba unida, se mantiene unida.
Ramos Allup es un hijo adoptado que debe seguirse ganando su curul dentro de la mafia de los D’Agostino. Su último aliento de vida se lo regala a ese anhelado futuro de reparto de comisiones y las coimas corruptas que lo vieron nacer como político.
Misión Verdad