Desde 2015, año en el que se cataloga a Venezuela como una «amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de EEUU», el país y su sistema financiero ha sido víctima de una feroz guerra financiera por parte del Departamento del Tesoro y de grandes instituciones bancarias.

En el año 2016 el banco Citibank, filial del poderoso Citigroup, decidió de forma unilateral cerrar las cuentas del Banco Central y Banco de Venezuela para limitar los pagos de deuda externa y la importación de bienes básicos del país, aludiendo al «riesgo» que representaba operar en Venezuela.

Las mismas calificadoras de riesgo (Standard and Poor’s, Moody’s y Fitch) que provocaron la crisis financiera mundial de 2008 por manipular los bonossubprime, han sido actores claves detrás de estos ataques financieros al calificar a la deuda venezolana como «basura», omitiendo la cancelación efectiva y oportuna de los compromisos contraídos por el país.

60 mil millones de dólares en los últimos dos años ha pagado Venezuela a sus acreedores internacionales, según información del presidente Nicolás Maduro.

Por otra parte los bancos JP Morgan (EEUU) y Deutsche Bank (Alemania), líderes globales en la creación de primas de riesgo país, participan dentro del esquema de guerra financiera adulterando sin sustento económico sus índices sobre Venezuela, afectando sensiblemente la credibilidad financiera del país y la recepción de inversión extranjera.

Esas acciones de bloqueo financiero no declarado consiguieron su punto clímax en agosto del año 2017 con la Orden Ejecutiva de Donald Trump, con la cual no sólo se cerró definitivamente el mercado de deuda estadounidense a Pdvsa, sino el margen de maniobra para lograr futuras reestructuraciones de sus instrumentos financieros.

Sin embargo, tras bastidores y extralimitando el propio alcance de las sanciones, el país ha sufrido graves ataques hacia áreas sensibles de su economía en los últimas semanas. Una demostración fehaciente de que el Departamento del Tesoro presiona financieramente bajo cuerdas a agentes bancarios y financieros relacionados con Venezuela para boicotear sus operaciones de importación de bienes básicos y pago de deuda.

La siguiente infografía ejemplifica cuáles han sido los sectores e insumos más afectados

¿Cómo impactan las sanciones la vida económica y financiera del país? pic.twitter.com/KPiJC4mMm8

— Misión Verdad (@Mision_Verdad) 20 de septiembre de 2017

Un día después de que Donald Trump presentara su discurso ante la Asamblea General de la ONU, donde dedicó varios minutos a Venezuela para amenazarla «con nuevas acciones», la Red Contra Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), agencia adscrita al Departamento del Tesoro, emitió un alerta sobre «corrupción generalizada en Venezuela».

Esta medida impone a los operadores financieros y comerciales ligados al país un conjunto de medidas de fiscalización y supervisión con respecto a la «procedencia de los fondos» que pudieran «vincular» al sistema financiero estadounidense con fondos corruptos de origen venezolano.

Asdrúbal Oliveros, analista económico de clara tendencia opositora, afirma que estas últimas acciones han perjudicado el sistema de pago externo de Venezuela.

El bloqueo de los medios de pago internacionales de los organismos públicos es bien serio… El impacto de las sanciones es significativo

— Asdrubal R. Oliveros (@aroliveros) 21 de septiembre de 2017

La narrativa de «narcoestado» desarrollada contra Venezuela, ante este nuevo acto de guerra financiero, ha dejado de ser un simple discurso esbozado por medios y tanques de pensamiento para transformarse en la base operativa para una estrategia de persecución financiera contra los pagos de Venezuela.

Producto de la caída de los precios del petróleo, la manipulación del tipo de cambio por agentes económicos exógenos y las sanciones que limitan el financiamiento externo, a Venezuela se le ha complicado sensiblemente su capacidad de importación de insumos básicos como alimentos, medicinas y aditivos para la industria petrolera, urgentes para satisfacer las necesidades de la población.

Justamente estas acciones están dirigidas a asfixiar ese ya estrecho margen de maniobra para importar y refinanciar la deuda, en un momento económico altamente complicado imponiendo retrasos en los pagos de importación y deuda, a lo que se suma el bloqueo en las líneas de crédito para afectar las ganancias de Citgo y Pdvsa.

En términos generales, esta persecución financiera busca desestabilizar la economía en su conjunto al limitar la oferta de bienes básicos (alimentos, medicinas, etc.) para agudizar el cuadro inflacionario, afectando gravemente el valor del bolívar y la capacidad de compra de la población.

Sobre el problema de distribución de gasolina en algunos estados del país, el presidente de la estatal petrolera venezolana Pdvsa, Eulogio del Pino, afirmó que un buque con aditivos esenciales para la producción de gasolina no ha llegado al país «porque comienzan las oficinas de fiscalización norteamericana a chequear procedencia», refiriéndose directamente a cómo las sanciones estadounidensesretrasan los pagos internacionales de la empresa.

Pdvsa y el Banco Central de Venezuela tienen previsto cancelar, entre septiembre, octubre y noviembre, aproximadamente 3 mil millones de dólares en conceptos de intereses y vencimientos de deuda externa.
La alerta emitida por el Departamento del Tesoro parece intentar limitar la capacidad de pago del país para fabricar un evento de impago o default en las próximas semanas, con el cual lograrían el secuestro de activos externos de Pdvsa, y en consecuencia, de sus ingresos por venta de crudo, para empeorar y cobrar políticamente el agravamiento de la situación económica venezolana.

Con una oposición interna fracturada políticamente y sin capacidad de derrocar al Gobierno constitucional de Venezuela en el corto plazo, el camino elegido por la Administración Trump es el del golpe financiero transnacional, directo al corazón de la economía venezolana para afectar a la población en su conjunto.

Estas presiones también tienen olor a venganza producto de la ampliación de relaciones económicas, políticas y financieras del país con Rusia, China e Irán, rivales sensibles en la arena geopolítica, así como por la decisión del presidente Nicolás Maduro de cotizar el petróleo en yuanes e iniciar un proceso de desdolarización.

Misión Verdad