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La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró como constitucional el Decreto de Emergencia Económica, presentado el pasado viernes por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para hacer frente a la coyuntura que vive al país producto de la baja de los precios de venta del barril del petróleo, que afecta los ingresos en divisas de la nación, y a la guerra no convencional que promueve la derecha para afectar la economía y perjudicar al pueblo.
De acuerdo al TSJ el decreto «atiende de forma prioritaria aspectos de seguridad económica, que encuentran razón, además, en el contexto económico latinoamericano y global actual, y resulta proporcional, pertinente, útil y necesario para el ejercicio y desarrollo integral del derecho constitucional a la protección social por parte del Estado», refiere una nota de prensa del máximo ente judicial.
El decreto se encuentra de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su ordenamiento jurídico, por un lapso de 60 días, y fue publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.214 Extraordinario, del 14 de enero de 2016.
Durante el proceso de verificación la Sala Constitucional constató que se respetan los extremos de necesidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas de excepción decretadas, y que el decreto resguarda y no implica restricción de aquellos derechos cuyas garantías no pueden ser limitadas, cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 337 de la Carta Magna y con el 7 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.
Asimismo, el decreto cumple con los tratados internacionales sobre derechos humanos válidamente suscritos y ratificados por la República, y por la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.
El Decreto de Emergencia Económica dictado por el Ejecutivo tiene como objetivo fundamental proteger los derechos de salud, vivienda, educación y alimentación de todos los venezolanos y garantizar su progresividad en un escenario de baja de 70% en los precios del petróleo, principal puerta de divisas para el país y lo que controla la economía a raíz del rentismo petrolero heredado de los gobiernos de la IV República, que se agrava con la ola especulativa y de inflación inducida provocada por sectores del comercio y la industria vinculados a partidos políticos de derecha.