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En 2013 las autoridades venezolanas detuvieron el barco Teknik Perdana con cinco ciudadanos estadounidenses a bordo. El buque llevaba a cabo una exploración en aguas disputadas por Venezuela y Guyana. El barco detenido era de exploración petrolera y operada por la compañía estadounidense Anadarko Petroleum Corp. Navegaba cerca de la isla de Margarita, realizando actividades de «sísmica», que no es otra cosa que la exploración y cuantificación de recursos hidrocarburos. Las autoridades venezolanas justificaron sus acciones diciendo que el buque detenido había entrado en nuestras aguas territoriales sin nuestro permiso.

El gobierno de Guyana acusó a la Armada venezolana de detener en sus aguas al barco y calificó el incidente de «amenaza para la paz» en la región. La cancillería guyanesa «condenó enérgicamente» el suceso ocurrido en aguas disputadas entre ambos países sudamericanos. Caracas rechazó a su vez las acusaciones de Guyana de que una de sus patrullas hiciera una detención en aguas guyanesas y, al contrario, le pidió una «explicación satisfactoria» al gobierno vecino por permitir el tránsito de embarcaciones en las que consideran aguas de su Zona Económica Exclusiva.

Este evento fue referencia a lo que ha sido un giro en la política de Guyana, que ahora se apresta al aprovechamiento de recursos en territorios y aguas que los venezolanos consideramos como nuestros, despojados de nuestro país por Reino Unido mediante el Laudo Arbitral de París en 1899.

Los recursos en la Guayana Esequiba

Según una publicación en el sitio web del Departamento de Estado de Estados Unidos, con actualización en febrero de este año, se reseña la existencia de una cuenca petrolera conjunta Guyana-Surinam, la cual tiene, según cifras aportadas por The United States Geological Survey (Servicio de Geología de Estados Unidos; Usgs, por sus siglas en inglés), el potencial de ser «la segunda reserva en cuencas inexploradas del mundo» sobre la estimación (hasta la fecha) de unas reservas probables de «15 mil millones de reservas de petróleo recuperable y unos 42 billones de pies cúbicos de gas». No se especifica, al menos en esta fuente, si tales reservas se encuentran concentradas en aguas o en tierra firme.

EEUU, por medio de su «cabeza de playa» Exxon Mobil, y de la mano del nuevo gobierno de Guyana, dirigido por David Arthur Granger (un general retirado formado en Reino Unido y con cursos en EEUU), asumen la tarea concreta de explotar las aguas en reclamación, enmarcando tales actividades en la política estratégica energética norteamericana.

Según lo señalado desde el Departamento de Estado Norteamericano, existe una colaboración activa entre Guyana y EEUU para tales fines. De acuerdo al plan de trabajo del Energy Governance and Capacity Initiative (Egci) –una instancia para el abordaje de la política energética transnacional norteamericana–, Guyana y EEUU han desarrollado un plan de trabajo que consiste en el ofrecimiento del gobierno de Estados Unidos «de una amplia gama de asistencia técnica y creación de capacidad para Guyana, la cual busca desarrollar regímenes financieros y regulatorios a los fines de solucionar problemas de capacidad de dirección que maximicen el potencial de desarrollo de los recursos potenciales de petróleo y gas en alta mar».

Dicho de otra manera, se trata de una política del gobierno de Estados Unidos la explotación y transnacionalización sistemática del Esequibo, prestando todos los recursos financieros y técnicos para eso. Pero esta situación comprende complejidades de mayor amplitud. La disputa global por los recursos naturales es uno de los elementos más significativos de la dinámica del capitalismo contemporáneo y de su lógica de acumulación. América del Sur es un espacio importante de esta disputa por la dimensión de las reservas de recursos estratégicos que posee y por su condición histórica de ser una región exportadora de materias primas. Guyana no escapa a esta realidad.

Guyana entra al concierto de naciones como país «poseedor de hidrocarburos», articulándose de manera concreta con la política estratégica norteamericana de abordaje y control de materias primas y energía, previsto así en su «National Security Estrategic Plan 2012» que proyecta a EEUU como centro de poder sobre las fuentes fundamentales a escala planetaria. Sólo en el aspecto de los hidrocarburos Guyana pasa a ser un elemento de particular interés norteamericano, descontándose con esta afirmación las posibilidades de aprovechamiento por parte de EEUU de los recursos minerales estratégicos que también se encuentran en el Esequibo, como el coltán, el uranio y el oro, cuyos volúmenes en la región no han sido determinados pública y transparentemente.

La transnacionalización y ocupación del Esequibo

Guyana delega a una potencia y a una corporación extraterritorial la explotación de recursos en disputa con Venezuela, y esto reviste una importante polémica dadas sus inconsistencias legales. En 1966, Venezuela y Guyana firmaron el Acuerdo de Ginebra, único acuerdo vigente que rige la negociación binacional sobre los territorios en reclamación. El Acuerdo de Ginebra es un acuerdo transitorio para llegar a una solución definitiva, muchos lo definen como «un acuerdo para llegar a un acuerdo», y aunque invalida el laudo de 1899, se mantiene el statu quo que de él derivó. Por lo tanto, el área en reclamación por Venezuela se encuentra bajo la autoridad del gobierno de Guyana hasta que no se resuelva algo diferente conforme al Tratado. Sobre esta interpretación, Guyana justifica la legalidad de la explotación de recursos en las aguas y tierras en disputa.

Pero por otro lado, el mismo Acuerdo de Ginebra dispone la creación de una Comisión Mixta binacional, que en estos momentos se encuentra desactivada. Guyana ha tenido mucho que ver en la inexistencia de dicha comisión actualmente, dado que ella ejecuta un marco de decisiones y competencias que contravienen el interés de Guyana de explotar recursos naturales en la zona en reclamación.

Una de las competencias fundamentales de dicha Comisión es la de activar lo dispuesto en el artículo V, numeral 2, del acuerdo vigente, el cual se hace referencia a la creación de «derechos de soberanía en dichos territorios». La explotación de recursos en un territorio sería, por cuestiones del derecho internacional comparado, un ejercicio del «derecho a la soberanía». Sin una Comisión Mixta que autorice tales actos, la explotación de recursos en el Esequibo es espúrea. La Comisión Mixta refrendaría las decisiones acordadas con la firma de los mandatarios de ambos países.

EEUU por medio de Exxon Mobil asume el aprovechamiento de mares y recursos en disputa. Sobre la vulneración de la soberanía venezolana y de la integridad territorial de Venezuela, Mónica Bruckmann explica las cuestiones de fondo en una de sus publicaciones sobre recursos naturales y geopolítica: «La disputa global por los recursos naturales y su gestión económica y científica, abre un amplio campo de intereses en conflicto en la región evidenciando, por lo menos, dos proyectos en choque: la afirmación de la soberanía como base para el desarrollo nacional e integración regional y la reorganización de los intereses hegemónicos de Estados Unidos en el continente».

El reacomodo de EEUU en Sudamérica se produce ahora afianzando su «Área de Seguridad Energética», ahora proyectándose hacia el atlántico venezolano, pues las aguas en las que Exxon realiza labores han sido decretadas como áreas de Defensa Integral Marítima Atlántica de Venezuela, según decreto publicado el pasado 27 de mayo, emitido por el Gobierno venezolano como respuesta equivalente a la disposición de Guyana de aprovechar recursos en disputa.

Pero la complejidad de esta situación comprende también las particularidades de Exxon Mobil en su abordaje y posicionamiento financiero, logístico, tecnológico y operacional en las aguas venezolanas violentadas. Exxon es una transnacional mundialmente conocida por operar en territorios ocupados, en disputa o en guerra civil. Mientras en Irak, Saddam Hussein era perseguido para ser capturado y ejecutado, Exxon ya colocaba sus activos para desarrollar operaciones de la mano de Halliburton. En Libia son acusados de prestar apoyo operacional y mantener colaboración con mercenarios que hoy controlan las instalaciones petroleras de dicho país. Las denuncias son incontables.

Exxon suele realizar operaciones acompañándose de un «componente de seguridad». Un eufemismo para lo que es poner en el terreno a fuerzas mercenarias paramilitares. Esto apunta a la enorme posibilidad de la colocación de fuerzas paramilitares extraterritoriales en las aguas venezolanas ocupadas y en los puntos de apoyo en tierra.

Por otro lado, como suele pasar en los acuerdos macropetroleros que EEUU realiza con los países poseedores del crudo, casi toda explotación de cuencas vírgenes (como es el caso de las aguas del Esequibo) implica la expansión y prolongación de las áreas de explotación. Esto infiere la posibilidad del desarrollo de nuevas áreas de exploración y posterior explotación en tierra firme en un corto plazo, vale decir, en las áreas de tierra firme de la zona en reclamación. Si Exxon amplía sus capacidades logísticas en el terreno, así lo hará su componente de seguridad, lo cual constituiría de hecho la abierta ocupación paramilitar norteamericana del Esequibo.

Casi todos los acuerdos petroleros desarrollados por EEUU traen consigo el componente militar. Es decir, estamos ante la probabilidad no sólo de la ocupación paramilitar y transnacionalización del Esequibo, sino también de su ocupación por fuerzas convencionales norteamericanas.

La política estratégica de seguridad norteamericana prevista en su «National Estrategic Security Plan 2012» supone la «protección» y «aseguramiento» de los activos de EEUU a escala intercontinental. El mencionado plan consiste en un manual a ejecutarse a nivel global, que señala la atribución de EEUU de actuar en favor de la protección de los bienes y personas públicos y privados estadounidenses en todo el mundo contra cualquier amenaza declarada o súbita. Bajo esta legislación EEUU actúa violando aguas territoriales en todo el mundo. Así actúan en el Cuerno de África contra la piratería somalí, con el frecuente empleo de la fuerza si uno de sus activos se ve comprometido.

Dicho de otra manera: si Venezuela vuelve a detener alguna embarcación gringa en nuestra Área de Seguridad Integral Marítima Atlántica que pretenda extraer recursos, la armada norteamericana se asume legalmente facultada para actuar con el uso de la fuerza. Y he ahí la cuestión de fondo: un escenario bélico es más probable con el propio EEUU que con la misma Guyana, la cual carece por sí sola de ciertos activos militares para ocupar y asegurar palmo a palmo las aguas en disputa.

Otra cuestión a considerar es la probable expansión de las áreas de aprovechamiento ilícito de los recursos del Esequibo, hasta las cercanías del río Esequibo, la línea de demarcación natural fundamental que delimita los territorios en disputa. Es muy probable que esto suceda con la colocación del componente paramilitar y con la colocación de elementos de las fuerzas regulares norteamericanas, léase bien, con bases militares a tres minutos de vuelo hasta Ciudad Bolívar y a 20 minutos hasta Caracas. Nos referimos al escenario de flanquear a Venezuela por el Atlántico y por el oriente venezolano, con el empleo de nuestro Esequibo como portaviones y base de operaciones con proyección a las áreas de aseguramiento energético venezolano, como la Faja Petrolífera del Orinoco.

En un preámbulo belicista de ocupación y usurpación de nuestros territorios, en Venezuela asumimos tomar las armas de la política, la razón y la historia a cuestas. Pero la situación está cambiando, nos quieren hacer «pisar el peine» de la guerra. También otra cosa es cierta: no son estos tiempos aquellos en los que Andrés Eloy Blanco señaló que habíamos perdido una quinta parte de nuestro territorio «sin disparar un solo tiro».

Misión Verdad