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En el marco de este anuncio, informó la creación de una comisión presidencial, dirigida por el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, para el refinanciamiento y la reestructuración global de todos los pagos externos de Venezuela, que funcionará a partir de este viernes 3 de noviembre. La medida no es del todo sorpresiva. Ya el Gobierno venezolano venía trabajando en diálogo con la Federación de Rusia, y fue publicado por Forbes el anuncio de un acuerdo saludable entre ambas partes para la reestructuración de la deuda con ese país.

En este sentido y con propósitos fundamentalmente analíticos sobre el caso, es necesaria la aclaratoria: ¿Es la apertura de un proceso de reestructuración de deuda la declaración de un default? En realidad, los procesos de reestructuración de deuda se efectúan como mecanismos alternos precisamente para no caer en default o impago de deuda. Es un mecanismo empleado por los países o por cualquier instancia financiera o empresa, para mejorar las condiciones de pago de los respectivos compromisos y se realizan a favor de la instancia deudora.

El anuncio del Presidente se hace en medio de la divulgación del pago del bono PDVSA 2017, con valor de unos 1.121 millones de dólares y se trata de la última amortización de estos papeles de deuda a nombre de la estatal corazón de la economía venezolana. Este pago es la segunda gran prueba a la capacidad de pago de Pdvsa en menos de una semana, luego de que el pasado viernes empezara a transferir 842 millones de dólares para la cancelación parcial de su bono 2020. A esas obligaciones hay que sumar los intereses, que tienen 30 días de gracia: 143,1 millones de dólares (Bono PDVSA 2017) y 47,6 millones (del Bono PDVSA 2020).

Estos severos compromisos de deuda que se están saldando este año, vienen acompañados de la proyección de unos 8 mil millones de dólares en compromisos previstos para el 2018 y que ahora pasarán a reestructuración.

¿Por qué reestructurar?

El presidente Maduro ha sido enfático en sucesivas oportunidades en señalar las consecuencias de las sanciones de Donald Trump sobre la economía venezolana, una vez que la orden ejecutiva de la Casa Blanca del 25 de agosto ordena al Departamento del Tesoro, operar para que ninguna persona, ente financiero o empresa, relacionada directamente o indirectamente con EEUU, haga cualquier tipo de operación con nueva deuda emitida por el Estado venezolano o PDVSA.

La consecuencia para el sistema de financiamiento del país es que se cierran las posibilidades para emitir y negociar de manera óptima nueva deuda que, como es usual, sirva para cubrir compromisos en papeles de deuda emitidos con anterioridad. Son medidas que, como se dijo en su momento, apostaron al default de la economía venezolana.

Donald Trump terminó afectando a los tenedores de deuda venezolana, ahora que Venezuela se encuentra con dificultades para oxigenar su economía por medio de nuevos recursos de financiamiento.

Las sanciones de Trump, vienen precedidas además de un ciclo de sólido cumplimiento de Venezuela y PDVSA en sus compromisos de deuda. Eso sí, a expensas de un importante sacrificio en la economía interna, al prescindir de un importante grupo de importaciones fundamentales para la economía venezolana. Eso hace ahora el proceso de reestructuración iniciado por el Ejecutivo venezolano, una acción de respuesta financiera como mecanismo para proteger la economía nacional ahora frente a estas nuevas condiciones de cerco y asfixia.

Maduro busca reestructurar la deuda facultado en sus atribuciones en defensa de la soberanía y en favor de la estabilidad financiera de Venezuela. Evitar el default ha sido una premisa clara del chavismo en el gobierno y esta se ha distanciado de otros momentos de la economía venezolana en la era anterior del chavismo, cuando la República tuvo que acudir a severos mecanismos de endeudamiento frente al Fondo Monetario Internacional para poder cumplir sus compromisos, generando paquetazos neoliberales de asfixia a la población. Estas diferencias de estilo son sumamente importantes.

Por otro lado en los últimos dos años Venezuela ha saldado másde 65 mil millones de dólares de deuda, en medio de un ciclo de caída en los precios del petróleo. Esto le da a la medida de reestructuración una cualidad de sensatez económica.

Las medidas de reestructuración de deuda por parte de Venezuela están sujetas a derecho dentro de la Constitución Bolivariana, reseñado claramente en el artículo 236 de la carta magna como atribuciones del Presidente de la República en el numeral 12 donde se lee que el mandatario se encuentra facultado para «negociar los empréstitos nacionales».

No obstante también hay un marco jurídico internacional que coloca a Venezuela en total facultad de proceder en este sentido. El 10 de septiembre de 2015 la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución por la que establecieron principios básicos a tener en cuenta en procesos de reestructuración de deuda soberana y en ella se subrayó que acreedores y deudores deben actuar de buena fe y cooperar para llegar a un acuerdo consensuado.

El texto, considerado como «histórico» en su momento se efectuó en medio del debate generado por el asedio que sufrieron las finanzas argentinas, a cargo de fondos buitres que intentaron servirse de la soberanía de ese país a expensas de procesos fraudulentos y especulativos.

Esta resolución incluye nueve principios, entre ellos el derecho que tiene un Estado en elaborar su política macroeconómica, incluida la reestructuración de su deuda. Señala también que acreedores y deudores deben llevar a cabo negociaciones constructivas con el propósito de concluir el proceso de reestructuración lo antes posible y con transparencia.

Algunas primeras derivaciones del proceso de reestructuración

Tal como lo anunció el Presidente Maduro apenas horas de conocerse la noticia de las sanciones financieras de Trump, se debe aperturar ahora un proceso de negociación con los tenedores de bonos venezolanos. Por iniciativa del Ejecutivo, este debe apuntar a suavizar las condiciones de pago.

Las posibilidades de acuerdos satisfactorios para las partes son altas, entendiendo que sobre este ítem es determinante el historial de pagos de Venezuela. También el precedente del canje del 52% de los bonos Pdvsa 2017 que se realizó exitosamente durante el año pasado, el cual dio cuenta de la confianza de los bonistas, una vez que aceptaran nuevas garantías para extender el plazo de pago de los bonos canjeados (el 52% de ellos) hasta el año 2020.

Pero no hay que perder de vista la posibilidad de variables políticas que puedan interferir en este proceso. Es decir, el marco político sobre el cual transcurre este reacomodo de las finanzas venezolanas está claramente intervenido por las sanciones de la Casa Blanca y la acción claramente determinada de muchos agentes económicos en sofocar a Venezuela. Lo que quiere decir que este proceso podría ser difícil y varios factores capitales buitre pueden fijar una postura de rechazo a la reestructuración. No está demás afirmar que Venezuela es un factor de pugna geopolítica y ninguna de estas situaciones se encuentran fuera del tablero.

En esencia esta medida financiera apunta a no precarizar más la economía interna para favorecer las reacciones espculativas que se ciernen sobre el mercado de bonos que, en el caso de la deuda venezolana, se han signado injustificadamente por las tasas sobredimensionadas de riesgo-país, sin que Venezuela haya roto alguno de sus compromisos financieros. Es decir, para recuperar el tejido económico interno el directorio económico del chavismo apuesta a una preservación mucho más rigurosa de los modestos ingresos petroleros que seguirán en esa tendencia el año próximo.

Los elementos subyacentes a este nuevo momento de la economía venezolana en coyuntura y en una situación-conflicto de asedio, están por definirse.

Franco Vielma

Misión Verdad